¿Influye el lugar de residencia en el riesgo de exclusión social?
Por Vicente Castelló. Los salarios explican una parte de la divergencia entre regiones, pero hay más factores clave para la reforma de la financiación
El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 26,5% de la población residente en España en 2023, es decir, unos 12,8 millones de personas. Este indicador social recoge el número de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente anual está por debajo del umbral de pobreza. Según se desprende de la última encuesta de condiciones de vida (ECV), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, estas cifras no son homogéneas y confirman importantes desigualdades territoriales en términos de exclusión social. Existe una elevada dispersión y variabilidad entre autonomías. Así, Canarias (33,8%) duplica la tasa de riesgo de pobreza de País Vasco (15,5%), una de las tasas más bajas, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles pueden ser los motivos de las diferencias territoriales de la exclusión social?
Para responder a esta pregunta hay que considerar que nos encontramos ante un fenómeno complejo con múltiples implicaciones a todos los niveles, a menudo fuertemente interrelacionados y, por lo tanto, hay que atacarlo desde varios frentes. Uno de los factores más frecuentes que explica esta situación es la especialización productiva de las economías por sectores de actividad, en las comunidades autónomas, debido a tener una gran influencia sobre su nivel de empleo y, como resultado, el salarial.
Si analizamos la estructura sectorial del empleo observaremos que los ocupados por rama de actividad son uno de los factores fundamentales que determinan el nivel salarial y que explica las diferencias territoriales. Así, las personas ocupadas en el sector manufacturero representan en Canarias el 3%, en proporción al empleo total, y por contrapartida, los empleados en el sector turístico constituyen un porcentaje importante del total de ocupación (26%). En el lado opuesto, en el País Vasco, ocurre lo contrario. El peso del sector turístico es inferior (9,3%), lo que se traduce en una menor dependencia en el empleo, mientras que el sector manufacturero (17,2%) tiene una alta relevancia.
Según la encuesta de población activa (EPA), los salarios medios mensuales brutos por rama de actividad para 2022 fueron de casi el doble para la industria manufacturera (2.365 euros mensuales) en comparación con el sector de hostelería (1.390 euros), uno de los salarios más bajos.
Como consecuencia de las retribuciones, se observa una dispersión en las rentas percibidas, sobre todo en aquellas comunidades por su especialización en el sector industrial o servicios de alto valor añadido. Así, en el País Vasco, el salario medio fue de 2.545 euros brutos mensuales en 2022 (20% superior a la media nacional). En el lado opuesto se situó Canarias, con un nivel salarial medio muy inferior (1.869 euros), equivalente al 88% de la media salarial nacional. Por lo tanto, Canarias tiene un mayor número de empleos con bajos salarios, de los cuales los más frecuentes son los empleos en restauración.
En este contexto, el desempleo también contribuye a marcar diferencias. En 2023, el País Vasco fue la comunidad con menor tasa de paro (6,3%) mientras que Canarias alcanzó una tasa muy superior (16,3%).
Todo ello influye en los datos de renta media por persona en 2022. Así, el País Vasco alcanza la cifra de 18.189 euros (29% superior a la media nacional), mientras que Canarias se sitúa en 12.177 euros (el 87% de la media de renta nacional por persona), según el INE.
Los salarios explican una parte importante de la divergencia, pero hay otros muchos factores. Por ejemplo, la inversión pública en educación y formación profesional, que conlleva resultados muy distintos en función de su inversión educativa y formativa, y también a un desajuste existente entre el nivel de habilidades y capacidades profesionales de la población y las necesidades y requerimientos del mercado de trabajo.
En este sentido, las trayectorias educativas y formativas no permanecen ajenas a la realidad socioeconómica que las rodean. El nivel educativo tiene una relación inversa con las tasas de exclusión social. A mayor nivel educativo, menores son las tasas de exclusión social. Así, las tasas de abandono escolar son muy superiores en Canarias (11,7%) con relación al País Vasco (5,6%).
A su vez, el gasto en I+D por habitante y por comunidad autónoma tiene una gran repercusión en estos resultados. En Canarias esta inversión representaba el 0,56% del PIB autonómico en 2022, mientras que en el País Vasco fue muy superior (2,2% del PIB autonómico).
Todo ello nos muestra que el territorio es el comienzo de la desigualdad y que una mayor cohesión territorial se manifiesta como un importante objetivo político. Los datos evidencian que no debemos olvidar a aquellas personas más vulnerables como consecuencia de la exclusión social. Hay que añadir el impacto de la inflación, que ha repercutido negativamente, en mayor medida, en el poder adquisitivo entre los más pobres, ya que los productos consumidos, como los alimentos, han sufrido un mayor aumento de precios. Por lo tanto, se requieren reformas estructurales, con un nivel de consenso importante, entre las fuerzas políticas para impulsarlas y mantenerlas en el tiempo. A la vista del futuro debate sobre financiación autonómica, será preciso tener en mente estos datos si queremos que la igualdad no sea solo un mensaje vacío de contenido.
El territorio es el comienzo de la desigualdad y una mayor cohesión territorial se manifiesta como un importante objetivo político