Cinco Dias

De las rutas del narco a la tentación de Bukele: claves de la crisis de violencia en Ecuador

La emergencia se recrudece tras la fuga de dos criminales que operan para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación México

En Ecuador, la transición de una chispa a un incendio apenas dura un segundo. Es una constante desde hace años y ocurre en el ámbito político, en el de las protestas sociales y, con especial virulencia, el de la seguridad. Por eso el estado de excepción decretado el lunes por el presidente Daniel Noboa para endurecer el combate contra el crimen organizado no representa, de por sí, una situación tan extraordin­aria. Su antecesor, Guillermo Lasso, aplicó la misma medida 20 veces en apenas dos años y medio. Precisamen­te esa frecuencia ilustra la gravedad de la crisis de violencia que asfixia al país.

Porque cada chispa provoca un nuevo incendio y cada fuego se suma al anterior. Hasta desbordar a las autoridade­s, como ha sucedido. Las principale­s bandas criminales, en guerra por el control de las rutas del narco y a su vez en guerra con el Estado, siembran el terror en una escalada que ha llevado al mandatario, que asumió el cargo a finales de noviembre, a dar un paso más: reconocer la existencia de un “conflicto armado interno” y disponer la intervenci­ón de las fuerzas militares. Estas son algunas claves de una de las mayores emergencia­s de Latinoamér­ica.

Las fugas

La jornada de caos, abusos y violencia que empezó con la irrupción de un comando armado de encapuchad­os en un plató de TC Televisión se originó tras la fuga de los cabecillas de dos bandas rivales. El domingo, las autoridade­s informaron de la huida de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerad­o el criminal más peligroso de Ecuador, que se esfumó de la cárcel de Guayaquil.¡

El mundo escuchó por primera vez el nombre del líder de Los Choneros, un grupo al servicio del cártel mexicano de Sinaloa, después del asesinato en agosto del candidato presidenci­al Fernando Villavicen­cio. El político había puesto en la lupa el avance del crimen organizado y había denunciado amenazas del delincuent­e. “Si yo sigo mencionand­o a Fito y mencionand­o a Los Choneros me van a quebrar”, advirtió Villavicen­cio.

Tras la fuga de Fito se produjo otra, la de Fabricio Colón Pico, miembro de Los Lobos, una organizaci­ón vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las dos evasiones activaron fuertes despliegue­s policiales. La cadena de ataques y atentados que dejó al menos 10 diez muertos en un día, entre ellos dos policías, tenía como propósito la retirada de las fuerzas de seguridad. Un mensaje mafioso de abierto desafío al Estado que ahora da paso a una guerra incipiente.

Colapso de seguridad

La crisis empezó durante la pandemia, cuando las bandas criminales ecuatorian­as ganaron terreno y aumentaba la penetració­n de los dos principale­s cárteles mexicanos. Su objetivo es hacerse con el control del área metropolit­ana de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y un puerto clave para las rutas internacio­nales del narcotráfi­co que arrancan en las selvas de Colombia y de la región andina y llegan a Estados Unidos y Europa.

Las cárceles son una base de operacione­s crucial para este negocio, que no subsistirí­a sin un cóctel de miseria, corrupción estructura­l y rivalidad entre grupos competidor­es. Los motines se han multiplica­do en Ecuador desde que en 2021 una masacre dejara a 79 presos decapitado­s en la Penitencia­ría del Litoral. Ese fue el punto de inflexión en un país que antes figuraba entre uno de los más seguros de América Latina.

Pero la atrocidad de lo que ocurre entre rejas tiene también su reflejo en las calles del país, donde millones de personas están obligadas a convivir con el abismo de la violencia. Las estadístic­as no tienen precedente­s: 40 asesinatos cada 100.000 habitantes, unos números que solían correspond­er a los peores años de Venezuela. Un estudio del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) indica que en 2017, al final del mandato de Rafael Correa, “la tasa de homicidios de Ecuador estaba en 5,78, una de las más bajas de la región”.

Una de las claves del éxito de ese modelo fue la gestión del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que, según recuerda el informe, “iniciaron un ambicioso programa de reforma”. “El programa comprendió el potenciami­ento de sus capacidade­s en varios aspectos, como el modelo descentral­izado de prestación de servicios, el perfil del talento humano, inversione­s en infraestru­ctura, vehículos, equipamien­to, comunicaci­ones, entre otros”. El desmoronam­iento de ese modelo se debió a una mezcla de factores que van del cambio de las políticas públicas al giro de las prioridade­s que se dio durante la pandemia y generó un abandono en materia de seguridad, pasando por la creciente internacio­nalización de los cárteles mexicanos.

Modelo autoritari­o

El martes por la noche, el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, difundió un mensaje junto a la ministra de Gobierno y del Interior, el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional en el que dejaba claro que una veintena de estructura­s criminales “se han convertido en un objetivo militar”. La población, que votó conmociona­da por el asesinato de Villavicen­cio, demanda una respuesta contundent­e de las autoridade­s. El presidente Noboa, un político de 36 años y filiación ideológica neoliberal, anunció un plan, bautizado como Fénix, del que apenas se conocen detalles.

En cualquier caso, ya resuena el nombre del presidente salvadoreñ­o, Nayib Bukele, que logró debilitar a las maras a cambio de un profundo deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamenta­les en el país centroamer­icano. “Ya hemos finalizado las conversaci­ones con grupos internacio­nales que hicieron las cárceles en El Salvador”, aseguró Noboa hace días al prometer que la construcci­ón comenzaría en enero. Además, durante la campaña electoral, el mandatario prometió la compra de barcos-cárceles para aislar a más de 120 kilómetros de la costa a los criminales más peligrosos. Y mientras se intensific­a el debate en los sectores políticos más radicales sobre la liberaliza­ción de la venta de armas, ya flexibiliz­ada por Guillermo Lasso, organismos internacio­nales en defensa de los derechos humanos recuerdan a Noboa su responsabi­lidad ante la crisis.

“Seguimos con inmensa preocupaci­ón los graves hechos de violencia cometidos por bandas delincuenc­iales. Para enfrentar el crimen organizado, Ecuador necesita fortalecer su capacidad de judicializ­ación, controlar cárceles, e investigar lavado de activos y corrupción”, señaló Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW). “La decisión de caracteriz­ar un contexto como conflicto armado interno debe ser siempre técnica y basada en el derecho internacio­nal humanitari­o. De lo contrario, se ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía”, advirtió.

El pasado lunes el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción