La factura de la precariedad en el empleo juvenil
Entre las disfunciones que lastran el mercado laboral español destaca una tasa de paro juvenil que coloca al país a la cabeza del ranking de la OCDE y que saca, periódicamente, los colores a los Gobiernos españoles, que no han logrado hasta el momento erradicar esta lacra. Al alto nivel de desempleo entre los jóvenes, que roza el 27%, hay que sumar las precarias condiciones de trabajo que tienen los que encuentran un empleo: desde contratos temporales a contratos a tiempo parcial y, sobre todo, salarios bajos. Según datos de la Agencia Tributaria, casi el 90% de los trabajadores que se incorporaron el año pasado al mercado laboral cobraron el salario mínimo o menos, con un sueldo medio de 10.000 euros anuales. De ellos, el 35% tenía menos de 26 años.
Aunque la estadística de Hacienda posee ciertas particularidades que se reflejan a la baja en las cifras, algo fácilmente comprobable si se comparan esos datos con los de otras fuentes oficiales, todas ellas dibujan un cuadro poco halagüeño para los jóvenes. Los datos de la EPA, por ejemplo, arrojan un salario medio de 15.780 euros anuales para los menores de 25 años, una cifra que sigue dejando poco margen para la independencia económica y para las aspiraciones propias de esa etapa de la vida.
Aunque en todos los mercados de trabajo los sueldos de los trabajadores más jóvenes y, por tanto, de menos experiencia son sustancialmente menores que los de otras franjas de mayor edad, esa brecha se ha ampliado y agravado desde la crisis de 2008. Esa disfunción del mercado, que en España se suma a la alta tasa de paro juvenil, se ha traducido para la mayoría de los jóvenes en la imposibilidad de acometer proyectos de futuro tan elementales como disponer de una vivienda, formar una familia o simplemente ahorrar. Son dificultades que recaen principalmente sobre el individuo, pero también sobre su entramado familiar cercano y sobre el conjunto de la economía.
Tanto la reforma laboral, que ha aumentado el número de contratos indefinidos, como la mejora del salario mínimo han beneficiado a los jóvenes, pero no han conseguido meter en cintura ni el alto nivel de paro ni la precariedad de las condiciones laborales del colectivo. La lucha contra el desempleo y la precariedad supone resolver también otros problemas casi estructurales, como la alta tasa de abandono escolar y las deficiencias de una formación universitaria y profesional que no siempre se adapta a las necesidades del mercado. Todas ellas son asignaturas pendientes que urge resolver y cuya factura no pagan solo los más jóvenes, sino el conjunto de la sociedad.