Díaz quiere prohibir la compra de vivienda si no es de uso habitual
▸ Propone una subida de impuestos para recaudar 27.000 millones más al año
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, presentó ayer un amplio pliego de medidas de cara a la negociación con el PSOE de los Presupuestos Generales que da ya por iniciada pese a que la coalición deberá sortear un muro parlamentario que se antoja en cierto modo insalvable tras conocerse las pretensiones de los socios del Ejecutivo en el Congreso –especialmente por la negativa de Junts–.
En el centro de la receta económica, el ala de Sumar propone varias medidas para influir en el mercado inmobiliario. La principal pasa por aplicar un veto temporal a la compra de vivienda en las zonas declaradas como tensionadas para evitar movimientos especulatorios. Plantea prohibir compras en estas áreas si no son para uso habitual o para alquiler a precios asequibles, y hacerlo a través del domicilio fiscal de modo que se obligue a permanecer en la vivienda durante un periodo determinado de tiempo en el cual no se podría vender el inmueble. Y se completaría la operación con la prohibición de los pisos turísticos ilegales, elevando las sanciones para los propietarios de los mismos e incrementando el IVA para aquellos que sí están reglados al 21%. También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación.
La otra medida con la que la vicepresidenta Díaz pretende influir en el mercado inmobiliario es forzando a las comunidades autónomas que aún no lo han hecho a aplicar los términos de la ley de Vivienda aprobada en febrero de 2022, principalmente las gobernadas por el PP, para que se amplíe el mapa de zonas tensionadas declarados a lo largo del territorio. Señalan las fuentes de la formación consultadas que si bien no se puede intervenir sobre competencias autonómicas sí que se podría condicionar la llegada de ciertas ayudas económicas. Concretamente, entrarían en este marco los 2.000 millones de euros consignados a tal fin en los Presupuestos Generales del Estado, además de otros 40.000 millones que se desplegarían a lo largo de la legislatura a través de créditos blandos que posibilitan los fondos europeos.
Más en detalle, la formación que forma parte del Gobierno de coalición plantea que estos fondos se condicionen a que, a través de las competencias autonómicas, las regiones lleven a cabo planes de movilización de vivienda vacía para su incorporación al mercado y también para la construcción de nueva vivienda, pero a través del Estado «orillando a las promotoras privadas». Se prevé que con estos fondos se podrían levantar 500.000 viviendas de carácter social, puestas en el mercado con unos precios de alquiler de entre 400 y 600 euros. La otra pata clave de la propuesta presupuestaria de Sumar va en la dirección de intensificar el gravamen a las rentas altas y las grandes fortunas con el que prevé recaudar 27.000 millones más al año.