«Institucionalizar la mentira»
Pada año se abandonan más de 50.000 perros de caza coincidiendo con el fin de la temporada. Los cazadores hemos soportado durante más de una década esta mentira que, repetida hasta la saciedad por colectivos aniamlistas y protectoras, llegó a convertirse en una verdad para multitud de medios de comunicación.
El trabajo de las federaciones de caza y de otras entidades del sector cinegético en los últimos años ha conseguido, apoyándose en argumentos solidos y datos rigurosos, desmontar esta mentira y frenar una mentira arrojada contra los cazadores con el único objeto de criminalizar al colectivo.
Dado que todos estos argumentos y datos están ampliamente publicados y pueden consultarte fácilmente, no emplearemos estas líneas para, una vez más, desmontar una mentira que únicamente se ha sostenido en el tiempo con la inestimable colaboración de numerosos medios de comunicación que, durante muchos años, han dado voz al animalismo evitando contrastar mínimamente una cifra (50.000 perros de caza abandonados) que cada año se repetía como un mantra.
El trabajo del sector cinegético en los últimos años ha conseguido frenar en seco la publicación periódica de esta cifra y de una mentira que ya no se sostenía. Producto de ello, los propios colectivos animalistas han reconocido públicamente en los últimos años que carecen de datos rigurosos y fiables para fijar una cifra de abandono.
La propia Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno Central reconocía hace pocos meses, en el marco de un foro animalista, carecer de datos rigurosos y de un método científico adecuado para elaborar datos estadísticos sobre abandono de perros en general, y de perros de caza en particular.
Ante esto, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a elaborar una estadística oficial sobre abandono de perros con un objetivo único: institucionalizar la mentira y fabricar los datos de acuerdo a los intereses de la Dirección General de Derechos de los Animales. Solo así se entiende que esta estadística pretenda realizarse mediante una consulta por vía web que solo podrán responder protectoras y colectivos animalistas, y que ni siquiera tendrá en cuenta los datos sobre denuncias que aporta la Guardia Civil.
Durante la elaboración de la Ley de Bienestar Animal, proyectada de espaldas a la caza y diseñada para agredir a todas aquellas actividades que no siguen las doctrinas animalistas, el Gobierno Central tuvo sobre la mesa la propuesta del sector cinegético de crear un registro de perros de caza que, en esencia, permitiera identificar a cada cazador, a través de su licencia de caza, y determinar los perros de caza que posee, vinculando los microchips de cada perro (obligatorios) a cada esa misma licencia de caza.
Este registro permitiría manejar cifras rigurosas y reales sobre la tenencia de perros de caza y sobre casos de abandono y maltrato, además de identificar y sancionar a quienes incumplieran la normativa en esta materia. Sin embargo, a la Dirección General de Derechos de los Animales, lanzada a insitucional la mentira, ni siquiera estudió este proyecto... ¿Adivinan por qué motivo?.