Un juez frena la legalización de los cónyuges de estadounidenses
▸ La medida, impulsada por Biden, beneficiaría a cerca de medio millón de personas
Un juez de Texas ha impuesto un bloqueo temporal a un programa aprobado este año por Joe Biden que permite la estancia en Estados Unidos a cientos de miles de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos de EE.UU.
El matrimonio es una de las formas por las que acceder a la residencia permanente en la primera potencia mundial, pero los procesos se pueden alargar durante años y ser complicados si el cónyuge que accede a ello entró de manera ilegal en EE.UU., una situación que afecta a millones de personas dentro del territorio estadounidense.
El programa permitía a los indocumentados una estancia condicionada a la resolución positiva de su solicitud de residencia permanente, con el objetivo de que no tengan que elegir entre estar separados de sus familias o estar en situación de ilegalidad migratoria. El plan no afectaba a cualquiera: estaba destinado a inmigrantes indocumentados que estuvieran casados y que llevaran más de diez años en el país. Según las autoridades, los posibles beneficiarios han estado una media de 23 años en Estados Unidos. Se estima que cerca de medio millón de personas podrían resultar beneficiadas por el plan.
Reunir a las familias
La Administración Biden bautizó el programa como Keeping Families Together (Mantener las Familias Unidas), lo que es un ataque velado a Donald Trump, que busca regresar a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre. Una de las grandes polémicas de su primer mandato fue la separación de familias de inmigrantes indocumentados en la frontera. Al mismo tiempo, la inmigración ilegal masiva se ha convertido en uno de los grandes asuntos de la campaña presidencial y los republicanos criticaron un programa que regulariza a más inmigrantes y al que acusan de provocar un ‘efecto llamada’.
El juez que ha impuesto el bloqueo es J. Campbell Baker, nominado para el cargo por el propio Trump en 2019, perteneciente a un distrito de Texas muy conservador, donde los republicanos han llevado varias de sus batallas judiciales contra la Administración Biden.
La decisión fue en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales de 16 estados de fuerte implantación republicana y liderada por Ken Paxton, fiscal general de Texas, el estado con más kilómetros de frontera.
La demanda defiende que el plan de Biden se salta al poder legislativo porque «viola de forma directa las leyes aprobadas por el Congreso» y establece una amnistía de facto para cientos de miles de personas que han entrado al país de manera ilegal.
«Las demandas son sustanciales y requieren una consideración más detallada que la que este tribunal ha podido permitirse hasta ahora», escribió Baker en su decisión. El juez estableció un bloqueo de dos semanas y requirió a las partes que preparen sus argumentos.
Tras la decisión del juez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) respondió con un comunicado en el que defendió que el programa «permite que los ciudadanos estadounidenses y sus familiares vivan sin miedo a la separación, algo que es consistente con los valores fundamentales de EE.UU.».
«Esta treta inconstitucional de Biden habría recompensado a más de un millón de extranjeros ilegales con la oportunidad de acceder a la ciudadanía tras saltarse las leyes del país e incentivará a que lo hagan muchos más», reaccionó Paxton en un mensaje en X, donde celebró la decisión del juez.
Los inmigrantes indocumentados podían solicitar entrar en esa situación de estancia condicional a partir del 19 de agosto. Los inmigrantes cuyas solicitudes fueron aprobadas antes de la decisión del juez no se verán afectadas por ella. La decisión de Baker no les impedirá que lo sigan haciendo, pero sí que el DHS procese las peticiones.
«Esto es descorazonador para nuestros clientes y las miles de parejas que esperaban beneficiarse de este proceso y poder vivir sin miedo a que sus familias fueran separadas», condenó Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, una organización proinmigrantes que ayudaba a formalizar las solicitudes a los beneficiarios. «Es sorprendente que se detenga un proceso sobre el que Texas no ha sido capaz de proporcionar ni un gramo de pruebas sobre cómo perjudicaría al estado. Texas no debería tener la capacidad de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y de sus cónyuges inmigrantes sin confrontar su realidad».
Los inmigrantes cuyas solicitudes fueron aprobadas antes de la decisión del juez no se verán afectadas por ella