La ministra de Hacienda ya subió el precio a dos casas que compró el Ayuntamiento
▸ Las números 7 y 8 se tasaron inicialmente en 2,5 millones, pero al final el Ayuntamiento pagó unos 4 millones
La plusvalía de casi seis millones que pretende sacarle al Ayuntamiento de Sevilla la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, por la venta de los suelos de Hytasa no es la primera ocasión en la que el Ministerio que dirige se ha querido embolsar importantes fondos con la venta de Patrimonio del Estado al Consistorio. Buen ejemplo de ello es la operación de venta de las casas 7 y 8 del Patio de Banderas, en la que puso sus ojos en 2019 el Ayuntamiento, con el socialista Juan Espadas de alcalde, por cuanto el año anterior se descubrió entre sus muros el primitivo palacio de Al-Mutamid, con restos arqueológicos de los siglos X y XI, y que aparecieron durante la rehabilitación que estaba realizando Patrimonio.
Con esa compra, el Patronato del Real Alcázar, pretendía ampliar el recorrido por el monumento, haciendo estos restos visitables, así como ganar espacios que permitieran mejorar sus servicios, instalando consignas e, incluso, taquillas, de forma que se pudieran eliminar las largas colas que se forman en la Puerta del León. Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla había llevado a cabo durante meses gestiones con Patrimonio del Estado para adquirir esas casas e incorporarlas al Real Alcázar, llegándose a realizar una valoración «de manera informal» sobre los 2,5 millones de euros.
Cantidad mayor
En julio de 2019, el Ayuntamiento aprobó en el Pleno esa partida de 2,5 millones para la compra. Sin embargo, la negociación se alargó otros dos años y finalmente Hacienda, presidida por la socialista Montero, aceptó en 2021 la venta por un importe mayor: 4 millones de euros, pese a ser un ayuntamiento de su mismo color político, que abonaría en un plan de pagos a cinco años.
La tasación final de 4 millones realizada sobre el conjunto de los inmuebles tuvo en cuenta las inversiones realizadas por el Ministerio en los últimos años para la reparación y rehabilitación de la muralla, la torre del León y los vestigios del palacio islámico más antiguo del Alcázar. Y estas actuaciones fueron precisamente las que permitieron sacar a la luz el palacio de Al-Mutamid del siglo XI.
La venta también fue posible gracias a la renuncia por parte del Ministerio de Hacienda a continuar con la política de subastas de viviendas en el Patio de Banderas, que se había desarollado en años anteriores, con el objetivo de garantizar el carácter público y vinculado al Real Alcázar de estos edificios, evitando operaciones que permitieran caer en promotores privados en función de la mejor oferta.
Estos criterios, sin embargo, no los tuvo en cuenta el Ministerio de Hacienda un año antes, cuando avaló la venta de una casa del Patio de Banderas a un inquilino que vivía de alquiler de renta antigua en la casa número 11 y que lo dejó de pagar durante casi un año. Esto hubiera sido un claro motivo por el que se podría haber resuelto el contrato y liberar el inmueble, sobre el que el Ayuntamiento tenía un enorme interés, dada la evidencia de que bajo sus cimientos está el origen del Real Alcázar.
La casa la terminó adquiriendo el británico John Andrew Mackay Adam, quien estaba de alquiler desde 1962 mediante un contrato de renta antigua. Al haber dejado de abonar las mensualidades desde hacía casi un año, recibió un requerimiento de desahucio, pero el arrendador, Patrimonio del Estado, no hizo nada para resolver la situación. Un juzgado reconoció una deuda de 8.3975 euros y ordenó resolución de contrato y desalojo del inquilino en noviembre de 2015.
Pero apenas un mes después, sin llegarse a ejecutar la sentencia, Hacienda, a través de la sociedad Segipsa, le envió una nueva oferta de arrendamiento e, incluso, la posibilidad de adquirir el inmueble por 682.000 euros, sin reclamar los impagos. El británico no se lo pensó y en diez días compró la casa.
Posteriormente, Hacienda tumbó en julio de 2020 un recurso presentado por el abogado Ángel Alarcón en el que solicitaba revertir la venta de esa vivienda al considerar que vulneraba de forma «flagrante» el interés público para beneficiar a un particular, privatizando así un espacio declarado BIC.
Montero avalaba de esta forma la privatización de una casa que era de patrimonio público para dársela a un particular que no pagaba la renta, saltándose un concurso al que podría haber optado el Ayuntamiento, ya que esa vivienda es fundamental para llevar a cabo el proyecto de integración de la cripta del Patio de Banderas con el Apeadero del Real Alcázar.