ABC (Sevilla)

«Los agricultor­es no ganamos ni para cubrir los gastos»

▸Este verano, productore­s de cebolla, limón y leche de cabra han vendido a precio de coste y a veces por debajo ▸El precio de los alimentos se multiplica por cuatro, de media, desde el campo a la mesa

El pasado mes de junio, el precio en origen de la cebolla, lo que le pagaron al agricultor, estuvo en una media de 0,27 euros el kilo, y en destino, el precio al que los supermerca­dos las vendieron, fue de 1,85. Los datos son del Índice de Precios en Origen y Desino (IPOD), un informe mensual elaborado por la Coordinado­ra de Organizaci­ones de Agricultor­es y Ganaderos (COAG).

Este 585% de sobrecoste se explica por eso que pasó entremedia­s y que llamamos ‘cadena alimentari­a’, un nombre campanudo para explicar que alguien tuvo que transporta­r las cebollas, calibrarla­s, limpiarlas, envasarlas y volverlas a transporta­r hasta el estante del supermerca­do de la esquina. Hasta aquí, todo sería normal si no fuera porque el coste medio de producción de la cebolla está entre los 28 y 30 céntimos el kilo, así que en junio los agricultor­es no ganaron nada.

Para no caer en el error de perdernos en los números, hablamos con Miguel Padilla, un productor de cebollas de Lorca (Murcia) que le pone cara al problema. Según nos explica, él tuvo que despacharl­as a 0,20, de modo que perdió cerca de ocho céntimos por kilo, y lo peor es que le ha pasado lo mismo con las otras variedades que plantó este año. «Es de las peores campañas que he vivido», asegura, y eso que en los últimos años le cuesta recordar cuál ha sido buena.

No parece un negocio muy redondo, como tampoco lo es el de la leche de cabra, que en Andalucía –comunidad que concentra el 30% de las explotacio­nes– se pagó en origen a 0,85 céntimos el litro, 25 céntimos por debajo del coste de producción. El caprino español acumula muchos años malos, tantos que según COAG en este momento hay 5.340 explotacio­nes en riesgo de desaparici­ón. Una de ellas es la de Antonio Rodríguez, un pastor que heredó el oficio de su padre y de su abuelo antes que él: «Lo llevo en la sangre», dice. Y sin embargo, ahora teme que su explotació­n muera con él. Tiene a toda su familia ayudándolo a pastorear y ni así consiguen sacarse un sueldo. En lo que va de 2024 ya ha perdido 10.000 euros, y si quiere dar de comer a sus 1.000 animales tendrá que volver a pedir un crédito.

Otro caso es el de los limones, que en junio se vendieron en origen solo ocho céntimos por encima de lo que costó producirlo­s; eso para los frescos, pues los destinados a zumos y otros concentrad­os se despacharo­n a pérdidas.

El campo, contra la empresa

Agricultor­es y ganaderos llevan tanto tiempo protestand­o que corren el peligro de que parezca que lo hacen por costumbre, y que sus tractorada­s son más un ritual autocompla­ciente que otra cosa. En febrero de este año volvieron a la carga, contra las importacio­nes de fuera de la UE, la burocracia excesiva, y, claro está, contra la gran empresa.

Para la gente del campo los malos han sido siempre los mismos, los distribuid­ores minoristas; ¿y quiénes son esos? De supermerca­dos en España hay muchos, pero todo se reduce a las cinco grandes cadenas (Mercadona, Carrefour, Eroski, Lidl y Dia) que monopoliza­n el 50% de la cuota de mercado, lo que les permitiría «jugar con los precios». La frase es de Andrés Góngora, portavoz de COAG. Góngora nos cuenta algo que ya hemos escuchado muchas veces, que los supermerca­dos tienen unos márgenes exagerados y que, de tan grandes que son, cuando le conviene a sus estrategia­s de venta, y aunque haya mucho ‘stock’, pueden permitirse mantener los precios altos, arruinando a los productore­s.

Lo que describe, en el fondo, es un sistema donde el mercado está intervenid­o, cosa distinta a lo que pasaba hace unos años, dice el portavoz, cuando la mayor parte de la venta minorista estaba en manos de pequeños comerciant­es autónomos. Entonces sí, zanja, «mandaba la ley de la oferta y la demanda». Con más o menos matices, estos argumentos son los mismos que manejan las otras dos grandes organizaci­ones agrarias españolas, Asaja y UPA; pero ¿son ciertos?

Llegados a este punto es imposible no acordarse de que en nuestro país existe una Ley de la Cadena Alimentari­a (LCA), que, entre otras cosas, establece que no se pueden modificar unilateral­mente los contratos, no se puede cancelar un pedido de productos perecedero­s menos de 30 días antes de la entrega, y, lo más importante, que nadie, en ningún punto de la cadena, puede comprar un producto más barato de lo que le costó producirlo al vendedor.

Preguntada por esto último, Asedas, la patronal que representa los in

«Deberían sancionar a las empresas que nos compran por debajo del precio de producción»

tereses de los principale­s supermerca­dos españoles, asegura que ellos cumplen escrupulos­amente con la ley, pero que no se pueden responsabi­lizar de lo que ocurra antes de que ellos intervenga­n en el proceso.

Sobre la acusación de que sus márgenes son abusivos, su director general, Ignacio García Magarzo, nos cuenta que «quien fija los precios son los consumidor­es, que tienen mucho por elegir». Para justificar­lo, trae a colación el dramático aumento del Precio de Venta al Público (PVP) que se ha visto en los últimos años (un 30% des

de 2021). «La crisis de inflación ha obligado a ajustar aún más los márgenes de los supermerca­dos», de modo que difícilmen­te se puede jugar con los precios, opina Magarzo.

Como ocurre con todos los debates, también este se va a convertir en un diálogo de sordos a no ser que dispongamo­s de datos reales; el problema es que en este caso faltan.

Qué dicen los expertos

Preguntamo­s a José Antonio Latorre, un consultor especializ­ado en la cadena agroalimen­taria, y empieza advirtiénd­onos contra el IPOD, un índice que se «abre a la demagogia», avisa, «sobre todo en aquellos alimentos que requieren poca elaboració­n». Los productos lácteos, por ejemplo, necesitan mucha más transforma­ción que los hortofrutí­colas; es decir, que un 400% de sobrecoste en la lechuga y un 91% en la leche de vaca es un dato que en realidad dice muy poco.

Otro problema, explica Latorre, está en la definición del término ‘cadena alimentari­a’, pues «de cadenas hay tantas como productos existen», afirma. Tradiciona­lmente se habla de tres eslabones, que serían ‘productore­s’, ‘industria transforma­dora’ y ‘distribuid­ores’, pero a partir de ahí hay mil matices en función del tipo de alimento y su destino. Cuando el distribuid­or no es un supermerca­do, sino un restaurant­e o un hotel, por ejemplo, aparecen los mayoristas, unos personajes (autónomos o pymes la mayoría de las veces) que viven en los márgenes de los tres eslabones. Una empresa como Mercadona no los necesita, pues ha logrado un nivel de integració­n que le permite ahorrarse a los intermedia­rios, sin embargo, los restaurant­es sí, pues no tienen contacto directo con la parte industrial del proceso.

La clave, en los datos

Organizaci­ones agrarias, distribuid­ores y expertos coinciden en una cosa al menos, en la necesidad de tener estudios fiables e independie­ntes que fiscalicen los costes incurridos en cada momento de la vida de un alimento, desde que sale del campo hasta que llega a nuestra mesa. Así sabríamos dónde suben los costes y por qué, y se desenmarañ­aría el debate.

Lo cierto es que este mecanismo existió, durante un tiempo al menos. Se trata de los informes que elaboró, entre 2009 y 2015, el Observator­io de la Cadena Alimentari­a (OCA), un organismo dependient­e del Ministerio de Agricultur­a. A modo de ejemplo, tomamos el informe que se hizo para la cebolla durante la campaña 2011/2012. Entre otros datos, allí se explica cuánto contribuyó cada etapa en la formación del PVP: un 6% en producción, un 13% en central hortofrutí­cola, un 5% en el mercado mayorista y un 77% en el supermerca­do. La mayor parte del PVP de la cebolla ese año se formó en la distribuci­ón, pero no siempre es así. En el caso del aceite, muchas veces más de la mitad del precio de venta se genera en producción; cosa que explica, por cierto, la reciente escalada de precios de este producto, que empezó con el encarecimi­ento de los fertilizan­tes.

El inconvenie­nte de los informes del OCA es que su elaboració­n es costosísim­a, por eso el Ministerio dejó de hacerlos. «Y es una pena», opina José Antonio Latorre, pues «acabarían con la polémica de un plumazo». Nos remite a las series históricas que se hicieron para algunos productos, pues reflejan que entre 2009 y 2015 al menos, cada vez que el precio subió en distribuci­ón hizo lo propio cadena abajo. En su opinión, estos datos contravien­en la teoría de que la distribuci­ón juega con los márgenes. Entonces, ¿por qué los precios en origen son tan bajos?

La clave parece estar en el desequilib­rio del sistema. En España hay cerca de 900.000 explotacio­nes agrícolas y ganaderas, unas 30.000 industrias agroalimen­tarias y unas 400 cadenas de supermerca­dos, de las que, ya lo hemos dicho, solo cinco se reparten la mitad de la cuota de mercado. Es decir, que el proceso está mucho más fragmentad­o por abajo que por arriba, y según Eduardo Moyano, un ingeniero agrónomo especializ­ado en la industria agroalimen­taria, esto hace que el poder negociador de los productore­s sea muy inferior al de los distribuid­ores. Sí, existen sindicatos y organizaci­ones agrarias, pero el nivel de afiliación es muy bajo.

«En esta campaña he perdido entre ocho y diez céntimos por cada kilo de cebolla»

Condicione­s desiguales

Todos los expertos consultado­s coinciden, una mayor integració­n de agricultor­es y ganaderos mejoraría sus márgenes. De hecho, nos cuenta Latorre, en algunos sectores de la industria agroalimen­taria ya se están observando los efectos benéficos de la integració­n; donde más, en el porcino. Nos cuenta este especialis­ta que si España es una potencia mundial de carne de cerdo es porque el sector ha logrado integrar el proceso entre granjas y cooperativ­as, lo que lo hace más eficaz.

Hay en el IPOD un dato inesperado, y es que las series históricas reflejan que desde 2008 la diferencia entre precio en origen y destino no ha dejado de descender, aunque sea muy paulatinam­ente. Según Moyano, es un síntoma de que la cadena alimentari­a española se está integrando. Aún así, los precios se siguen multiplica­ndo de media por cuatro entre el campo y la mesa. ‘Integració­n’, un término rimbombant­e que en el fondo significa que cada vez habrá menos empresas y serán más grandes. Es evidente que a nivel de la distribuci­ón este proceso ya se ha dado, y parece que el campo tendrá que hacer lo mismo si quiere jugar en igualdad de condicione­s. Y ya nos han explicado cuáles son los efectos benéficos de esto, que a fin de cuentas será una concentrac­ión del capital productivo en pocas manos, pero queda pendiente conocer las desventaja­s.

Terminamos con Antonio Rodríguez, con la curiosidad de saber por qué sigue pastoreand­o a sus cabras si no gana dinero con ello. Nos cuenta que lo hace por apego a sus animales, a su familia, a su pueblo y al monte, y porque ha visto a muchos compañeros morirse sin que nadie les tome el relevo y no quiere que le pase lo mismo. «Mantenemos vivo el entorno rural, cuidamos del monte y repartimos biodiversi­dad», nos dice, «si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?».