Los economistas alertan de la pérdida de recursos para otras autonomías
▸ «Es una barbarie con consecuencias terribles para los españoles», señalan los inspectores de Hacienda
Inviable, inconstitucional, insolidario... son algunos de los adjetivos que los economistas consultados por ABC han utilizado para explicar el impacto que tendría un posible cupo a la catalana como el que según ERC ha pactado con el PSOE para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Aparte del agujero que se abriría en la lucha contra el fraude fiscal.
«Si hay una cesión total de la recaudación a Cataluña, el Estado dejaría de ingresar entre 25.000 y 30.000 millones de euros, así como los cerca de 3.000 millones que esta comunidad autónoma aporta a la financiación del resto de autonomías. A partir de ahí, cuánto perderá el Estado dependerá de cómo se calcule el cupo» –la cantidad a pagar por los servicios prestados por el Estado–, explica a ABC Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. «Pero aparte del dinero, que lógicamente si Cataluña se queda con más habrá menos para financiar los servicios del resto de comunidades, de lo que estamos hablando es de un cambio en la estructura y la naturaleza del Estado», asegura De la Fuente, que explica que pasaríamos a un estado confederado en el que la Administración Central tendrá cada vez menos recursos para ejercer sus funciones.
A su juicio, para hacer un cambio de este calibre sería necesario cambiar la Constitución.
Para Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, un cupo catalán es inviable. Recuerda que en la Constitución están previstos el concierto navarro y el cupo vasco, pero no hay nada sobre Cataluña, con lo que si finalmente se llegara a aprobar sería necesaria una reforma de la Constitución. Pich considera, además, que la Agencia Tributaria es una institución ‘casi sagrada’ y la gestión de los impuestos y de los ingresos públicos es estratégica para un país, por lo que consideraría un grave error transferir a una agencia tributaria catalana la gestión y recaudación de los impuestos que se pagan allí. «La Agencia Estatal tiene información de grandes empresas internacionales que operan en todo el mundo», recuerda, con lo que coincide con los inspectores de Hacienda en que su traspaso a una agencia catalana obstaculizaría la lucha contra el fraude fiscal. A esto habría que añadir, además, los costes burocráticos de crear nuevos organismos.
Otra de las consecuencias de este pacto sería la merma de recursos para otras comunidades autónomas. «Lógicamente si como dicen los independentistas habrá más dinero para la sanidad o la educación catalanas, habrá menos para otras comunidades». El sistema pactado tampoco le gusta al economista del IESE José Ramón Pin Arboledas que, sin embargo, sí lo considera viable y, además, cree que el Tribunal Constitucional actual, dada su composición, puede incluso darle el visto bueno. A su juicio, de ponerse en marcha, se abre el camino hacia una confederación de haciendas autonómicas, que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevaría. En cuanto al problema de la solidaridad, señala que habría que crear un fondo interautonómico para compensar a las autonomías con menos recursos. Apunta en este sentido que a Cataluña, que tiene como principales clientes al resto de las comunidades, especialmente a Aragón, no le interesa una España deprimida.
Más dura aún ha sido la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que ayer calificó el preacuerdo como una «barbarie» que «implicará consecuencias terribles para todos los españoles».
Una hipotética agencia tributaria catalana no estaría en las bases de datos internacionales en las que sí está la AEAT, ni tendría la obligación de compartir toda la información tributaria con los funcionarios del Estado. Se abriría, explicó la IHE, un «agujero negro informativo» como el que ya hay en País Vasco y Navarra, pero en este caso sería más grave porque Cataluña representa el 19% del PIB español. «El coste para todos los ciudadanos –de lo que ya pagan en impuestos– se vería incrementado y la gran mayoría de los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen», dijeron en un comunicado.
«El cupo catalán cambia la naturaleza del Estado. Vamos hacia una confederación de haciendas autonómicas», señalan los expertos