El juez procesa a seis mandos militares por Cerro Muriano
▸ Califica de «negligente y de grave temeridad» la maniobra en la que murieron dos soldados
Atribuye cuatro presuntos delitos equiparables al homicidio imprudente al capitán, el teniente, un sargento y dos mandos más
El juez togado militar que instruye el caso Cerro Muriano dictó ayer un auto por el que procesa a seis mandos por la muerte del cabo Jiménez y el soldado León en las maniobras del 21 de diciembre pasado cuando cruzaban un lago artificial de la Base. Y lo hizo acusando a cinco de ellos por un presunto delito homologable al homicidio imprudente en el Código Penal con penas que podrían ir de un año y dos meses a cuatro años y nueve meses de prisión, según fuentes judiciales consultadas por este periódico.
En el auto, al que ha tenido acceso ABC, procesa al capitán Zúñiga, el teniente Tato, el sargento Ruiz de Castroviejo (el último investigado en la causa por la colocación de la cuerda), el teniente coronel Zanfaño y el comandante Velasco como presuntos autores de cuatro delitos cada uno de ellos.
Dos presuntos delitos consumados de los recogidos en el capítulo de ‘Delitos contra los deberes del servicio’ dentro del Código Penal Militar (uno por cada fallecido) y otros dos más en grado de tentativa por otros dos militares que tuvieron que ser atendidos tras salir del agua por el efecto de la hipotermia sufrida. Este sería el equiparable al homicidio imprudente.
El coronel Navarro
Además, el juez procesa también al coronel Navarro como presunto autor de un delito de incumplimiento de los deberes inherentes al mando, recogido también en el Código Penal Militar. Para todos ellos decreta la libertad provisional con la obligación de personarse entre los cinco primeros días de cada mes ante la sede del juzgado togado o la autoridad jurisdiccional o administrativa que se designe y hasta la celebración del juicio.
El tipo penal contra los deberes del servicio (los cinco primeros encausados) señala al militar que «por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito, será castigado con las penas privativas de libertad señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo». «Fuera del servicio de armas, la imprudencia profesional con los resultados antes previstos se castigará con las mismas penas», explica el propio auto.
Quedán exentos de responsabilidad los otros dos investigados: el sargento Álvarez, que fue uno de los primeros imputados y que participaba en la maniobra y entró en el agua en los primeros compases de la misma; y el coronel Tostón del Regimiento la Reina II que había sido imputado. Para ambos no se hallan indicios incriminatorios. Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Militar Central en el plazo de cinco días al siguiente de la notificación.
El togado militar carga especialmente contra el capitán Zúñiga de quien considera que su actividad planificada es «absolutamente negligente y de grave temeridad». Lo refuerza con la falta de medios y las dificultades que contraía la prueba de cruzar la charca de Casa Mata «sin poder hacer pie en más de 80 metros, sin medios de auxilio, estando la temperatura del agua por debajo de los 8 grados; con una cuerda dinámica de 9 milímetros como única medida de auxilio, dos personas de apoyo y sin medios flotabilidad o equipos de neopreno».
Informes periciales
Para ello se apoya en los tres informes periciales que él mismo ha encargado en esta fase final de la instrucción, avanzados por ABC, y relacionados con la hipotermia como causa posible de muerte a cargo de una teniente coronel médica, y otros dos del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y del grupo de Operaciones Especiales Militares, sobre las condiciones para hacer ese tipo de pruebas.
«Estas periciales permiten concluir sin ningún género de dudas la temeridad y negligencia del capitán Zúñiga al planificar y ejecutar la práctica, sin ninguna medida de seguridad, con personal que carecía de instrucción y con unas condiciones de frío en el agua que hacen de esta práctica un peligroso desafío incluso para nadadores expertos». Y añade: «Su conducta es reprochable dado que el resultado era previsible y evitable».
E insiste sobre el máximo responsable directo de la maniobra en que «faltó el más elemental deber de cuidado que se puede exigir a quien se encuentra al mando y organización de un ejercicio de instrucción. No hubo ninguna valoración del riesgo y tampoco se demostró la mínima pericia profesional, ya que quedó de manifiesto el absoluto desconocimiento de la situación planificada». En este sentido recalca el nulo efecto de la cuerda instalada, la falta de antecedentes en ese tipo de prueba a nado y subraya el papel de terceros allí presentes de forma voluntaria y que intervinieron en el rescate, ya que de lo contrario, entiende el togado, «hubiera habido consecuencias más graves».