La Audiencia sondea llevar a la Justicia europea el caso ERE tras el borrado del Constitucional
▸ Pregunta a las partes si, como denuncia Manos Limpias, la revisión es compatible con combatir la corrupción
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dirigió ayer una consulta a las partes personadas en la pieza política del caso de los ERE fraudulentos para que digan si apoyan o no llevar ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) la revisión de las condenas del Tribunal Constitucional (TC) a la antigua cúpula de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE, al objeto de determinar si como denunció Manos Limpias la controvertida decisión es «compatible» con la lucha contra la corrupción y el fraude. A través de una diligencia de ordenación emitida por la letrada de la Administración de Justicia, el tribunal sentenciador da traslado de la petición que ha formulado el citado sindicato a la Fiscalía Anticorrupción, a la acusación popular del PP andaluz y a las defensas para «formular alegaciones» en el plazo de diez días desde la notificación del escrito.
La pasada semana, el sindicato que preside Miguel Bernad, que ejerció la acusación popular en el juicio de la pieza política del caso ERE, planteó a la Audiencia de Sevilla solicitar una cuestión prejudicial a la Justicia europea alegando que el bloque progresista de magistrados que controla el TC no ha sido imparcial ni independiente en las resoluciones emitidas en favor de los condenados.
En una decisión muy discutida por los juristas que consideran que se ha extralimitado en sus funciones, el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado (2004-2011) bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), reduce sustancialmente los delitos de prevaricación a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y al expresidente andaluz Manuel Chaves, mientras que elimina la malversación por la fue condenado a seis años de prisión su sucesor en la Presidencia autonómica, José Antonio Griñán.
Se configura el tribunal
En su diligencia de ordenación dictada el pasado 25 de julio y notificada ayer a las partes, la Sección Primera de la Audiencia también pone de manifiesto que, una vez transcurrido el plazo de diez días para hacer las alegaciones a la petición del sindicato personado en la causa, se va a configurar el tribunal que «haya de dictar la sentencia» para resolver «lo planteado». Éste estará compuesto por las dos magistradas en activo del tribunal original que dictó la sentencia, Pilar Llorente y Encarnación Gómez Casielles. El magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, se jubiló anticipadamente y ahora ejerce como abogado.
En manos de ambas magistradas de la Audiencia está dictar la sentencia final del caso ERE después de que el tribunal de garantías haya dado amparo parcial a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por la implantación del sistema de ayudas fraudulentas, bajo el argumento de que los jueces sentenciadores vulneraron sus derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia.
En su escrito de alegaciones, el sindicato se centra en la interpretación y el fallo respecto a la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez que ha aprobado la mayoría progresista de magistrados del TC. Manos Limpias denunció que dicho órgano de garantías «no es ni independiente ni imparcial» puesto que cinco de los jueces tiene «vínculos directos» con el PSOE, el mismo partido al que pertenecen los políticos exonerados, y «no cumple con el canon del Estado de Derecho de la UE».
Riesgo de «impunidad»
De este modo, la citada acusación movía ficha para que no se apliquen las sentencias dictadas por el órgano de garantías que ordenaban a la Audiencia de Sevilla que emitiera nuevas resoluciones reduciendo sustancialmente las penas de inhabilitación y prisión que impuso a diez de los políticos que recurrieron los fallos, entre ellos Magdalena Álvarez Arza. Cuatro magistrados del ala conservadora en el TC votaron en contra del borrado de delitos y advirtieron de que incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad.
Alineándose con los magistrados discrepantes del TC, Manos Limpias pidió, a través de la Audiencia de Sevilla, que suspendiera la revisión de esta macrocausa penal hasta que el TJUE se pronuncie sobre este asunto. De este modo, trata de frenar la anulación de la condena dictada por la Audiencia de Sevilla y ratificada por el Tribunal Supremo a los ex altos cargos.
Así, el sindicato advirtió de que el TC genera «un riesgo de impunidad respecto a los afectados» y proyecta «una imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España y de protección asimétrica de los intereses financieros» de la UE.
La Junta de Andalucía como administración perjudicada por el fraude puede personarse en el proceso tras retrotraerse las actuaciones, según varios juristas consultados por ABC, pero de momento no ha actuado.