El PP obliga al Gobierno a esclarecer la gestión irregular de los puntos violeta
INSTITUTO DE LAS MUJERES
La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos regidos por el PSOE en los últimos dos años para la gestión de puntos violeta –espacios físicos ubicados en eventos festivos para denunciar, acompañar, atender o informar de posibles agresiones sexuales– y con estas adjudicaciones habría facturado un cuarto de millón de euros con las empresas vinculadas a su mujer, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado la pasada legislatura. En la Comunidad Valenciana, antes de saltar a Madrid, desempeñó cargos institucionales y orgánicos en el PSPV-PSOE, antes de convertirse, en 2019, en asesora del Ministerio de Fomento que lideraba José Luis Ábalos. Un puesto en el que también coincidió con Koldo García.
El PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo, ya emplazó al PSOE a que «sus altos cargos dejen de lucrarse con el dinero de la violencia de género», lanza ahora una batería de preguntas escritas al Gobierno en la Cámara Alta para esclarecer la gestión irregular de los puntos violeta por parte de García, los negocios que comparte con su pareja, así como los vínculos de la directora del organismo con Ábalos y Koldo García.
En concreto, el PP ha formulado más de una treintena de preguntas parlamentarias a las que el Gobierno está obligado a dar respuesta en un plazo aproximado de un mes. Entre otras cuestiones, sobre las medidas que se van a tomar al respecto, si la ministra Redondo va a cesar a García, si se han usado fondos procedentes de Igualdad para financiar alguno de los mencionados puntos violeta y si, en caso afirmativo, el Ministerio va a exigir el reembolso de los mismos.
El PP pregunta asimismo por la formación académica de la directora del Instituto de la Mujer y sobre cómo es posible que el Ministerio permita que, en su Linkedin, figure el cargo como directora del organismo, para el cual pone de contacto la web de su empresa que, a su vez, traslada a sus clientes «con los que ha sido beneficiada en contratos». «¿Quién autoriza a publicitar a su mercantil?», se preguntan los populares.
Por último, exigen explicaciones al Ejecutivo respecto a la facturación de la empresa de García, la cual cerró el año 2022 con unos ingresos descomunales (129.000 euros) en comparación al capital inicial ingreso en febrero de ese mismo año, que fue de 3.000 euros.