Biden protegerá a los inmigrantes sin papeles casados con estadounidenses
▸ Medio millón de personas optarían a permiso de trabajo y residencia permanente
Joe Biden anunció ayer que facilitará el acceso a la residencia permanente y a la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses. Es la decisión más expansiva en política migratoria desde que el presidente de EE.UU. prometió, poco después de llegar a la Casa Blanca en enero de 2021, abrir vías para la regularización ordenada de millones de inmigrantes indocumentados.
Los republicanos han defendido que esas promesas han supuesto un ‘efecto llamada’ que ha provocado entradas récord de inmigrantes indocumentados por la frontera, con más de dos millones de arrestos anuales en los dos últimos años.
Biden ha buscado en los últimos meses, en las puertas de la campaña electoral para su reelección, una estrategia más mesurada en inmigración, para combatir la idea que le achacan su rival, Donald Trump, y los republicanos de que defiende una política de «fronteras abiertas».
El mes pasado, anunció nuevas limitaciones para la solicitud de asilo –el proceso en el que la mayoría de los inmigrantes indocumentados se quedan en EE.UU. mientras se resuelven sus peticiones– si se sobrepasan ciertos niveles de entradas diarias de inmigrantes. Es algo que espanta al sector izquierdista de su partido, pero que puede ser tomado con buenos ojos por los electorados más moderados, sobre todo si permite una reducción del flujo de inmigrantes de aquí a la cita electoral.
La otra cara de la moneda es este proceso de regularización de los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, anunciado ayer por Biden durante una conmemoración de DACA, un plan aprobado por la Administración de Barack Obama –cuando él era vicepresidente– para dar residencia a los indocumentados que habían entrado siendo menores en EE.UU.
El matrimonio es una de las vías más directas para conseguir la residencia permanente –la llamada ‘tarjeta verde’– y, después, la ciudadanía estadounidense. Pero no es así para quienes han cruzado la frontera de manera ilegal. Hasta ahora, los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses han sufrido grandes dificultades para regularizar su situación, incluso aquellos que llevan décadas viviendo en EE.UU. La normativa federal les obliga a pasar hasta diez años fuera del país y después solicitar su regularización por matrimonio, unas exigencias que desincentivan a la mayoría a dejar a sus familias y sus del equipo de Machado, entre ellos, seis que se encuentran desde hace dos meses asilados en la Embajada de Argentina en Caracas.
La policía política, el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), primero persigue, luego secuestra y hace desaparecer a los activistas sin motivo alguno, solo por el hecho de participar en los actos políticos de Machado y el candidato unitario. El procedimiento de secuestrar a los activistas y negar su detención arbitraria a los abogados y familiares es lo que practica los agentes del Sebin. El abogado Joel García también denunció el lunes que el Tribunal de Terrorismo no permitió designación de defensa particular a Jean Carlos Rivas. trabajos para procesar sus papeles.
El plan de Biden permite solicitar permiso de trabajo y residencia a los cónyuges que lleven al menos una década en el país y que estén ya casados con un estadounidense. Según la Administración Biden, la medida afectaría a unos 500.000 inmigrantes indocumentados y a unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses. Según los datos del Instituto de Política Migratoria, hay entre 1,1 y 1,3 millones de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, por lo que más de la mitad de ellos no optan a la regularización.
La propuesta será combatida en tribunales por los republicanos, pero es probable que la Administración Biden resista esas demandas: dará una protección a los cónyuges indocumentados afectados por lo medida similar a una libertad condicional de tipo federal –que evitará su deportación y les permitirá obtener permisos de trabajo– hasta que accedan a la residencia permanente.
La propuesta será combatida en tribunales por los republicanos, pero es probable que la Administración Biden resista esas demandas
Machado y Edmundo González convocaron una rueda de prensa para denunciar la desaparición de Gabriel González y Javier Cisneros. «Lo que quiere el régimen es atemorizar. Es una señal de que están perdiendo y no les queda otra que asustar y desmoralizar. Es cruel que su persecución esté llegando a las comunidades, el régimen esta perdiendo todo el apoyo, no les queda gente», afirmó la líder opositora, que añadió que «el régimen está reprimiendo a las comunidades, al venezolano de a pie, afectando a gente que ni siquiera está involucrada en la actividad política diaria». Y advirtió que «esto es una señal de que el régimen está tramando algo, tienen que entender la circunstancia, ¡estas no son elecciones libres!»