El caso de corrupción del PSOE en Estepona se desinfla tras 17 años Una trama para obtener fondos de promotores
▸ El fiscal de ‘Astapa’ reduce todas las peticiones de penas para los acusados por dilaciones indebidas
El fiscal del caso ‘Astapa’, que juzga la presunta corrupción socialista en Estepona, en Málaga, sostuvo ayer, casi 17 años después de las detenciones de los imputados, que en esta causa se han cometido «abusos en el ejercicio de la función pública, que son los llamados delitos de corrupción». Sin embargo, en el primer día de informes, confirmó que el caso de desinfla tras más de un año de juicio.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal mantiene la acusación para 37 procesados, incluido el exalcalde del PSOE Antonio Barrientos, pero rebaja de forma considerable todas las penas solicitadas, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada. Hay empresarios y funcionarios procesados a los que se les imputan posibles delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
El exalcalde del PSOE Antonio Barrientos está acusado de un delito continuado de falsedad, fraude y malversación, de otro de cohecho y de prevaricación. La Fiscalía solicita dos años de cárcel, además nueve años y tres meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 40.000 euros, una petición de condena muy alejada de los más de diez años que solicitaba cuando hizo la calificación.
Aún así, el Ministerio Público explicó que hubo unas prácticas supuestamente irregulares relacionadas con los convenios urbanísticos, así como con la creación de una Caja B en el Ayuntamiento de esta localidad malagueña. Según explicó, esto llevó al «desfalco» del Consistorio: «Se produjo un desfalco en toda regla».
La acusación se mantiene para 37 personas, entre ellas Antonio Barrientos, así como quienes fueran responsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES).
Según el representante de la acusación pública en su exposición, estos delitos investigados, relativos al periodo 2003-2008 —cuando se produjeron las detenciones—, «se articulan en torno al elemento común de la instrumentalización del cargo público, infringiendo los principios de legalidad con el fin de obtener unos beneficios propios o para terceros», señaló.
La Fiscalía explicó que eran prácticas «frecuentes» en ese contexto social y político. Al respecto, argumentó que «había una reacción social discreta» ante la corrupción urbanística en el ámbito municipal debido a un «discurso político engañoso» que se justificaba en un crecimiento económico y de la atracción de inversión.
Para el fiscal, la existencia de la Caja B «siempre ha estado en el centro de la investigación» y entiende que es «la razón de ser» de dichas prácticas supuestamente ilegales, al tiempo que consideró que «era fácil de organizar» en un momento de «auge urbanístico» en Estepona por «la inoperancia de los mecanismos de control»
La Caja B
Así, la acusación explicó que la Caja B resultaba de utilidad en primer lugar para las autoridades municipales «por el rédito político» que tenían por el manejo de esos fondos, así como por la oportunidad que suponía de supuestamente seguir «desviando parte del dinero».
Al mismo tiempo afirmó que «también resultaba útil para el empresario pagador», porque así lograba «ventajas» al ganarse «la disposición de las autoridades» que debían impulsar trámites administrativos a su favor y porque eran «el cauce idóneo para contabilizar gastos».
El fiscal abundó que no duda de que eran «aportaciones voluntarias», aun
El macrojuicio por el caso ‘Astapa’ comenzó en enero del año pasado, 16 años después de que la Policía Nacional detuviera al gobierno socialista del Ayuntamiento de Estepona por corrupción por prácticas irregulares en el Consistorio entre 2003 y 2008, durante los mandatos de Antonio Barrientos, y una estructura municipal orientada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades, tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición, y para enriquecerse personalmente.
El Fiscal Anticorrupción concluye que hubo un «abuso» de la función pública que llevó a «un «desfalco en toda regla»
Mantiene la acusación para los 37 acusados: el exalcalde, exresponsables del PSOE y del Partido de Estepona, empresarios y funcionarios
que señaló que «hay pruebas que llevan a descartar la espontaneidad de las mismas».
Del mismo modo, se refirió a distintos tipos de convenios investigados, como los de planeamiento y los de gestión para la monetarización de aprovechamientos urbanísticos. Mantiene la «manipulación» que hubo, basándose en los peritos que hablan de infravaloración de los mismos.
El fiscal defendió la investigación realizada, aunque reconoció la «dificultad» para llevarla a cabo, y también la denuncia presentada por los exediles David Valadez, que tras estallar el caso fue elegido alcalde de Estepona, y Cristina Rodríguez. «No tenían nada que ganar y mucho que perder», reseñó la Fiscalía, aseverando que fue una denuncia con «información coherente» y refrendada por documentación.
Al respecto, aseguró que en la denuncia se hablaba «de prácticas alarmantes» y situaciones que «quiero pensar que ahora serían impensables, pero que entonces muchos toleraban».
El papel de Villarejo
Sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que declaró como testigo en el juicio, aseguró que ha quedado claro que no tuvo nada que ver con la denuncia inicial. «No la forzó. Nunca tuvo una posición relevante», añadió, sin perjuicio de que vio opciones de negocio aprovechando información que obtenía por su posición en la Policía Nacional.
Está previsto que las sesiones del juicio continúen hoy y mañana, así como la próxima semana con los informes finales de las defensas de los acusados.