El Constitucional paraliza la ley de memoria de Aragón
Frenazo a la ley de memoria de Aragón que derogaba la normativa anterior impulsada por el socialista Javier Lambán. El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, de forma que, a la espera de su estudio, la ley impulsada por el Ejecutivo autonómico del popular Jorge Azcón queda suspendida. El Gobierno aragonés defendió la constitucionalidad de su norma tras conocerse la decisión del TC y anunció que interpondrán un recurso de alzada ante el propio órgano de garantías.
Fue el pasado 15 de febrero cuando la iniciativa recibió luz verde de las Cortes de Aragón con el voto a favor de PP y Vox. Una respuesta a la Ley de Memoria Democrática aprobada al final de la legislatura anterior por el Gobierno de
PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional, con el apoyo de ERC y Bildu, en la que acordaban investigar supuestas torturas en España hasta más allá del final del franquismo, en 1983, cuando gobernaba ya el socialista Felipe González. Un movimiento que el PP ha estudiado, aunque no impulsado todavía, en otras regiones donde gobierna como la Comunidad Valenciana o Castilla y León, y que no tardó en provocar la respuesta del Ejecutivo de Sánchez.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, conminó al Gobierno aragonés a un diálogo bilateral, al entender que la norma podía vulnerar derechos de las víctimas del franquismo. Algo que han negado en reiteradas ocasiones desde el gabinete de Azcón, que tachó esa maniobra como electoralista antes de rechazar la oferta de forma oficial hace un mes. Tras esto, Torres anunció que el Gobierno iba a interponer el recurso ante el TC, que lo deberá ratificar o levantar antes de cinco meses.
Como publicó ABC, dicho recurso contradice el dictamen elaborado por el consejero permanente del Consejo de Estado y padre de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en el que explicaba que no había fundamento para presentarlo. Sin embargo, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo (PSOE) y ahora presidenta de este órgano consultivo usó su voto de calidad para tumbar el informe a finales del mes pasado.