De la «igualdad» del pacto andaluz de 2018 a la financiación «singular» catalana
El documento promovido por el Parlamento con María Jesús Montero como consejera defiende una reforma que atienda a los principios de «equidad, suficiencia financiera y nivelación total»
Existe un lugar común en las interpretaciones de todos los partidos y líderes políticos sobre los efectos sobre Andalucía del modelo de financiación autonómica pactado en 2009: genera una infrafinanciación con respecto a otras comunidades. Si en el año 2010, el primero del nuevo modelo, Andalucía era la comunidad que recibía unos mayores ingresos del sistema de financiación (16.000 millones) frente a Cataluña (13.648 millones de euros); ahora, catorce años después, los papeles se han invertido: Cataluña recibe 29.826 millones de euros, frente a los 25.088 millones de la comunidad andaluza. Es decir, el sistema de financiación ha crecido y de ahí que sea cierto el argumento del Gobierno de España de que Andalucía, como el resto de territorios, reciben una financiación récord en este 2024. Pero la distribución ha aumentado de forma desigual y eso perjudica a Andalucía.
Esta conclusión es similar a la recogida en el informe sobre financiación promovido por el PSOE en el Parlamento andaluz en 2018 y respaldado por el PP e IU. Y figura también otros documentos recientes como el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) de enero de 2024 que define las comunidades que han salido perdiendo con el actual sistema para las que propone la creación del fondo de nivelación: Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha. Andalucía está seis puntos por debajo de lo que le correspondería, Cataluña 1,7 por encima.
El desequilibrio en el reparto viene del concepto de población ajustada en el que se consideran variables como la edad media, la despoblación o la insularidad (que beneficia a Cataluña o a Baleares). Esto da como resultado un modelo «complicado y poco transparente, que genera una elevada desigualdad y cambios caprichosos en la ordenación de los distintos territorios en términos de recursos por habitante ajustado», según concluye el citado informe de Fedea.
El malestar de Andalucía con el sistema de financiación viene prácticamente desde el principio, aunque se evidenció especialmente cuando tras la crisis económica se implementaron restricciones en las transferencias y en el gasto público que derivaron en mayores carencias de financiación. Fue entonces cuando se exigió un cambio de sistema que generara más recursos económicos. Este proceso se completó ya con María Jesús Montero como consejera de Hacienda de Andalucía en un informe aprobado por el Parlamento andaluz que fijaba como planteamientos clave: la «igualdad, la equidad y la suficiencia financiera». El documento establecía entre sus conclusiones: «El cambio de modelo debe estar dirigido a las personas, no a los territorios. Todos los ciudadanos deben tener el derecho a recibir los mismos servicios públicos sea cual sea lugar de residencia, sin que aparezca como determinante su capacidad fiscal. No se trata de exigir solidaridad, sino equidad, y esto requiere la igualdad de todos los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos vivan donde vivan». Hay una palabra clave por su ausencia: «singularidad». En ese documento, además, se proponía cambiar los parámetros de población ajustada para tener en cuenta el desempleo, la pobreza o la dependencia y un criterio de «equidad» que garantice igual financiación para cada ciudadano «con independencia de su lugar de residencia».
Desde entonces, 2018, hasta ahora se ha producido un cambio significativo en cuanto al aumento de los fondos destinados a la financiación autonómica. Los fondos que se transfieren a las comunidades han aumentado un 30% aproximadamente, lo que supone 30.000 millones de euros más a repartir. Esto ha permitido cumplir parte de lo que recogía este informe de 2018, como viene subrayando el Ministerio. Entonces se pedían 4.000 millones para hacer frente a los servicios públicos en Andalucía, y el incremento en estos seis años ha sido de 6.000 millones. Pero, según subraya la Consejería andaluza de Hacienda, no es un incremento por decisión política y hay comunidades que se han beneficiado más que Andalucía del reparto.
En este contexto, como ya ocurrió en 2009, es una negociación con los partidos nacionalistas catalanes la que puede marcar ahora la definición de un nuevo modelo. Y el punto de partida que hay encima de la mesa ahora, en plenas conversaciones por el Presupuesto del Estado y la investidura de Illa, puede tener difícil encaje con la resolución del Parlamento. Los partidos nacionalistas e incluso el PSC están poniendo encima de la mesa el argumento de la balanza fiscal, lo que es precisamente el punto que más rechazó el Parlamento andaluz en su dictamen y uno de los que más fractura genera entre territorios. Asimismo, se ha introducido el concepto de «singularidades» en algunas comunidades como Cataluña aunque, eso sí, «negociadas en un marco general».
En cualquier caso, el tema más complejo es la petición de los partidos nacionalistas de un ‘cupo específico catalán’ como Euskadi o Navarra. Esto supondría, en la práctica, que Cataluña saliera del sistema general y tuviera un marco fiscal propio. El Ministerio de Hacienda y la dirección federal del PSOE han rechazado claramente esta posibilidad de aplicar un ‘cupo catalán’ que piden los partidos nacionalistas . Si esto ocurre, el sistema como tal, basado en los principios de equidad, igualdad y solidaridad se caería. Y ocurriría lo que denunciaba el acuerdo que suscribió el Parlamento : se primaría con más recursos a las comunidades con más capacidad fiscal.
Hacienda y el PSOE rechazan un régimen fiscal propio para Cataluña como el del País Vasco como piden los partidos nacionalistas