La Moncloa abre una vía para tener consejeros en empresas de sectores clave
▸El vehículo gestionado por Cofides para atraer a grandes inversores y fondos soberanos a ámbitos estratégicos prevé tener participación en los consejos ▸El objetivo será velar por los intereses del Estado en las inversiones apoyadas Cotizadas del Estado
La hasta ahora episódica presencia de consejeros designados por el Estado en los órganos de administración de empresas privadas puede empezar a convertirse en algo habitual. La norma reguladora del Fondo de Coinversión (Foco) impulsado por el Ministerio de Economía, dotado con 2.000 millones de euros y gestionado por Cofides con el objetivo de respaldar la captación de recursos de inversores institucionales y de grandes fondos soberanos para sectores estratégicos prevé la designación de consejeros que representen los intereses del Estado en aquellas empresas donde el fondo respalde la entrada de un gran inversor en su capital.
La disposición continúa la línea abierta con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, el controvertido fondo para rescatar empresas estratégicas en dificultades que se activó tras la pandemia, que también preveía el aterrizaje de consejeros designados por la SEPI en las empresas en las que el Estado tomara una participación directa como vía para garantizar que se cumplían los requisitos de gestión y gobernanzas previstos en los rescates.
La principal diferencia radica sobre el papel en que mientras en el fondo de rescate de la SEPI la participación estatal en las empresas tenía marcada una fecha de caducidad, por imperativo de la normativa europea, en el Fondo de Coinversión de Cofides esa vocación de temporalidad está mucho más matizada de forma que aunque se recomienda la fijación de un plazo estimado de desinversión en el momento de tomar una participación directa en una empresa se condiciona este a «las previsiones del plan de negocio y otras eventuales consideraciones que resulten oportunas», lo que deja a Cofides –el organismo al que la norma encomienda el nombramiento de los representanes del Estado en esas empresas– un margen de decisión mucho más amplio respecto a la permanencia en los órganos de decisión de la empresa participada que el que Bruselas permitía a la SEPI en el fondo de rescate de empresas estratégicas.
Intereses del Estado
Desde Cofides se aclara que el fin de esa presencia en los consejos de administración no será tanto dirigir o influir en la gestión de la sociedad en que se ostenten participaciones como «velar por los intereses del Estado» en las mismas, según explica a ABC Miguel Tiana, director general de la sociedad mercantil estatal que se encargará de la gestión del Foco.
«La toma de participaciones directas en empresas es solo una de las fórmulas en que se pueden concretar las coinversiones del fondo, que también se ejecutarán a través de fondos de inversión ya constituidos o de nueva creación, y en todo caso siempre supondrán una participación minoritaria y sin vocación de gestionar la actividad de la empresa, lo que no impide que se puedan ejercer los derechos políticos a los que dé derecho la participación pública en el capital de la empresa», precisa el ejecutivo, en relación a la posibilidad de nombrar consejeros en las sociedades en las que se tenga participación suficiente.
La norma que regula la operativa del Fondo de Coinversión, sí prevé sin embargo que Cofides pueda «decidir
El margen de maniobra del Gobierno para nombrar consejeros en empresas ha estado limitado tradicionalmente a las empresas públicas o con mayoría de control del Estado que cotizan en los mercados de capitales como es el caso de Aena, Redeia o Enagás, o en las que tiene una participación minoritaria, como Caixabank.
En los últimos años el apoyo financiero estatal a determinadas compañías consideradas como estratégicas ha abierto una nueva vía para situar en consejos de administración perfiles nombrados por el Gobierno. Ha sido el caso de Duro Felguera o Air Europa.
La última vuelta tuerca de la estrategia del Gobierno para tener una mayor presencia directa del Estado en el tejido empresarial estratégico doméstico ha tenido como objetivo una de las mayores empresas del país, Telefónica, en la que ha situado ya un consejero y aspira a tener dos tras adquirir a través de la SEPI el 10% de las acciones de la teleco.
La inminente activación del Fondo de Coinversión con grandes inversores y fondos soberanos gestionado por Cofides abrirá la puerta a situar a consejeros nombrados por el Gobierno en empresas de sectores estratégicos. participar en la gestión operativa u ordinaria de las empresas, o ser administrador único o consejero delegado» de las mismas, siempre que así lo autorice el Gobierno, pudiendo en ese caso «fijar la posición que considere oportuna en el ejercicio de los derechos y facultades que correspondan por su participación con cargo al Fondo por cuenta de la Administración General del Estado y ejercitar consecuentemente por cuenta de la misma los derechos de voto y demás derechos políticos que le correspondan en los órganos de decisión».
Según Miguel Tiana, esa previsión regulatoria no refleja la vocación del fondo. «No es más que una cautela normativa ante casos de especial dificultad en que el Estado se pueda quedar al frente de una empresa concreta. Esa disposición ya existe en otros fondos que ha gestionado Cofides y jamás se ha hecho uso de ella», aclara.
Ciberseguridad, renovables...
Según se define en la web de Cofides, el principal objetivo del Foco es captar inversión extranjera «en actividades económicas que contribuyan a la modernización del modelo productivo español, como las vinculadas a la transición verde y digital, la movilidad sostenible, la agricultura sostenible o la innovación tecnológica, entre otras», aunque la norma abre ese abanico sectorial a ámbitos como la ciberseguridad, el despliegue del 5G o la infraestructuras renovables.
El Gobierno ha concluido que las necesidades de inversión para abordar su proceso de digitalización y descarbonización no pueden ser cubiertas de forma exclusiva desde el sector público y que necesitará de los grandes inversores institucionales extranjeros para sufragar esa factura. Se van a aprovechar los recursos baratos de la adenda del Plan de Recuperación