La Asociación de Fiscales planta a García Ortiz en la reforma del estatuto
▸ «Se ha roto el marco idóneo para negociar», señala, tras aludir el fiscal general a los vínculos con partidos
La comisión ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, envió ayer una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que –como adelantó ABC el pasado domingo– le informa de que rompe su relación con él por haber puesto en duda la actuación de las asociaciones de jueces y fiscales al vincularlas con fines políticos. En la misiva, la AF señala que, «ante las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación que ponen en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza, la Asociación de Fiscales considera que se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, acuerda levantarse de la mesa constituida al efecto» por el propio García Ortiz.
El fiscal general realizó las declaraciones pocas horas después del fallo del Tribunal Supremo que la semana pasada anuló el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, una designación que había sido recurrida por la Asociación de Fiscales y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Al ser preguntado sobre una posible complicidad entre los miembros de la judicatura y los partidos en el ejercicio de su profesión, García Ortiz lo descartó: «Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados». Sin embargo, sí admitió que «entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos». Y eso, dijo, es «una evidencia». Añadió también que «cuando la ley prohíbe a los fiscales y jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho a la representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales, consagrados al principio de la Constitución, y dice que sí hay asociaciones profesionales, está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco», reflexionó. Estas manifestaciones crearon un profundo malestar en la AF por arrojar «una sombra de sospecha sobre la actuación de las asociaciones» en un momento clave en el que se ha creado un grupo de trabajo para abordar la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta modificación tiene que acompañar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende dejar la investigación penal en manos de los fiscales en vez de en los jueces de instrucción y que el ministro de Justicia, el socialista Félix Bolaños, ha reactivado.
El plantón de la AF al fiscal general se une al que ya le dio el pasado 16 de abril la APIF, que tomó esta decisión apenas un día después de que García Ortiz asumiera la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid sin aclarar si la orden de difundir datos que afectaban al derecho de defensa del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, partió de él y cuando su número dos impuso a la fiscal a cargo de la querella del perjudicado informar en contra de su admisión. «La orden dada por la teniente del Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto (...) a nuestro entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España», argumentó la APIF.
Sólo con la UPF
Sin estas dos asociaciones presentes en la redacción del nuevo estatuto, el panorama que se presenta para el fiscal general no es muy alentador, teniendo en cuenta que tendría que contar solo con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que, pese a ser la segunda en número de afiliados –algo más de 200 respecto a los 650 de la AF– representa un porcentaje mínimo de los más de 2.600 miembros que forman parte de la carrera. Además, sobre García Ortiz y sobre su predecesora en el cargo pende la acusación de haber favorecido sistemáticamente a fiscales de esta asociación en su política de nombramientos y ascensos. Él mismo fue portavoz de la UPF.
La APIF ya se levantó de la mesa hace un mes, después de que el fiscal general asumiera la filtración en el caso del novio de Ayuso