ABC (Sevilla)

Marbella reclama 40 millones de los condenados de ‘Malaya’

▸ El Gobierno maniobró hace seis años para que el dinero fuera a pagar deuda

- J. J. MADUEÑO MARBELLA

Durante años, Marbella fue desfalcada. Robaron a manos llenas. Sus gobernante­s y un puñado de empresario­s se asociaron para esquilmar una ciudad que dejaron en ruinas. En 2006 hasta se disolvió el Consistori­o. Se llegó a nombrar una gestora hasta las siguientes elecciones municipale­s. La deuda con la Seguridad Social y Hacienda llegó a los 500 millones. Además, hubo una pérdida de servicios que ahora se trata de recuperar. Parques, zonas deportivas, escuelas de música, recintos de ocio... Marbella había quedado paralizada. Desde 2018 se han recibido 65 millones de euros para paliar ese déficit. Ahora se reclaman 40 millones más por vía del Tribunal de Cuentas.

Dinero que Marbella necesita para seguir desarrollá­ndose. Durante años no se había renovado ni una simple tubería y el futuro era negro después de la caía del GIL y sus secuaces. En 2012, el Consistori­o consiguió un primer hito para salir del pozo: fraccionar la deuda. Pagar a 40 años aquello que no habían pagado los corruptos. No era suficiente y el Ayuntamien­to en 2018 negoció con Cristóbal Montoro una ley para que el dinero de las causas judiciales fuera a Marbella. La idea era destinar todo ese dinero a recuperar aquellos que la corrupción robó a los ciudadanos. Pero Pedro Sánchez lo puso en peligro. El PSOE negó los fondos, mediante artimañas, que ahora han sido desmontada­s por el Tribunal Supremo.

Electorali­sta

El Consistori­o ya ha aprobado de forma inmediata en pleno ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Ayuntamien­to frente a la Agencia Estatal de Administra­ción Tributaria (AEAT) sobre el fraccionam­iento del pago de la deuda heredada de la corrupción. Fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que decidió dejar de pagar. El Ministerio de Hacienda eliminó el fraccionam­iento de pago de los 500 millones de forma unilateral hace unos años. Marbella tenía que pagar lo restante de esa deuda y, mientras tanto, si no lo hacía, se le embargaba el dinero de las causas judiciales. Una maniobra política para no dar alas al PP, ya que ese dinero lo usaba para inversión pública.

Era una medida electorali­sta que acabó en los tribunales para defender la recepción de esas cuantías económicas. El Consistori­o demandó que el Gobierno no podía saltarse la ley de 2018 por la que recibía los fondos y ahora, el Supremo le ha dado la razón. «Estamos muy orgullosos de una decisión política que el Partido Popular tomó en solitario para defender los intereses de nuestros vecinos y que, después de seis años de lucha en los tribunales, ha sido respaldada y confirma que el Ejecutivo socialista no puede saltarse la ley causando un enorme daño a la ciudad», remarca Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella.

Sabiendo de la necesidad que hay de recibir ese dinero, la alcaldesa asegura que se debe «cumplir cuanto antes esta sentencia con todos los efectos favorables que se derivan de la misma, incluyendo los daños y perjuicios derivados de una actuación de la Agencia Tributaria, que ahora el Alto Tribunal ha declarado nula».

La Audiencia Provincial ya entregó un cheque por valor de 12 millones de euros al Consistori­o que se destinó a construir servicios públicos municipale­s y se iba a destinar a una residencia de mayores. La Agencia Tributaria ni la Seguridad Social recurrió para que fuera a pagar la deuda. «La decisión unilateral del Ejecutivo de Pedro Sánchez de anular ese fraccionam­iento ha supuesto un grave perjuicio para el Ayuntamien­to y nos ha hecho perder subvencion­es, al considerar a esta administra­ción como morosa», afirma la regidora.

En este sentido, Ángeles Muñoz recuerda que el patrimonio devuelto a Marbella entre dinero y propiedade­s hasta llega a los 65 millones de euros. «En nuestra hoja de ruta nos planteamos alcanzar otros 40 millones de euros del Tribunal de Cuentas», añade Muñoz, que sabe que ya este año van a recibir 10 millones de ese dinero.

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FRANCIS SILVA Lectura de la sentencia del tribunal del ‘caso Malaya’, en octubre de 2013 //

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