La ciberdelincuencia, un desafío que requiere la cooperación de todos
TRIBUNA ABIERTA
Los pasados días 2 y 3 de mayo tuvo lugar en la sede de la Fundación Caja Sol, el CyberCrime Sevilla 2024, I Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia, coorganizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Cajasol, convirtiéndose nuestra ciudad durante la celebración de dicho evento en el centro neurálgico de la lucha internacional contra la ciberdelincuencia.
El Congreso, con un amplio claustro compuesto por académicos, abogados, fiscales, magistrados, expertos en tecnología, ingenieros informáticos, directores y gestores de seguridad de empresas, detectives y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abordó los desafíos actuales de la ciberdelincuencia desde una triple vertiente: académica, jurídicopráctica y tecnológica, ofreciendo así un enfoque o visión integral de las dinámicas actuales en esta materia.
A su conclusión, entre los asistentes se palpaba una mezcla de satisfacción y preocupación; satisfacción por el ingente intercambio de ideas, experiencias, información y conocimientos obtenidos, e incluso herramientas para afrontar la amenaza de la ciberdelincuencia; preocupación, por la dimensión que está alcanzando este fenómeno delictivo, y por la concienciación del riesgo al que está sometida nuestra sociedad desde el intangible mundo digital.
Lo primero que te desborda es la cantidad de materias que se encuentran vinculadas a la ciberdelincuencia, que no hemos de olvidar comprende cualquier acto criminal que utilice ordenadores y redes (incluyendo delitos tradicionales realizados a través de internet), lo que evidencia el riesgo al que todos estamos sometidos desde los más diversos frentes: ciberdelitos contra la intimidad, la protección de datos, los fraudes y daños informáticos, los delitos de estafa y blanqueo de capitales, el terrorismo en las redes, la violencia, ataques con malware, robos telemáticos, la suplantación de identidad y un largo etcétera.
Este catálogo, meramente enunciativo, tiene como diana, no un sector específico, sino que provoca un fuerte impacto en todos los ámbitos, desde el privado, al empresarial, pasando por los ataques que sufren muchos organismos públicos; de hecho, ya nadie duda del peligro que suponen las nuevas tecnologías, no sólo para los bienes jurídicos patrimoniales, sino también para otros bienes jurídicos de carácter personal, como pueden ser la intimidad o la libertad. Por tanto, la ciberdelincuencia se convierte en una lacra que afecta a todo el espectro social y a los intereses que en este subyacen. Como señaló Lorenzo del Río, la ciberdelincuencia «es el gran fenómeno delictivo del siglo XXI».
Todo lo anterior nos lleva a una conclusión: es una auténtica necesidad que se aborde todo lo que significa el impacto de las amenazas tecnológicas en nuestra vida desde la sociedad en su conjunto, sin compartimentos estancos, con absoluta coordinación.
Y aquí jugarán un papel de primer orden las administraciones públicas, que como señaló el consejero de la Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, tienen la obligación de ser motor de la política de ciberseguridad, haciendo hincapié en la importancia en la colaboración entre diferentes administraciones: «Tenemos que trabajar todos juntos. Aquí no hay colores, hay esfuerzos y responsabilidad conjunta, y colaboración público-privada», guante recogido a continuación por Félix Bolaños, ministro de la
Las administraciones públicas tienen la obligación de ser motor de la política de ciberseguridad
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien expuso que «Tenemos que trabajar conjuntamente para hacerlo posible».
Pero esta cooperación, vital para ganar la batalla a la ciberdelincuencia, va a requerir además del esfuerzo de numerosos actores: jueces y magistrados, fiscales, abogados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, expertos digitales, académicos, etc., pues solo desde una perspectiva transversal y conjunta, podrán generarse las sinergias necesarias para combatir esta amenaza.
Y ello se conseguirá a través de estudios e investigaciones que nos ayuden a conocer mejor este fenómeno; mediante la formación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos que nos suministren las herramientas necesarias para afrontar los retos por venir; y la fortaleza y entrega de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: todo un reto.
En definitiva, sí, es todo un reto que requerirá anticipación, investigación, innovación y planificación. En coherencia con ello, en el Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide ya estamos pensando en el II Congreso Internacional sobre Ciberdelincuencia.