Caso Begoña Gómez: recortes, cartas de aval y un juez poco amigo de la prensa
▸ El instructor abre causa por tráfico de influencias a iniciativa de Manos Limpias y cita testigos
El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió el pasado 16 de abril unas diligencias de investigación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, después de aceptar una denuncia del polémico sindicato Manos Limpias que la señala por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La existencia de la causa trascendió ayer, aunque está bajo secreto de sumario, porque el juez Juan Carlos Peinado ha comenzado a practicar diligencias y en concreto, la citación de dos periodistas como testigos.
La denuncia, de apenas siete páginas, está confeccionada con recortes de prensa a partir de una serie de informaciones que sitúan a Begoña Gómez tras dos cartas de recomendación que avalaron a una empresa en la consecución de dos contratos públicos. Estas son algunas claves de este asunto que ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dado un paso atrás para reflexionar si sigue al frente del Ejecutivo.
Los hechos
Según publicaron El Confidencial y otros digitales, Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación en favor de la unión temporal de empresas con la que concurría el empresario Carlos Barrabés a dos concursos públicos y los ganó. Recibió las adjudicaciones, que dependían del Ministerio de Economía del gobierno que preside Pedro Sánchez.
Esas cartas de recomendación iban firmadas por Begoña Gómez en su calidad de codirectora de un máster en captación de fondos de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo con el que de acuerdo a esas informaciones, colaboraría Barrabés, llenándolo de contenido.
En paralelo, este empresario habría presentado a Gómez al CEO de Globalia, Javier Hidalgo, cuyo buque insignia, Air Europa, aportó fondos al África Center del Instituto de Empresa que dirigía la mujer del presidente. La compañía fue rescatada por el Estado.
La denuncia
A partir de la recopilación de esas noticias y los datos recogidos, expone, en «tertulias» informativas, Manos Limpias presentó una denuncia en los juzgados de Madrid el 8 de abril que apunta a delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La denuncia, de siete páginas de extensión incluyendo la lista de titulares recogidos, solicita que se tome declaración a la propia Gómez y a los responsables de los medios de comunicación que publicaron las noticias. También insta al juez a recabar los expedientes de las adjudicaciones públicas en las que se presentaron esas cartas de recomendación.
No siendo una querella, no necesita cubrir ninguna formalidad más, pues se trata simplemente de dar traslado a una autoridad de unos hechos que pudieran, a ojos del denunciante, ser constitutivos de delito. No convierte a la organización en acusación popular en la causa. Ese será su siguiente paso, según anunciaban ayer, querellarse.
El denunciante
Manos Limpias no es un sindicato al uso. A lo largo de los años ha presentado denuncias y querellas contra todo tipo de personalidades. Fue la acusación popular que sentó en el banquillo a la Infanta Cristina en el caso Nóos, sobre las actividades de su entonces marido, Iñaki Urdangarin.
Su presidente, Miguel Bernad, fue detenido en 2016, investigado y luego condenado en la Audiencia Nacional por extorsionar a empresas a cambio de levantar el pie, precisamente, en procesos penales. Sin embargo, hace unas semanas el Tribunal Supremo le declaró absuelto al no considerar suficientemente acreditado el delito.
Con todo, durante todos estos años en que Bernad ha estado investigado y condenado en primera instancia, Manos Limpias ha seguido actuando en los juzgados como acusación popular en todo tipo de causas. Acusan, por ejemplo, en la investigación por corrupción al ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y en el caso Supercopa que afecta a Luis Rubiales, como lo hicieron en el caso Plus Ultra, entre otros. También son numerosas las denuncias que ha interpuesto y no han prosperado. El Supremo acaba de desestimar su última querella contra Pedro Sánchez.
El juez instructor
Quien ha cogido las riendas de la denuncia es el titular del Juzgado de Ins
trucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, al que cayó la denuncia por turno de reparto y que decidió abrir diligencias previas el pasado 16 de abril, apenas ocho días después de recibirla, un plazo muy breve. Lo ha hecho sin pedir opinión a la Fiscalía.
Es el mismo juez que imputó a 12 periodistas –incluidos dos de este diario– por informar sobre el caso de los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) que ahora la Audiencia Nacional ha sentado en el banquillo por terrorismo, cuando el asunto estaba bajo secreto. No llegaron ni a prestar declaración: acabó dando marcha atrás y archivando el caso.
No tiene precisamente fama de ser amigo de la prensa y se cuida mucho de las filtraciones, aunque de vez en cuando, acaba en el foco por decisiones como aquella. En su día también quiso llamar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en unas diligencias que había abierto a instancias de un particular, por la decisión del regidor de mantener los parques de la
ciudad cerrados como parte de la política de prevención del Covid.
Distintos consultados en el ámbito judicial por este diario le definen como «particular» e «imprevisible» y subrayan que tiene «mucho carácter». En la Audiencia Nacional todavía se recuerda que habiendo asumido el Juzgado Central de Instrucción número 3 la macrocausa que llevaba Peinado sobre blanqueo de capitales fruto de un expolio de la petrolera venezolana PDVSA, tardó meses en entregarla.
Las diligencias
Una vez ha abierto la investigación, el juez ha acordado citar una batería de testigos. Los primeros han sido dos periodistas autores de informaciones que recoge la denuncia, de acuerdo a las fuentes consultadas por ABC. El juez ha decretado secreto de sumario por lo que sus declaraciones lo serán a puerta cerrada.
Tras oírles, el instructor podría decidir seguir profundizando, recabar la documental que pedía Manos Limpias en su denuncia o incluso llamar directamente a Begoña Gómez, si bien habría de hacerlo en calidad de investigada. Desde el Ejecutivo se aseguraba este miércoles que la afectada recurrirá para reclamar el archivo de las actuaciones, pero para eso ha de entrar en el procedimiento.
Manos Limpias ha seguido ejerciendo la acusación en distintas causas pese a la condena de Bernad, recién absuelto en el Supremo