Moncloa cumple con Bildu para remover los GAL del felipismo
▸ Crea una comisión a medida de los de Otegi tras negarles madurez democrática
Las actuaciones del Gobierno en relación con la memoria continúan. Después de que hace unas semanas el ministro del ramo, el socialista Ángel Víctor Torres, anunciase una ofensiva en el Tribunal Constitucional (TC) contra la derogación de las leyes de memoria en las comunidades lideradas por el Partido Popular y de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitase por sorpresa los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros (Madrid), el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de tres comisiones «de estudio y técnicas» enmarcadas en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La primera comisión versará sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano y la segunda sobre la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, mientras que la tercera se centrará en la vulneración de los derechos humanos de personas «por su lucha por la consolidación de la democracia» entre 1978 y 1983, periodo que coincide con los primeros años de la Transición y el primer gobierno del también socialista Felipe González.
«Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aun después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos», justifica la Ley de Memoria Democrática.
Este asunto responde concretamente a un acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez con EH Bildu, mientras se llevaba a cabo la negociación para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, y que permitió que fuera aprobada finalmente en octubre de 2022. Y la plasmación de esa comisión llega apenas dos días después de cerrarse las urnas en el País Vasco, hasta las que destacados dirigentes socialistas como el ministro de Transportes, Óscar Puente, criticaron con profusión a la propia Bildu por carecer de «madurez democrática» después de que su candidato a lendakari, Pello Otxandiano, se negara a calificar a ETA como organiza
ción terrorista. Luego pidió perdón, pero sin cambiar de postura. Concretamente, los socialistas accedieron a recoger en la norma el reconocimiento de las posibles víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha que coincide con el primer ejecutivo del PSOE, las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cuestiones que los aberzales han reclamado revisar, así como el secuestro de Segundo Marey el 4 de diciembre de 1983 al ser confundido con el terrorista Mikel Lujua.
El ministerio matiza
No obstante, aunque el Gobierno aceptó en su día ampliar el plazo recogido en la norma –inicialmente una enmienda de PSOE y Unidas Podemos lo estiraba hasta 1982–, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aclara ahora que «entre las eventuales víctimas de tales vulnera
ciones, en ningún caso se incluirán las personas vinculadas a una organización o grupo terrorista o que realizaron actos con la finalidad de subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».
Sin embargo, la norma únicamente recoge que «el Gobierno designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas».
«Hoy –por ayer–, primer Consejo de Ministros tras las elecciones vascas, Sánchez pone bajo sospecha a los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González. Y Bildu le aplaude. La memoria de nuestra democracia no la puede dictar Bildu», aseveró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondiendo a un mensaje publicado por la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
«Primer Consejo de Ministros tras las elecciones vascas y Sánchez pone bajo sospecha a Felipe González», denuncia el PP