Montero avaló la privatización de una casa del Patio de Banderas
▸La ministra de Hacienda cerró la única vía para recuperar la vivienda con los restos más antiguos del Alcázar y que debía servir de conexión con la cripta
EEl Ministerio de Hacienda, propietario de algunas de las casas que conforman el Patio de Banderas, tumbó en julio de 2020 un recurso presentado por el abogado Ángel Alarcón en el que solicitaba revertir la venta de la vivienda número 11 al considerarla que vulneraba de forma «flagrante» el interés público para beneficiar a un particular en 2016, privatizando así un espacio declarado Bien de Interés Cultural.
Siendo ministro el popular Cristóbal Montoro, el Estado, para saltarse el concurso público, hizo uso de un sistema muy residual como es el de la enajenación directa por el cual cualquier administración puede vender el bien a un tercero sin pasar por concurso. Para ello, el inquilino dejó de pagar la renta y se convirtió en ‘ okupa’ de forma que Patrimonio del Estado acudió al juzgado para denunciarlo pero, cuando llegó el momento del desahucio, lo que hizo fue presentarle una oferta para que comprase la vivienda como ocupante de la misma. Esa maniobra implicaba, además, que en el momento de la escritura, el inquilino lo cediese a su hijo, un tercero que, de buena fe, no podía verse afectado en el fraude que hubiera podido cometer el anterior titular del inmueble, por lo que no se le podrían pedir cuentas si se llegase a demostrar la ilegalidad y así quedaría la casa en el patrimonio familiar.
De esta forma, Adepa, a través de este abogado, inició primero el procedimiento administrativo previo al juzgado. Elevó un recurso al Ministerio de Hacienda para que hiciera una revisión del expediente. Sin embargo, el 10 de julio de 2020, este Departamento respondió mediante un informe de la Delegación General de Patrimonio del Estado que el proceso de enajenación estaba debidamente justificado, aunque reconocía, eso sí, que no se cumplían los requisitos, algo que no consideraba suficiente para dejar sin efecto la venta. Es decir, que la ministra María Jesús Montero, que estaba ya en el cargo, avalaba de esta forma la privatización de una casa que era de patrimonio público para dársela a un particular que no pagaba la renta, saltándose un concurso al que podría haber optado el Ayuntamiento, ya que esa vivienda es fundamental para llevar a cabo el proyecto de integración de la cripta del Patio de Banderas con el Apeadero del Alcázar.
Símil con la Plaza de España
La actuación del Ministerio de Hacienda, siendo titular ya Montero, contrasta con lo que la también vicepresidenta primera del Gobierno ha pregonado sobre la propuesta del alcalde José Luis Sanz de cerrar la Plaza de España para explotarla directamente por la Administración local y obtener así un rendimiento económico que revierta en un beneficio para el monumento. Montero, que rechazando el recurso sobre la enajenación de la casa 11 del Patio de Banderas cerró la única vía para que esa vivienda pasara a dominio público sin judicializar el asunto, dice ahora que «el Gobierno no va a permitir ninguna privatización del espacio público» en referencia a la Plaza de España. Y la paradoja: en 2020 el Departamento de Montero avaló la pérdida de un espacio público de gran importancia patrimonial para la ciudad que había vendido el PP cuando estaba en el Ejecutivo.
Actualmente, la demanda está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo y se espera que tarde. Mientras tanto, el proyecto de apertura de la cripta del Patio de Banderas duerme el sueño de los justos desde hace once años.
Lo que resulta también llamativo es que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el socialista Juan Espadas, siguió mirando impasible sin pronunciarse como afectado por aquella operación llevada a cabo por una administración del mismo color político. Sí pidió en primera instancia a Montero que iniciara una investigación para esclarecer cómo se produjo la venta, pero nada más se supo del interés municipal por el asunto. En cambio, sí logró que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero le vendiera las casas 7 y 8 del Patio de Banderas , donde aparecieron restos del primitivo palacio de Al-Mutamid, por un montante de cuatro millones de euros. No fue fácil la operación, que finalmente se ejecutó siendo alcalde Antonio Muñoz, con una visita de Montero al Alcázar, porque Hacienda puso impedimentos, además del alto coste del traspaso al Ayuntamiento que supuso aquella compraventa. Y fue entonces, en 2022, cuando el Ministerio de Hacienda deslizó que renunciaba a la política de venta de las viviendas que tiene en propiedad en el Patio de Banderas, para garantizar su carácter público y para vincularlas al Alcázar.
No obstante, esa medida no rever
tía la decisión tomada con la enajenación de la casa 11, que es la que se encuentra situada entre la puerta del Apeadero –por la que salen los turistas cuando realizan la visita cultural al Palacio Real– y el callejón de la Judería.
La titularidad del número 11 está en manos de John Andrew Mackay
Adam, el mismo inquilino que había ocupado la casa desde 1962 mediante un contrato de renta antigua. No sólo había dejado de abonar el alquiler durante casi un año, sino que recibió un requerimiento de desahucio para abandonar la finca.
Esta casa siempre ha estado en manos de la familia fundadora de la Seville Water Works , conocida como la compañía de agua de los ingleses, que se hizo cargo del servicio a finales de siglo XIX. Allí se instalaron las oficinas de esta compañía, que cesó su actividad en 1957 tras el rescate del contrato. El Ayuntamiento lo rescindió tres décadas antes de que expirara por deficiencias en el abastecimiento, pero el proceso de remunicipalización fue largo y costoso. Apenas cinco años después, la casa fue alquilada por el heredero de la compañía inglesa que estableció allí su hogar y el domicilio social de varias de sus empresas.
Fue Cristóbal Montoro (PP) quien vendió la casa al inquilino que residía allí, que no pagaba la renta, sin pasar por concurso público
Montero avaló aquella privatización, que perjudicaba al Ayuntamiento, y que ahora espera en el Supremo