La Eurocámara pide que se prohíban las amnistías en casos de corrupción
▸ Los eurodiputados proponen una «evaluación independiente» de la futura ley española
La situación política en España se ha arraigado profundamente en los debates en el Parlamento Europeo. Ayer, en el pleno de Estrasburgo se entrecruzaron dos debates en los que apareció directamente la amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez se propone aprobar. Precisamente en la tramitación de la nueva directiva europea contra la corrupción, el Parlamento comunitario aprobó el criterio de que este tipo de medidas de gracia deben quedar proscritas en toda la Unión Europea. Y en el debate sobre el Estado de derecho en la UE se ha acordado que las instituciones europeas tomen nota de que el Gobierno está intentando aprobar esa amnistía y, a la vista de la polémica que ha suscitado en España, sugieren que se lleve a cabo «una evaluación independiente» sobre ella.
La Comisión Europea tiene en su programa de mandato la renovación de la legislación europea contra la corrupción y lo que se aprobó ayer es la posición del Parlamento Europeo en la que se había incluido expresamente la prohibición de que los gobiernos nacionales puedan decretar amnistías en casos en los que se hayan producido condenas por malversación. La enmienda había sido sugerida por el popular Javier Zarzalejos y los socialistas europeos intentaron introducir otra que parecía pensada ‘ex profeso’ para excepcionalmente amnistiar a dirigentes políticos regionales como Carles Puigdemont, con la idea de acotar la prohibición sólo a delitos cometidos por jefes de Estado y de Gobierno o ministros.
Esa propuesta fue derrotada en la Comisión de Libertades, mientras que la de Zarzalejos fue respaldada. Ayer se aprobó el texto final que constituye el punto de partida para los futuros deba
tes con el Consejo Europeo, es decir con los Gobiernos nacionales. Zarzalejos declaró que «la trama de corrupción que ha estallado en España en el PSOE [caso Koldo] demuestra la importancia de extremar el rigor de la respuesta jurídica ante este tipo de delitos. Resulta sencillamente hipócrita que se diga que ‘el que la hace la paga’ [como aseguró Sánchez el pasado sábado] mientras se promueven amnistías para los malversadores y se rebajan las penas del delito de malversación».
Cuando llegue el momento de esas negociaciones interinstitucionales, el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener muchos problemas para intentar cambiar esto, teniendo en cuenta que en la política europea la amnistía que intenta aprobar ya es bien conocida. De hecho, en la misma sesión de ayer en Estrasburgo se celebró un debate sobre el respeto al Estado de derecho y la cuestión española estuvo claramente presente, incluso en la resolución final, en la que se afirmaba que el Parlamento Europeo «toma nota» de los planes de conceder una amnistía en España y cita la gran cantidad de «preguntas, opiniones y preocupaciones expresadas por diversas partes interesadas», incluidas asociaciones de jueces, fiscales, abogados y académicos, la sociedad civil y el público en general que han sido remitidas a las instituciones europeas para tratar de detenerla. Por ello, el texto acordado señala que la situación que se plantea en España «merecería una evaluación independiente». La ponente, la liberal holandesa Sophia In’t Veld, llegó a agradecer al Senado español su decisión de pedir un dictamen al Comité de Venecia del Consejo de Europa. En este sentido, el documento aprobado también pide al Gobierno de Sánchez que ofrezca una «transparencia total» a las instituciones europeas sobre esta ley de amnistía.
Los eurodiputados lamentan, asimismo, la prolongada situación de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a ello se refirió el comisario de Justicia, Didier Reynders, al mencionar su trabajo como mediador para ayudar a «cubrir los puestos vacantes y reformar el régimen de nombramientos» de este órgano sin separar los dos objetivos, como pretende el Gobierno.