¿Veremos la unión de los mercados de capitales en 2024?
Esta integración sería clave para el tejido empresarial español y tendría notables consecuencias en los próximos meses
EL año 2024 aspira a ser un año decisivo para el proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales (UMC), cuyo primer Plan de Acción puso en marcha la Comisión Europea en 2015 con el fin de desarrollar unos mercados de capitales europeos suficientemente profundos e integrados.
Desde entonces, son muchas las medidas y los cambios regulatorios en ámbitos muy diversos, todos ellos dirigidos a alcanzar una mayor diversificación de las fuentes de financiación del sector real de la economía y facilitar la financiación de actividades importantes para el crecimiento económico, como son, hoy más que nunca, las inversiones sostenibles o en innovación, que a veces encuentran dificultades para financiarse a través del canal bancario. Otros cambios han sido la eliminación de los obstáculos a la inversión transfronteriza y la creación de nuevas oportunidades para los ahorradores, así como varias medidas para atraer capitales de fuera de la Unión Europea.
Esta integración sería clave para el tejido empresarial español y tendría notables consecuencias en los próximos meses, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, dada la ampliación de opciones para financiarse en un entorno tan volátil como el actual que requiere capital para hacer frente a retos tan relevantes como la transformación digital o la transición hacia la sostenibilidad.
Los acontecimientos de los últimos años, como la salida del Reino Unido de la Unión Europea- que alberga el mercado de capitales más importante de Europa-; la pandemia de Covid-19 y las necesidades de reconstrucción económica que ésta conllevó; la crisis energética o las tensiones geopolíticas, han hecho que el funcionamiento fluido de los mercados de capitales haya adquirido una aún mayor relevancia. Este protagonismo viene apuntalado también por su contribución a la integración financiera dentro de la UE, dado que junto con la unión bancaria, un mercado europeo cohesionado reforzaría la autonomía estratégica abierta de la UE y su papel en la economía mundial.
Entre los pilares sobre los que se ha asentado el desarrollo de la UMC, han destacado durante estos años la focalización en las finanzas sostenibles para aumentar la inversión privada en proyectos y actividades sostenibles (en aras a cumplir con los objetivos de la doble transición ecológica y digital); la mejora de la regulación de las titulizaciones para agilizar la capacidad de préstamo de los bancos; el impulso a la financiación de mercado de las pymes (con iniciativas como la creación de un punto de acceso único europeo a la información pública sobre las empresas, incluida la que se refiere a su compromiso con prácticas ambientales y sociales responsables, con el objetivo de facilitar su financiación); a revisión de la normativa sobre abuso de mercado y sobre folletos, así como la revisión del marco legislativo que regula la gestión de los fondos de inversión libre, fondos inmobiliarios y otros fondos de inversión alternativos en la Unión, orientada a mejorar el acceso de las empresas a formas de financiación más diversificadas.
La UE, consciente de la importancia que tienen unos mercados de capitales desarrollados, como complemento de la financiación pública para las transiciones verde y digital, quiere avanzar en la UMC en 2024 con la idea de concluir las negociaciones de las propuestas legislativas antes de las elecciones del Parlamento Europeo en este año. Como ya se destacó por varios representantes de la UE en una declaración firmada del pasado mes de abril en Estocolmo, «se necesitan cantidades significativas de financiación del sector privado para apoyar a las empresas innovadoras de rápido crecimiento que buscan financiación, en particular, en sectores industriales estratégicos como las tecnologías limpias; algo que no puede proceder únicamente de la financiación bancaria».
Estas propuestas están dirigidas a facilitar la salida al mercado de pequeñas compañías mediante la reducción de los trámites burocráticos que soportan las empresas de todos los tamaños, en particular las pymes, de modo que puedan acceder de una manera más ágil y sencilla a la financiación en los mercados públicos de capitales, sin socavar la integridad del mercado ni la protección de los inversores; potenciar el sector de compensación de derivados en la UE; armonizar parte de la legislación de insolvencia nacional o impulsar la inversión a largo plazo.
Muchos son los beneficios que se derivarán de la culminación de este proyecto para el conjunto de la economía europea y de cada uno de sus Estados miembros, pero si algo tiene que ser especialmente destacado, es el impacto significativo que tendrá en las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% del tejido empresarial español Su acceso a una gama más amplia de fuentes de financiación permitirá fortalecer su posición en el mercado y en el escenario económico, lo que se traduciría en una oportunidad para su desarrollo y crecimiento, elementos absolutamente necesarios para poder afrontar los retos a los que en los próximos años tendrán que enfrentarse, tales como la inversión estratégica para la transformación ESG; la transformación digital y su impacto en la ciberseguridad; el establecimiento y mantenimiento de cadenas de suministro resilientes y sostenibles; el impulso de medidas centradas en la inclusión y la diversidad o la atracción y retención del talento; las condiciones y circunstancias económicas (inflación, tipos de interés, salarios, costes financieros..) o el cumplimiento de estándares legales cada vez más exigentes como consecuencia de la presión regulatoria persistente.