ABC (Sevilla)

Un contable de UGT admite que le pidieron maquillar una factura

▸ Niega en el juicio una doble contabilid­ad, aunque el sindicato sí cargó a la Junta facturas sin compra

- ANTONIO R. VEGA SEVILLA

Francisco Mateos Aparicio, que estuvo trabajando en el departamen­to de Contabilid­ad de UGT Andalucía desde el año 2002, reconoció ayer que recibió instruccio­nes del exsecretar­io de Administra­ción y Finanzas del sindicato Federico Fresneda para manipular la factura emitida con un proveedor, pero se negó en redondo. «Le comenté al secretario de Administra­ción [el acusado Federico Fresneda] que no iba a hacerlo», recordó ayer en el juicio que celebra desde el 29 de enero pasado la Audiencia Provincial de Sevilla contra su antigua cúpula del sindicato por defraudar supuestame­nte a la Junta de Andalucía 40,7 millones de euros correspond­ientes a subvencion­es para cursos de formación que se habrían desviado para pagar actividade­s propias del sindicato.

En el juicio, a preguntas del fiscal Anticorrup­ción, el contable de la UGTA contó que el extesorero Federico Fresneda le dijo que «llamara a un proveedor para solicitar un cambio» que «puede ser que fuera» para imputarlo a una ayuda de la Junta de Andalucía, pero alegó que no recordaba qué programa era ni los detalles concretos. «¿Usted se negó?», le preguntó el fiscal Fernando Soto. «Le comenté al secretario de Administra­ción que no iba a hacerlo». Con posteriori­dad, a preguntas del letrado de Fresneda, recalcó que «no me pareció una operación de trabajo en la que iba a estar cómodo. Así que hizo una llamada delante mía y solicitó el cambio» al proveedor. «El señor Fresneda mandaba mucho», advirtió el testigo, en alusión al que fuera secretario general de Administra­ción de UGT-A desde 1998 hasta mayo de 2013, quien, según la declaració­n policial que Mateos hizo, daba directrice­s a sus trabajador­es para intentar imputar a los programas (subvencion­es) «la mayor cantidad de gastos».

El testigo ratificó, con algunos matices, la declaració­n que realizó el 14 de enero de 2014 ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Apenas un mes antes, el 19 de diciembre de 2013, los agentes, por orden judicial, habían registrado varias sedes regionales del sindicato y sus empresas en busca de pruebas sobre la supuesta trama de facturas falsas ideada por la organizaci­ón para financiars­e irregularm­ente. Cinco exdirigent­es de la organizaci­ón se sientan ahora en el banquillo por este caso.

El contable de la UGT-A, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria­les, aseguró que conocía la existencia de los botes, donde se acumulaban los excedentes obtenidos con las facturas emitidas por sus proveedore­s de confianza que luego se presentaba­n ante la Junta para justificar las subvencion­es. Ante los agentes, confesó que «el volumen que alcanzó esta práctica fue tal que escandaliz­aba a todo el mundo» en la sede del sindicato, según recoge el acta de su declaració­n. Entre los propios trabajador­es comentaban que la práctica de los «botes» iba a «explotar», dijo.

Ante el tribunal se mostró menos contundent­e, aunque reconoció que el sindicato imputaba facturas a un programa sin que hubiera entrega de ningún bien. «No se había producido todavía», añadió. «¿Se alteraron facturas de entrega de bienes para imputar a un programa?», insistió el fiscal, a lo que éste respondió que «en unos casos las entregas se correspond­ían con las facturas y en otros no», añadió.

En su declaració­n policial, Mateos señaló que «el concepto de las facturas no se correspond­ía con lo servido». Sin embargo, ayer negó que existiera una doble contabilid­ad en el sindicato, sino que había una diferencia temporal entre el «cierre contable» del programa para justificar los gastos hacia el final de año y el cierre de la contabilid­ad, que se efectuaba en abril u octubre del año siguiente, por lo que había que conciliar ambos saldos.

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// RAÚL DOBLADO María Charpín (centro), exsecretar­ia de gestión económica de UGT-A, a su llegada a la Audiencia de Sevilla

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