La Audiencia reactiva el indulto de Griñán y otros siete condenados
▸ Pide informe a la Fiscalía para tramitar una eventual medida de gracia del Gobierno
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reactivado los trámites de las solicitudes de indulto del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y de otros siete ex altos cargos socialistas condenados a penas de prisión por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. A través de una providencia fechada el pasado 2 de febrero y notificada ayer a las partes, el tribunal que dictó la sentencia del caso ERE el 19 de noviembre de 2019 ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción para que emita el preceptivo informe de los ocho condenados.
El Ministerio Público no tiene plazo para pronunciarse. Una vez que reciba los referidos informes, la Sección Primera decidirá si avala o no los perdones que corresponde finalmente proponer al Ministerio de Justicia ante el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. La concesión de los indultos es una prerrogativa del Gobierno. Los informes que emita la Audiencia son preceptivos pero no vinculantes. Contra la citada providencia, cabe interponer un recurso de súplica, según indica la Sección Primera.
La Audiencia de Sevilla emitirá los informes sólo en relación a ocho condenados, todos a excepción del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez, sobre cuyo indulto compete pronunciarse al Tribunal Supremo tras haber rebajado la pena de prisión inicial de siete años y un día a tres años.
Para ello, la Sección Primera ha recibido oficio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se informa de que, tras haber casado la sentencia de la Audiencia de Sevilla únicamente en relación al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, sólo le corresponde tramitar el indulto solicitado por éste.
La Audiencia ha movido ficha después de que diera curso al expediente de indultos la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia en julio del pasado año, poco antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Para ello solicitó por medio de un oficio a la Audiencia Provincial de Sevilla un informe de cada uno de los penados.
Tras el oficio ministerial, los magistrados acordaron formar el «expediente de indulto», pedir la hoja históricopenal de cada uno de los condenados que ha solicitado la medida y llamar a los perjudicados «sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto». La damnificada, la Junta de Andalucía, renunció a acusar a los políticos en el juicio cuando gobernaba el PSOE.
La petición se dirigió directamente en octubre pasado a la Sección Primera, que fue la que juzgó y condenó a los dos ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los otros ex altos cargos del PSOE de la Junta de Andalucía por el fraude de los ERE.
Aparte de Griñán, condenado a seis años de prisión, fue solicitado el perdón parcial del Gobierno por parte de la ex consejera de Hacienda Carmen Martín Aguayo, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex viceconsejero del mismo departamento, Agustín Barberá, el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Juan Márquez o el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Griñán es el único condenado a prisión que no ha visto privada su libertad. El cumplimiento de su pena fue suspendida durante cinco años por los problemas de salud que padece a consecuencia de un cáncer de próstata. La médica forense que le examinó aconsejó que pudiese seguir en libertad para recibir el tratamiento oncológico.
La Sección Primera de la Audiencia rechazó en noviembre de 2022 aplazar las penas de cárcel salvo en el caso de Juan Márquez, porque su situación era distinta, dado que la pena impuesta era inferior en tres y cuatro años a la del resto, «lo que unido a la carencia de antecedentes penales y a razones objetivas que determinaron una cuantitativa rebaja penológica en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo» permitió suspender la pena durante un año mientras se tramita el indulto.
La prerrogativa del indulto concierne al Gobierno, y los informes de la Audiencia de Sevilla son preceptivos pero no vinculantes