SEÑALAMIENTO DE JUECES
La acusación de la vicepresidenta Ribera contra García-Castellón revela la ‘podemización’ del sanchismo y su estrategia de defensa a ultranza del independentismo
LA vicepresidenta Teresa Ribera dio ayer un salto cualitativo en el señalamiento de jueces que dictan resoluciones que no satisfacen a La Moncloa porque obstaculizan sus intereses políticos. Lo hizo con el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa Tsunami Democràtic, en la que mantiene imputado a Carles Puigdemont por delitos vinculados al terrorismo. Y lo hizo con una sustancial diferencia respecto a lo que venía ocurriendo con anterioridad. Antes eran los ministros de Podemos quienes marcaban directamente a los jueces, o los acusaban de dictar resoluciones políticas ‘contaminadas’ por su ideología derechista. La novedad es que ahora es una vicepresidenta del ala socialista del Gobierno quien sugiere que el juez de la Audiencia Nacional está prevaricando con la intención de obstaculizar la negociación del Gobierno con Junts y, por tanto, los acuerdos de legislatura. Ribera dijo que García-Castellón decide en función de una «implicación política importante», que «sale a colación en momentos sensibles», y que «tiene querencia a pronunciarse siempre en la misma dirección». Y todo ello, sin que ministros magistrados de profesión como Robles o Grande-Marlaska hayan salido en defensa de la labor independiente de los magistrados.
Consciente de la gravedad de lo afirmado de forma tan irresponsable por Ribera, La Moncloa se apresuró a matizar sus palabras con el socorrido argumento de que el Gobierno respeta las decisiones judiciales y su autonomía de criterio aunque no las comparta. Sin embargo de poco sirve ese doble juego que se trae el Gobierno cuando el ministro de Justicia dice a los jueces
LA FRONTERA DE GIBRALTAR SIGUE SIN RESOLVER SU GESTIÓN
Cuatro años de negociaciones sin resultado podrían parecer poco tiempo para un problema que lleva más de tres siglos envenenando las relaciones entre España y el Reino Unido, pero en realidad constituyen el derroche de la mayor oportunidad que ha existido en muchísimo tiempo para tratar de encontrar una solución favorable a los intereses españoles. Desde que respeta su función, y a la vez otro miembro del gabinete, en este caso Ribera, se dedica a reproducir prácticamente el ‘lawfare’ de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cuando señala con nombres y sentencia a jueces desde el Congreso. Sostener una cosa y su contraria desde el seno del Gobierno revela que lo que dice Bolaños en defensa de los jueces es retórico, y lo que dice Ribera no es una simple opinión personal, sino que el Ejecutivo asume el lenguaje y el criterio del independentismo.
La textualidad de lo afirmado por Ribera resulta alarmante. «Hay algunas personas –dijo– que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial». No es cierto y los hechos lo acreditan. García-Castellón imputó ayer al que fuera secretario de Estado de Interior durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, en un nuevo procedimiento vinculado al caso Villarejo. ¿El juez sólo actúa en una única dirección ‘política’? Ribera debió callar. O al menos recordar también que desde que Conde-Pumpido preside el Tribunal Constitucional todas sus decisiones con repercusión política, todas, sí están «orientadas en una sola dirección». Y siempre favorable, por cierto, a lo que defiende el PSOE. Debe ser a eso a lo que se refiere Ribera cuando alude como argumento contra Castellón a lo que «suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial». En definitiva, las decisiones judiciales son razonables, óptimas y útiles si favorecen a los intereses del Gobierno, y son cuasi prevaricadoras si afectan a la gobernabilidad. Más allá de la estigmatización de jueces concretos, la cuestión de fondo es el intervencionismo con el que se maneja al Gobierno cuando algo descuadra sus planes, y cuando para combatirlo señala a periodistas, empresarios, jueces o el colectivo correspondiente. En eso, el PSOE ya se ha fundido plenamente con Podemos. que se produjo el Brexit, España podía contar con el respaldo y la fuerza de toda la Unión Europea para apoyar sus tesis y poner a Londres ante sus responsabilidades, como hizo Irlanda en el caso de la frontera con Irlanda del Norte. Sin embargo el Gobierno ha preferido volver a las viejas prácticas contemporizadoras con un espacio económico dedicado a la piratería fiscal y el contrabando. Dieciséis rondas de negociaciones deberían ser suficientes para que se escuchase al menos una advertencia clara por parte de España que ponga en su sitio a la actitud indolente de Londres.