Las administraciones catalanas, un revés tras otro de su regulador de la competencia
▸ La normativa sobre pisos turísticos, que prevé retirar licencias, o la ‘tasa Amazon’, cuestionadas
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) es el organismo público encargado de velar por el correcto funcionamiento de los mercados en todos los sectores productivos en el ámbito catalán, una labor que le ha puesto en la tesitura de tener que cuestionar mediante informes simbólicas actuaciones de las administraciones catalanas, en particular del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, e incluso acudir directamente a los tribunales para pedir su anulación.
La polémica ‘tasa Amazon’ impulsada por el consistorio barcelonés o, de manera más reciente, la regulación autonómica sobre pisos turísticos –que incluye la posibilidad de retirar licencias ya concedidas– han sido impugnadas por la ACCO, en una serie de reveses que desde ámbitos económicos se ponen como ejemplo precisamente de la «incompetencia» de las administraciones catalanas. Aunque los dictámenes de la ACCO no son de obligado cumplimiento –al igual que sucede con los que emite el Consejo de Garantías Estatutarias en relación a las leyes del Parlament–, sí son una advertencia clara.
El informe más reciente de la ACCO alude al decreto de la Generalitat de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico de 7 de noviembre, una actuación con la que el Govern trata de poner orden en la ‘jungla’ de los apartamentos vacacionales, pero que desde la patronal del sector se cuestiona por generar una situación de clara inseguridad jurídica, ya que en determinadas circunstancias permite a los municipios la no renovación de licencias ya concedidas. Este aspecto, que según la patronal de los apartamentos turísticos Federatur podría suponer la eliminación de hasta el 40% de la oferta de alojamiento reglada en Cataluña en un período de cinco años, es el que cuestiona precisamente la ACCO en su informe.
Este organismo reconoce el «interés legítimo» de la administración para tomar medidas legislativas y ejecutivas para regular la política de vivienda; no obstante, cuestiona la extralimitación del Govern en este campo. Al respecto, considera que la aplicación de estímulos fiscales para ayudar a sacar al mercado de alquiler viviendas actualmente vacías sería una medida más «proporcionada y menos distorsionadora de la competencia que la restricción que se impone a la actividad de viviendas de uso turístico» en el decreto, cuestionado también por su aplicación «indiscriminada». De fondo, la sentencia por parte del regulador de que la medida precisamente buscada con el decreto, sacar al mercado más pisos en alquiler, no se va a lograr con la iniciativa.
«Un abuso»
El varapalo del organismo de la competencia carga de razones a Federatur, cuyo presidente, David Riba, explica que «los datos del estudio hablan por sí mismos y demuestran que la regulación que pretende el Gobierno catalán es un abuso que pone en peligro a miles de pequeñas y medianas empresas». Para la patronal de los pisos vacacionales, se trata de una legislación en clave «populista» con la que se obligaría a cerrar unos 28.000 apartamentos en aquellos municipios en los que se supera la ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos. Desde el sector se apunta que las indemnizaciones que pedirán podrían alcanzar los 4.000 millones de euros. «El sector apuesta por una regulación justa y equitativa que evite la desaparición de una alternativa de alojamiento que genera riqueza y actividad económica de forma directa y tiene mucha incidencia en comercios y negocios de proximidad», apunta Riba.
La relativa a los apartamentos turísticos no es la única regulación de las administraciones catalanas puesta en cuestión por la ACCO. La más polémica es la conocida como ‘tasa Amazon’, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, y que paradójicamente no afectará al gigante de la distribución norteamericana en tanto que según sentencia de la Audiencia Nacional no tiene consideración de operador postal. Para el regulador de la competencia catalán, la tasa supone un «obstáculo al mantenimiento de una competencia efectiva y restringe las libertades de establecimiento y prestación de servicios (...) ya que discrimina injustificadamente entre competidores». «Así, la tasa sólo se aplica a los operadores postales, pero, en cambio, están exentos el resto de empresas transportistas o los comercios que tienen sus propias flotas de reparto», apunta la ACCO, que recuerda que la tasa grava únicamente las entregas del comercio electrónico, pero no las procedentes del comercio físico o de otros canales, como la venta telefónica o por correo.
Tal y como se denuncia también desde el sector, «el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta que los operadores postales podrían repercutir la tasa a sus clientes, entre ellos también los pequeños comercios que han abierto un canal online que depende de los operadores postales». Por estas razones, la ACCO, como avanzó ABC, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la tasa municipal, que se suma a los ya presentados por la CNMC; la patronal UNO, que aglutina a las principales empresas de distribución logística; Asempre, la patronal de los operadores postales privados; y AME (Asociación Española de Mensajería).
No es el único recurso presentado de manera reciente por la ACCO. Este mismo mes también acudía al contencioso administrativo contra la regulación municipal que prohíbe la actividad de los supermercados destinados exclusivamente a los pedidos en línea (las llamadas ‘dark stores’), envía las cocinas industriales (‘dark kitchens’) a un barrio periférico independientemente de su tamaño y obliga a casi todos los establecimientos que reparten comida o paquetería a domicilio a habilitar una zona de espera para repartidores dentro del local. Para la ACCO, el ayuntamiento no ha justificado debidamente la medida, ni ha analizado el impacto en la competencia y el mercado, ni la necesidad, ni la proporcionalidad, ni la sostenibilidad económica de la norma.