Dos activistas de Tsunami tenían antecedentes por terrorismo
▸La Guardia Civil identificó a 196 personas en el colapso de la AP-7 y envió la información a la Audiencia Nacional
Dos de las personas que la Guardia Civil identificó durante el boicot que orquestó Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 y por el que cortaron la carretera AP-7 en la frontera con Francia bloqueando el tráfico tenían antecedentes policiales por delitos de terrorismo, tal y como recoge un atestado del sumario de la causa que viene desgranando este diario.
Uno de esos activistas, de hecho, había sido detenido años atrás en una operación precisamente del Instituto Armado contra el comando Barcelona de ETA, del que se presumía era colaborador. No consta que aquello acabase en condena y la huella digital de esta persona le sitúa como minero de profesión y en la órbita de la CUP. El otro, por su parte, contaba con dos reseñas por pertenencia a banda armada, terrorismo de extrema izquierda en su caso, como integrante del Partido Comunista Internacional, datadas de 1978 y 1989. Fue de suplente en una lista local también de la CUP en las elecciones de 2017.
Son dos de los 196 activistas que fueron reseñados en aquel corte de carreteras que se prolongó entre los días 11 y 12 de noviembre de 2019, provocó la movilización de cerca de un millar de personas y dejó daños por más de medio millón de euros por los que nadie, de momento, ha respondido. Un juez de Figueras asumió la investigación por un delito de desórdenes públicos y llegó a imputar a todos cuantos había identificado la Guardia Civil y aunque hace unos meses dio carpetazo al asunto, su investigación está incorporada a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Tsunami, que lo es por terrorismo.
De hecho, para el juez Manuel García Castellón, aquellas acciones en la frontera con Francia «supusieron un atentado nuevamente contra la libertad deambulatoria de los usuarios de la vía, y los cientos de personas que quedaron inmovilizados por la acción». «Este colapso del tráfico supuso, además de una evidente alteración de la paz pública, un peligro contra la seguridad vial, que pudiera haber afectado gravemente a la integridad física de las personas (…) con la clara intencionalidad de afectar a las importaciones y exportaciones, y, por consiguiente, la economía del Estado».
El sumario revela que los dos con reseñas por terrorismo a sus espaldas no eran los únicos con antecedentes en la concentración: eran más de una docena quienes tenían en su historial uno o varios registros, en su mayoría por atentados contra la autoridad. Consta también un expolicía que fue condenado por cohecho y un individuo que huyó de un control de alcoholemia, pero lo que más abundaba era gente sin histórico policial. Constan concejales de la CUP de diversos municipios de Gerona, hijas que conducían los coches de sus padres y padres que llevaban desde sacos de dormir hasta el infernillo. El plan era pertrecharse allí ‘sine die’, de hecho se llegaron a instalar 30 tiendas de campaña sobre el asfalto y más de 80 vehículos tuvieron que ser retirados por la grúa: los conductores los dejaron allí, cortando la vía, y se marcharon.
Fue Tsunami Democràtic a través de una aplicación y sus cuentas en redes sociales la que llamó a concentrarse en el kilómetro 00 de la AP-7 aquel 11 de noviembre. Se trata de la carretera que discurre entre Alicante y el punto fronterizo con Francia de La Junquera. La excusa, protestar contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes del ‘procés’. La estrategia, bloquear la comunicación por tierra de España con el resto de Europa para llamar allí la atención sobre sus pretensiones. El método: aislar la Península con un cierre total. La convocatoria, «precipitada», que dirían los Mossos en sus informes, se lanzó aquel mismo día. La primera comunicación que recibió el cuerpo policial sobre incidentes en la zona fronteriza llegó con una llamada a las nueve menos cuarto de aquella mañana alertando de que un grupo de manifestantes pretendía cortar la calzada en ambos sentidos. Un cuarto de hora después los agentes ya estaban allí. Notificaban que estaban levantando un escenario mientras otros manifestantes colocaban barricadas «acumulando diversos elementos fijos, utilizando tanques de seguridad metálicos propiedad de la autopista, troncos de árboles, y los bloques de hormigón de unas obras próximas». El atestado narra cómo a lo largo de las horas siguientes la iniciativa cobró dimensión, incluso trasladaron al lugar letrinas portátiles. Algunas de aquellas personas «iban encapuchadas» y si bien no hubo enfrentamiento directo con los efectique la propia estructura se organizaba para monitorizar los avances policiales. Como ejemplo, una conversación entre la responsable de movimientos sociales de ERC, Marta Molina, y el empresario amigo de Puigdemont Josep Campmajó, ambos imputados, a cinco días del corte de la frontera: «Tenemos que colocar ojeadores: Peajes Perpiñán sur, area de servicio village catalane, peajes de Volo por la autopista, y peaje del Volo por la salida del Voló que se incorpora a la autopista. En total 4 lugares. Desde las 7. Te lo miras? Colocas gente tuya?», le dijo ella. Durante la jornada, se iban intercambian