EN MANOS DEL JUEZ LA ÚLTIMA PALABRA
Expertos hablan sobre qué es un centro de desvío por violencia de género y cómo se busca reeducar a los convictos por ese delito
Los programas de desvío para personas imputadas de violencia de género son un privilegio que tienen aquellos que “acepten la comisión del delito imputado y reconozca su conducta”, según indica la Ley 54 de Violencia Doméstica.
Estos programas “proveen a la persona, una vez convicta en juicio o hecha alegación de culpabilidad, la oportunidad de someterse a un programa de rehabilitación con el incentivo de limpiar su expediente al completarlo exitosamente”.
La ley establece en su artículo 3.6 que es un juez quien toma la última determinación de conceder esta oportunidad de enviar a una persona a un programa de desvío, tras un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía.
“El tribunal tomará en consideración la opinión de la víctima sobre si se le debe conceder o no este beneficio e impondrá los términos y condiciones que estime razonables y el período de duración de la libertad a prueba que tenga a bien requerir, previo acuerdo con la entidad que prestará los servicios, cuyo término nunca será menor de un año, ni mayor de tres”, dice la regulación.
La persona a la que se le provee el desvío cuenta con una resolución del tribunal que le ordena cumplir con una especie de probatoria. El requisito principal es participar semanalmente de las clases, talleres y sesiones individuales en uno de los 18 centros de desvío privado o cinco que tiene el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para ser reeducados y no reincidan en patrones de violencia de género, señaló la secretaria de la agencia, Ana Escobar.
Según precisó, solo podrán tener el privilegio los convictos por maltrato, maltrato agravado o maltrato mediante amenaza. Aquellos que tienen cargos por restricción de libertad o agresión sexual conyugal, bajo la Ley 54, no estarían cobijados.
Comentó que los jueces también analizan que sean primeros ofensores; el historial social, comunitario y laboral; la relación de familia y pareja; situaciones de salud, adicciones o tratamientos, para determinar si conceden el desvío.
La funcionaria detalló, además, que los jueces pueden imponer a sus participantes otros requisitos más allá de asistir a centros de desvío, como por ejemplo la supervisión electrónica para monitorear que el agresor no se acerque a su víctima, restricciones de viaje al exterior o de visitar ciertos municipios, planes de trabajo o estudio, y no utilizar drogas ni alcohol, entre otras cosas.
No obstante, “lo que se busca es que la persona tenga esa oportunidad de participar talleres de personas agresoras”, precisó Escobar.
Se trata de, al menos, 52 clases o talleres compulsorios que se dan una vez por semana en periodo mínimo de dos horas, así como 12 intervenciones adicionales de servicio sicológico individualizado, dijo.
En ocasiones, los jueces pueden ordenar que se amplíe el servicio hasta tres años. Sin embargo, la doctora Ida Nevárez Sánchez, propietaria de los Institutos de Reeducación de Puerto Rico, localizados en Bayamón, Carolina y Juncos, reveló que “típicamente, los jueces al año cierran los casos”.
“La realidad es que la gran mayoría no se reeduca en un año”, aceptó la consejera psicológica.
“Estas personas han crecido, se han formado a través de toda su vida con unos modelos específicos. Ellos creen que están en lo correcto. Sus paradigmas de vida, su visión del mundo, es esa. Entonces, nosotros estamos aquí con un mínimo de un año, un máximo de tres, para tú desprogramar la formación que un hombre tuvo por 40 años de su vida o 30 años de su vida. Lidiar con agresores es un desafío
“Lidiar con agresores es un desafío a diario, porque tú tienes que desprogramar, desaprender. La reeducación es desaprender todos esos modelos, esas creencias”
IDA NEVÁREZ SÁNCHEZ INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DE PR
“Lo que se busca es que la persona tenga esa oportunidad de participar talleres de personas agresoras”
ANA ESCOBAR SECRETARIA DE CORRECCIÓN
a diario, porque tú tienes que desprogramar, desaprender. La reeducación es desaprender todos esos modelos, todas esas creencias, toda esa visión del mundo que tú tenías, que te decían, así es una familia, así es que me criaron a mí”, explicó.
Para participar en estos talleres, se evalúa si la persona tiene la capacidad económica de pagarlos. El costo es de $25 por clase. Si no tiene capacidad económica, el estado asume la responsabilidad. Escobar no supo precisar la partida que invierte en este servicio para los indigentes.
¿Cómo se reeduca?
Son los centros los que establecen el currículo, dejándose llevar por los reglamentos y guías aprobadas por la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras.
“El programa va dirigido a romper la desigualdad de género. A enseñarle que tanto la mujer como el hombre deben mirarse con respeto, sin posiciones de superioridad”, explicó Nevárez Sánchez.
Comentó que la mayoría de los talleres son grupales.
“Los estudios señalan que la reeducación para agresores de violencia doméstica es más efectiva grupal, porque el hecho de tener otros participantes poniendo sus propias experiencias, que ellos no han vivido, logran identificar cuál es el nivel de violencia que tiene aquel, ‘yo no lo tengo, pero yo uso esto’, y compartir las experiencias”, describió.
En este modelo grupal, se les habla sobre el ciclo de la violencia doméstica, la rueda de poder y control, la rueda de igualdad, los mecanismos de defensa que usa el agresor para justificar sus acciones, el proceso de decisiones, paternidad responsable o crianza responsable, y respeto en la comunicación, entre otras cosas.
“Se fomentan dinámicas con estos temas y ellos exponen su vivencia, y hay un facilitador clínico en el grupo que va trabajando con eso a nivel individual”, detalló la dueña del centro de desvío, negocio que inició en el 1996.
Una vez al mes, los participantes del programa se reúnen con especialistas para tratar su caso a nivel individual. En esta etapa, “se van trabajando en las áreas que se identificaron en grupo y hay otras que se identifican en un plan, que se llama Plan de Reeducación Individualizado, los cuales mira los niveles de violencia, los mecanismos que utiliza para justificar su violencia o su maltrato, el reconocimiento del poder y control, porque muchas veces algunos realmente nunca han levantado una mano, pero tienen un nivel de maltrato altísimo y no lo pueden reconocer”, precisó Nevárez Sánchez.
Mientras los participantes están en estos centros, hay técnicos sociopenales del DCR que están asignados a sus casos y analizan sus progresos tanto en los talleres como en la comunidad en general. Estos informes son sometidos al juez, que cita vistas judiciales cada cierto tiempo para vigilar el cumplimiento de su orden.
Por otro lado, al reconocer que los centros de desvío son “blanco de ataques en la actualidad” por el crimen cometido por un participante del programa en Morovis, la consejera pidió que la controversia se mire como una oportunidad de rehabilitación.
“Llevar a estos individuos a la cárcel sin darle a la oportunidad sería terrible”, afirmó Nevárez Sánchez.
No obstante, reconoció que “los programas no tenemos vara mágica... ¿Qué podemos hacer para que no haya más muertes de mujeres? Yo creo que esto es una crisis social general. Tenemos que hacer todo desde nuestros propios entornos o de microsistemas, desde nosotros como programa, desde los políticos desde sus sillas, desde las iglesias, las familias. Esto es el reflejo de lo que está pasando, un problema es salud mental serio”.