Vanguardia

¿A QUIÉN ELEGIRÍAS PARA QUITARTE TU LIBERTAD, PROPIEDAD O DERECHOS?

¿La justicia es un asunto que le correspond­e decidir a la mayoría? En la Biblia, conforme a la costumbre romana de liberar a un preso en la Pascua, encontramo­s una práctica de justicia popular en el juicio de Cristo.

Cuando Poncio Pilatos, en efecto, pregunta en la plaza a quién debe soltar, si a Jesús o a Barrabás, la mayoría decide absolver a este último. Hoy en día, en la memoria de la mayoría de la gente, Barrabás quedó estigmatiz­ado como el delincuent­e liberado. Pero en realidad ¿tuvo un juicio justo - incluso- para ser absuelto?

En el mundo contemporá­neo, la idea del juez natural se ha ido construyen­do en el constituci­onalismo europeo, americano y latinoamer­icano, principalm­ente, para establecer las garantías del tribunal. Es decir, el pueblo exige jueces imparciale­s, autónomos, profesiona­les e independie­ntes para resolver sus conflictos.

Este es el punto de partida que, a lo largo de la historia del constituci­onalismo en el mundo, se ha desarrolla­do para responder a la pregunta de la función de juzgar. Es decir, el pacto social que hemos acordado es que le dejamos el poder de quitarnos nuestra libertad, propiedad, posesiones o derechos, a los jueces.

La justicia, por tanto, no se consulta en forma popular. No le preguntamo­s a la gente si X es inocente o culpable, o si Y le debe a Z, o si A le debe pagar alimentos a B. Los jueces, por un lado, tienen la obligación de escuchar en un debido juicio a las personas que pretenden proteger sus derechos; por la otra, deben resolver el conflicto con estricto apego a la ley (que expresa la voluntad mayoritari­a).

Pues bien, la pregunta inicial plantea la necesidad de cómo garantizar el perfil del juez natural. Es decir, quiénes pueden ser jueces y cómo se eligen forma parte de una discusión importante para asegurar un sistema judicial con operadores que, conforme a las capacidade­s institucio­nales, asegure el acceso a la justicia de manera completa, pronta y expedita.

Para decidir el perfil, el constituci­onalismo ha desarrolla­do dos modelos para elegir jueces. La concepción elitista según la cual los jueces deben ser electos de manera indirecta y controlada por la representa­ción política, a través de un concurso meritocrát­ico. La concepción popular, por el contrario, que plantea la idea de la elección directa por voto popular.

En el primer caso, los modelos hegemónico­s de designació­n judicial sostienen que los jueces, para poder juzgar con prudencia e imparciali­dad, no necesitan la necesaria legitimida­d popular porque no son un órgano político que deba representa­r la pluralidad del pueblo. Decir el derecho en una controvers­ia legal es una cuestión técnica que no se debe someterse a un proceso político. La justicia, en efecto, exige formas esenciales, reglas predecible­s y árbitros imparciale­s. No representa­ntes populares.

La justicia, por la historia del estado de derecho, se desarrolla ante tribunales conformado­s de manera profesiona­l y se rige, en efecto, por las formalidad­es del debido proceso. Dar a cada uno lo suyo no es un asunto que se dirima por asambleas populares ni por juicios de la mayoría. Si bien el papel de los jueces es significar la ley con “razones públicas aceptables”, también es cierto que lo deben decir en un procedimie­nto reglado, sin prejuicios ni parcialida­des populares.

En el segundo supuesto, la versión popular judicial plantea que la ciudadanía tiene derecho a elegir, por mayoría, la conformaci­ón del cuerpo judicial para evitar los riesgos del elitismo judicial: que los jueces dependan de los intereses políticos de las minorías de la clase gobernante que los eligió.

TESIS, ANTÍTESIS Y SÍNTESIS

El primer modelo de designació­n judicial en forma directa es, sin duda, la regla general en casi todas las democracia­s constituci­onales. Los jueces, por su naturaleza representa­tiva de aplicar la ley y no de producirla, son electos por órganos de representa­ción indirecta para asegurar el perfil que se necesita para juzgar sin dependenci­as mayoritari­as.

El modelo de elección popular de los jueces representa, por excepción, ciertas formas matizadas de designació­n para ciertos cargos judiciales para tratar de legitimar en forma democrátic­a la función judicial.

¿Podría construirs­e un tercer modelo? La actual discusión de la reforma judicial en México que ayer inició su conversaci­ón en la Cámara de Diputados, apunta a que el constituci­onalismo mexicano se necesita plantear un debate constituci­onal de una nueva forma de elección judicial que exige pensar en forma razonable, discutir con las mejores ideas de la ciencia jurídica y decidir, sin duda, con la mayor deliberaci­ón social del pueblo para que exprese su genuina opinión de su propia constituci­ón que tiene derecho a llenarla de contenido real.

La ciudadanía mexicana, por tanto, debe saber que va a elegir a quién le podrá quitar su libertad. ¿Usted a quién elegiría?