Dos comisiones
Mientras proliferan los debates continúa el forcejeo entre gobierno y sociedad. El Presidente se atrinchera envolviéndose en mortajas de silencio, mientras las víctimas y los inconformes extraen de las entrañas del Estado los fragmentos de verdad que se convierten en el conocimiento que de cuando en cuando hace posible la justicia.
Ayotzinapa es la expresión más lograda de la mezcla perversa de la violencia política y criminal que amortaja con fosas y dolor el territorio nacional. Empero, las cifras espantan: entre 1965 y 2024 ha habido alrededor de 900 mil homicidios y desapariciones que los presidentes intentaron minimizar o negar. Se esperaba que Andrés Manuel López Obrador fuera diferente porque en su primer día de gobierno anunció la creación de una comisión encargada de establecer la verdad de los hechos sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Quebrantó el compromiso y el pasado sábado 27 de abril acamparon en el Zócalo las madres y los padres de los normalistas, indignados por la negativa militar y presidencial a entregar la información que, supongo, abriría las entrañas del pacto de impunidad entre criminales y agentes del Estado en esa zona de Guerrero.
Por una coincidencia de la historia, el martes 30 de abril, en un céntrico hotel de la Ciudad de México, la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, presentó su informe. La coordinación de los 17 integrantes –soy uno de ellos– estuvo a cargo del doctor Jaime Sepúlveda, mientras que el doctor Mariano Sánchez Talanquer coordinó la investigación que enfrentó, como las familias de Ayotzinapa, la negativa gubernamental a rendir cuentas.
Mientras que los legislativos y/o ejecutivos de Australia, Brasil, Chile, Italia, Noruega y muchos países crearon comisiones para evaluar la manera en que los gobiernos manejaron la epidemia, “en México –concluye la Comisión– ni las autoridades sanitarias centrales ni los poderes ejecutivo o legislativo han procurado integrar instancias de esa naturaleza. Por tal razón, desde la sociedad civil surgió la iniciativa de reunir un cuerpo colegiado, conformado por académicos, científicos e investigadores, que fuese amplio, plural, multidisciplinario e independiente”.
El informe ya está a disposición de la sociedad y de las autoridades. Su conclusión central es que “la política oficial fue un fracaso” explicable por la confluencia de tres factores: “la permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones y la política de austeridad”.
Ayotzinapa y la Comisión sobre el COVID enfrentan la resistencia presidencial a rendir cuentas y la disposición de la sociedad para recuperar y procesar información de múltiples fuentes entre las que se encuentra, ¡oh paradoja!, la disposición de funcionarios comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas.
Es revelador que el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, publicara hace unas semanas una afilada columna precisando la información negada, “866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala [y] la transcripción de dos comunicaciones intervenidas al grupo delictivo” (El Universal, 12 de marzo de 2024).
En la investigación sobre el COVID sucedió algo parecido. El gobierno se hizo el remolón y negó, en al menos dos terceras partes de las 106 peticiones formales, la información solicitada argumentando incompetencia, inexistencia o reserva. Sin embargo, también hubo funcionarios dispuestos a compartir experiencias y documentos que permitieron reconstruir las razones de la fracasada atención a las víctimas del COVID.
Estos dos casos forman parte de un patrón replicado en múltiples ocasiones. Una parte integral de la transición a nuestra democracia imperfecta han sido las luchas por recuperar la memoria. El gobierno oculta o regatea los hechos, mientras las víctimas y sus aliados siguen reconstruyendo los hechos. Las comisiones exigiendo verdad continuarán, gane quien gane los debates.