Ejército en Iguala
“La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música”.
LA BUENA noticia para Arturo Zaldívar es que finalmente sí le tocó un lugar en el equipo de Claudia Sheinbaum, no en la primera línea, pero sí en el gabinete ampliado y con la encomienda de dar seguimiento a las reformas constitucionales.
LA MALA noticia para el ex presidente de la Corte es que será coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, lo cual suena muy rimbombante, pero en los hechos ha sido, hasta ahora, un cargo de puro relumbrón y sin influencia real.
ES EL MISMO cargo que le dieron a Hugo López-Gatell para que siguiera en la nómina, luego de su fracaso como precandidato para la CDMX. ASÍ ES QUE, a menos que de verdad le den permiso para operar, Zaldívar no tendrá mucha cancha para jugar, pero cobrará un sueldo austero de 181 mil pesos mensuales. ¡Nada mal!
POR LOS RUMBOS de Toluca se comenta que el enojo ya se convirtió en berrinche. O lo que es lo mismo, que Higinio Martínez sigue sin poder superar que el año pasado Delfina Gómez le ganó la candidatura de Morena al Edomex y que hoy es la gobernadora.
Y SI NO lo creen, sólo es cosa de ver cómo el líder del llamado Grupo Texcoco sigue desairando a la mandataria. Esta semana brilló por su ausencia en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, contrario a todas las personalidades sociales, políticas y empresariales que sí acudieron al llamado.
OTRA DE las citas a las que Higinio les hizo el fuchi fue la de la semana pasada cuando Delfina Gómez se reunió con legisladores locales y federales electos para hablar sobre la agenda política que le interesa a su gobierno. COMO DICEN por ahí: habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue.
POR INCREÍBLE que parezca, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se olvidó del cargo, de la investidura y hasta de la ley, para convertirse en el representante legal de su esposa y de Movimiento Ciudadano ante el INE.
AYER VIAJÓ a la CDMX, en pleno día laboral, y se presentó en las oficinas del INE para cabildear con seis consejeros electorales la demanda presentada por MC ante la Unidad de Fiscalización por el presunto rebase del tope de campaña del priista Adrián de la Garza... el mismo que derrotó a su esposa, Mariana Rodríguez, en la elección para la alcaldía de Monterrey.
CON SU CABILDEO, Samuel García está pasando por encima de mandamientos constitucionales, así como leyes electorales y administrativas que le impiden inmiscuirse en temas partidistas. Y todo con tal de no reconocer el triunfo aliancista por casi 40 mil votos de diferencia sobre su cónyuge. EL COLMO es que apenas un día antes de presentarse en el INE, la Sala Superior del Trife solicitó al Congreso local sancionar a Samuel por violar el principio de neutralidad e imparcialidad durante la campaña presidencial. ¡Qué tal!
Alejandro Encinas, un civil, exsubsecretario de derechos humanos, fue interrogado por la Fiscalía de Justicia Militar en calidad de testigo el 25 de julio dentro del proceso a unos militares acusados de haber participado en el secuestro y matanza de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “No hay precedente -escribió Encinas--, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad”.
Tiene razón: no solo no hay precedentes, sino que tampoco es correcto que los civiles seamos sometidos a la justicia militar. En este caso el interrogatorio a Encinas se le hizo como testigo, pero si el gobierno insiste en seguir usando a las fuerzas armadas como policías, y juzga a los soldados acusados de delitos en esta tarea en el fuero militar, será inevitable que se mezclen la justicia militar y la civil.
Encinas fue interrogado a petición de la defensa de los militares acusados, quienes tienen derecho a defenderse. Sus abogados argumentan que su detención obedece a razones políticas y, efectivamente, no hay indicios de que hayan participado en los crímenes de la noche de Iguala. Todas las pruebas señalan que los responsables fueron policías municipales y sicarios del grupo Guerreros Unidos, que confesaron sus crímenes.
Encinas, hoy coordinador de la comisión de transición de Claudia Sheinbaum, afirma que su interrogatorio es un “episodio emblemático” del “realismo mágico” de la política mexicana porque “se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad”, como él hizo con los anteriores investigadores. Pero hay buenas razones para poner a la Comisión de la Verdad y a la fiscalía especial en ese banquillo. Cuando Encinas presidía la comisión y Omar García Trejo, exsecretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), era fiscal especial permitieron la liberación de los asesinos confesos y, en cambio, buscaron detener a quienes habían realizado las investigaciones y detenido a los responsables de los crímenes, desde el exprocurador Jesús Murillo Karam y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón hasta los militares hoy acusados. El propósito de Encinas y García Trejo no era castigar a los criminales, sino probar que el crimen fue cometido “por el Estado”.
La información del caso, presentada exhaustiva y sistemáticamente en la recomendación 15VG/20’18 de la CNDH, no revela, sin embargo, una participación del Ejército. Los integrantes de los batallones 27 y 41 de infantería actuaron conforme a los protocolos. Monitorearon los hechos y los reportaron a los mandos civiles, que afirmaron que todo estaba bajo control. En nuestro país el Ejército no puede hacer labores de policía sin una petición de la autoridad civil. No vivimos -todavía-en un régimen militar.
Las acusaciones contra los investigadores y militares tienen motivaciones políticas. Los líderes del movimiento Ayotzinapa, junto con el GIEI, siempre manifestaron que el Estado y el Ejército eran responsables, aunque no había pruebas. Por eso hoy el presidente López Obrador enfrenta un dilema. Cuando estaba en la oposición, apoyó a los líderes de Ayotzinapa, pero como presidente no puede imponer una conclusión política al caso. Por otra parte, ha convertido al Ejército en su aliado político y no puede darse el lujo de culparlo del crimen sin pruebas.
Encinas se queja de que fue interrogado por “un mayor” del Ejército. Esto no debería ser un problema, si realmente aclarara lo acontecido. El problema es que politizó el caso y hoy paga las consecuencias.
El propósito de Encinas y García Trejo no era castigar a los criminales, sino probar que el crimen fue cometido “por el Estado”.
Verificación
Los presidentes de México, Brasil y Colombia pidieron ayer una “verificación imparcial de los resultados” de la elección de Venezuela. Sin embargo, ya Maduro se negó a recibir observadores internacionales. Ahora estos gobiernos aliados buscan darle tiempo para falsificar actas de votación.