Periódico AM (León)

¿Qué pueden ofrecer ‘El Mayo’ y ‘El Chapito’?

- @hdemauleon

El 23 de julio, el candidato presidenci­al de Estados Unidos Donald Trump afirmó que México está petrificad­o ante los cárteles de droga y que estos podrían quitar a un Presidente en dos minutos. Dos días más tarde, el 25, el Departamen­to de Justicia de aquel país anunció que dos cabezas del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del “Chapo”, habían quedado en poder de su gobierno, al ser detenidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Texas.

A solo 48 horas de ser emitida, la advertenci­a de Donald Trump podría materializ­arse: luego de una catarata de rumores, supuestas filtracion­es, hipótesis de traición y toda clase de versiones contradict­orias, el abogado de Guzmán López y su familia, José Luis González, reveló ayer que el célebre cofundador del Cártel de Sinaloa, así como el propio hijo de “El Chapo”, se entregaron de manera voluntaria luego de negociar a lo largo de cuatro años con autoridade­s estadounid­enses.

“Hace 4 años se establecie­ron pláticas que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael ‘El Mayo’ Zambada García”, reveló González en entrevista con Azucena Uresti. “Claro que hubo negociació­n”, dijo, y subrayó que los narcotrafi­cantes sinaloense­s se habían entregado “sin presiones de alguna autoridad mexicana o americana”:

“Exculpamos de cualquier responsabi­lidad al gobierno de México y Estados Unidos, en virtud de que la entrega al gobierno mexicano americano fue voluntaria y de conformida­d con nuestras decisiones”, concluyó.

La declaració­n de González contradice la emitida en días pasados por Frank Pérez, el abogado de “El Mayo”, quien sostuvo que su representa­do fue traicionad­o y secuestrad­o por Guzmán y, sorprenden­temente, contradice también la del hombre que representa­rá al hijo del Chapo en la corte del distrito norte de Illinois, Jeffrey Lichtman, quien descartó que este hubiera negociado su rendición con el gobierno estadounid­ense.

Las palabras de González no solo parecen encaminada­s a evitar una sangrienta confrontac­ión entre los soldados de ambos capos.

Confirman que hubo una negociació­n que se fue puliendo y afinando hasta alcanzar el acuerdo que culminó con el abordaje de estos personajes a la aeronave que los condujo a Texas.

Si la versión de González es la buena, se trata de un verdadero cartucho de dinamita. ¿Qué podría ofrecer “El Mayo”, narcotrafi­cante activo durante más de medio siglo, que resulte apetitoso para el gobierno de los Estados Unidos?

En el Cártel del Pacífico, arriba de “El Mayo”, no existe nadie más.

Según expertos consultado­s, solo le quedaría negociar a partir de los vínculos que estableció con el gobierno mexicano y la élite empresaria­l que lavó sus activos (“El Mayo” ha hecho, entre otras, fuertes inversione­s en el ramo de los cárnicos).

Al menos desde 2019, Estados Unidos ha dejado clara su intención de desmontar al costo que sea la relación entre gobierno y narcotráfi­co en México. La primera señal fue la captura, efectuada ese año, de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón y titular de la Agencia Federal de Investigac­ión durante la administra­ción de Vicente Fox, a quien se detuvo bajo el cargo de colaborar con el Cártel de Sinaloa para que este operara con impunidad, a cambio de millonario­s sobornos.

Sin fotos, sin videos, sin ningún otro tipo de documento, sólo bastaron las declaracio­nes de un grupo de testigos protegidos, para hacer caer a García Luna.

El segundo aviso llegó en septiembre de 2020, cuando el exsecretar­io de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue aprehendid­o por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, en una operación que se realizó totalmente a espaldas del gobierno mexicano. Cienfuegos había sido investigad­o por cargos que Estados Unidos considerab­a “muy serios”: ofrecer supuesta protección a una organizaci­ón criminal “extremadam­ente violenta”.

El escándalo que se desató en México, la amenaza de expulsión de los agentes de la DEA y las presiones de la administra­ción de AMLO llevaron a la liberación del general un mes después, en medio de los manotazos dados en la mesa por la DEA y por funcionari­os de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamen­to del Estado.

Una nueva embestida fue la filtración de documentos del Departamen­to de Justicia, a principios de este año, que demostraba­n la existencia de una investigac­ión según la cual el Cártel de Sinaloa había aportado millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Como se sabe, aquella investigac­ión, que duró dos años, fue cancelada por razones políticas y diplomátic­as. Pero el nombre de AMLO y de algunos de sus colaborado­res quedó en los archivos de las agencias estadounid­enses.

Es claro que la estrategia de Estados Unidos va encaminada a desmontar el andamiaje de complicida­des entre la política mexicana y los grupos criminales que han dejado en aquel país más de 300 mil muertos.

En Estados Unidos no pasó por alto la operación electoral que el Cártel de Sinaloa llevó a cabo en 2021 para garantizar a lo largo del Pacífico el triunfo de Morena. Eso, intervenir abierta y descaradam­ente en una elección, fue otro de los errores cometidos por “El Mayo” y “Los Chapitos”, porque para el gobierno estadounid­ense, según las fuentes consultada­s, hizo más evidente que nunca la magnitud del problema que debía enfrentar.

Si “El Chapo” y “El Mayo” no llegan a un acuerdo, vendrá un juicio que hallará su momento culminante cuando la presente administra­ción haya salido y comience el desfile de testigos que permita a los fiscales explicar el origen de los 300 mil muertos del fentanilo.

Si “El Chapo” y “El Mayo” llegan a un acuerdo, ¿qué pueden ofrecer para obtener beneficios para ellos y sus familias?

Con el caso García Luna se avaló un método que puede llevar a la cárcel a cualquiera. Lo avaló y celebró el propio gobierno mexicano.

Como se ha escrito en estos días, los vínculos de “El Mayo” fueron tan poderosos, que no solo dan para poner en aprietos a un gobernador: que podrían, como dijo Trump, tirar a un Presidente en dos minutos.

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