La mano de ‘La Barbie’ en una elección perdida
» Intenta la DEA sostener la versión de que el narco mexicano aportó dinero a la campaña de López Obrador en 2006 con la cooperación de un testigo
›› Según López Nájera, ‘La Barbie’ insistió en que comenzara desde abajo, lavando los autos de los traficantes y haciendo otras tareas menores antes de que le confiaran tareas más importantes.❰❰
Autoridades de la DEA.
Segunda parte
La carrera presidencial de 2006 fue casi un empate. Cuando el tribunal electoral de México declaró a Calderón ganador por la mitad de un punto porcentual, “La Barbie” se enfureció, dijo López Nájera. El capo de la droga improvisó un plan para secuestrar al presidente del tribunal y forzarle a revocar el fallo. El traficante mandó una caravana de gatilleros para tomar por asalto el tribunal, y solo se dieron la vuelta cuando descubrieron que soldados del ejército estaban protegiendo el lugar.
Después de insistir durante días que era el ganador legítimo, López Obrador reunió a miles de sus simpatizantes en la Ciudad de México para un plantón de protesta que duró meses y cubrió una gran parte del centro colonial de la capital. Según López Nájera, La Barbie también donó fondos para ayudar a dar de comer a los manifestantes.
Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera entendieron que no sería fácil armar un caso penal, dijeron varios oficiales. Aun si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel eran casi siempre difíciles de probar. Los funcionarios mexicanos usaban a intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Políticos y criminales a menudo se protegían entre ellos; los posibles testigos de corroboración solían ser reacios a declarar.
La mayoría de los delitos relacionados con la droga además prescribían a los cinco años. Para cuando la investigación finalmente arrancó de verdad, algunos de los eventos claves que López Nájera describió habían ocurrido cuatro años antes.
El fiscal mexicano que asistió a la entrevista de López Nájera envió las acusaciones de López Nájera a funcionarios de más alto nivel en la Ciudad de México. Pero el gobierno de Calderón decidió que un caso así sería demasiado sensible políticamente antes de las elecciones de 2012, dijeron exfuncionarios.
Tiene investigación aval en EU
Los agentes de la DEA tuvieron más suerte con el Southern District of New York (Distrito Sur de Nueva York), la poderosa oficina de fiscales federales basada en Manhattan. La jefa de la unidad internacional de narcóticos de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que pensaba que merecía mucho la pena seguir adelante con el caso, según oficiales actuales y antiguos. Strauber, quien ahora dirige el departamento de investigaciones de la Ciudad de Nueva York, declinó comentar sobre el caso.
Aunque el Distrito Sur había hecho pocos casos de corrupción de drogas en México, la determinación de Calderón de trabajar más estrechamente con los Estados Unidos les daba esperanza a los investigadores. Los agentes estadounidenses tenían más libertad que nunca para operar en México; las operaciones conjuntas contra traficantes ya eran cotidianas. Agencias de la ley y de inteligencia de Estados Unidos habían ayudado a las autoridades mexicanas a arrestar o matar a figuras destacadas de algunas grandes mafias de la droga, incluida la organización de los Beltrán Leyva. En mayo de 2010, México finalmente extraditó a Mario Villanueva, un ex gobernador del estado de Quintana Roo, quien se declaró culpable en New York de esconder más de $19 millones de sobornos del narcotráfico en cuentas en Estados Unidos.
Los investigadores también se dieron cuenta de que López Nájera representaba una oportunidad inusual. Aunque había estado fuera de México por más de dos años, creían que a lo mejor podría conectarlos con Soto, el ex operador de la campaña de López Obrador a quien había entregado las donaciones en 2006.
Soto era un consultor de negocios muy sociable y enérgico que tenía sus propias ambiciones políticas. Había trabajado dentro y fuera del sector gubernamental, maniobrando y resolviendo problemas en la burocracia. López Nájera dijo que habían entablado una relación amistosa y que Soto había accedido a hacerle favores ocasionales que no estaban relacionados con la campaña. Había actuado como su testaferro para la compra de un apartamento en Polanco, un elegante barrio de la Ciudad de México, y para el alquiler de una oficina cercana y un segundo apartamento que “La Barbie” a veces usaba cuando visitaba la capital.
Según López Nájera, Soto también le había presentado
Proceso, la revista de investigación líder en México, reveló en 2013 que el informante más conocido del gobierno era un ex abogado especializado en drogas llamado Roberto López Nájera./Foto:Proceso
Mauricio Soto Caballero, izquierda, y Mollinedo en 2019, cuando anunciaron el lanzamiento de un nuevo partido político ambientalista./Foto: a miembros del equipo de seguridad de la campaña del 2006, conexiones que fueron útiles más adelante cuando algunos de ellos accedieron a puestos en seguridad del gobierno. En algún momento, recordó López Nájera, Soto le dijo que quizás podría estar interesado en ganar algún dinero invirtiendo en el narcotráfico si surgiera una buena oportunidad.
Cercanía con Nico
Mientras López Obrador preparaba su segunda candidatura presidencial, el operador seguía cercano a Mollinedo, quien era todavía uno de los asesores de más confianza del candidato, según funcionarios.
Nico, como era conocido Mollinedo, era un personaje renombrado en México. Dondequiera que fuera López Obrador durante sus cinco años como alcalde de la Ciudad de México, Mollinedo había estado a su lado al volante de un Nissan sedán blanco que López Obrador convirtió en un símbolo de su desprecio hacia los excesos tradicionales de la política mexicana. El padre de Mollinedo había sido amigo cercano y partidario de López Obrador desde sus días como joven activista en Tabasco, el estado nativo de los dos.
Mollinedo también fue protagonista de uno de los primeros grandes escándalos políticos de López Obrador, que estalló en 2004 con noticias de que el reconocido chofer del alcalde ganaba el sueldo de un subsecretario en el gabinete municipal.
López Obrador restó importancia al “Nicogate,” como lo llamaron los periódicos, pero dejó claro que Mollinedo era mucho más que un chofer. Era el ayudante personal del alcalde y su coordinador de logística y trabajaba con su equipo de seguridad. Mollinedo también servía, a veces, de guardián, filtrando a la gente y las propuestas que clamaban por la atención del jefe de gobierno del Distrito Federal.
Para principios de 2010, un puñado de funcionarios mexicanos habían sido detenidos con base a los testimonios de López Nájera, incluidos un ex fiscal antidrogas y varios oficiales policiales y militares de alto nivel. Su identidad, sin embargo, seguía siendo un secreto bien protegido, y él confiaba en que el operador de campaña todavía creía que seguía trabajando para los narcos. Se habían reunido en San Diego a finales del 2009. Mientras eran grabados por agentes de la DEA, conversaron sobre si a Soto le interesaría entrar en uno de los negocios de droga que López Nájera dijo estar armando.
Tenía sentido que López Nájera pudiera estar trabajando por su propia cuenta. “La Barbie” se había mantenido fiel a los hermanos Beltrán Leyva en lo que había sido una guerra de dos años con otras facciones del Cártel de Sinaloa. Pero ahora, con los sinaloenses en posición de ventaja, “La Barbie” y los Beltrán Leyva se estaban peleando entre ellos. La violencia generaba titulares casi todos los días.
Los agentes necesitaban una manera de arrastrar a Soto de vuelta a su trama. Le presionaron para que custodiara la cocaína durante unos días hasta que ellos pudieran enviarla a otro comprador. Como recompensa recibiría un kilo, con un valor de cerca de $20,000. Las drogas estaban en un coche estacionado cerca, dijo uno de los agentes, mientras le entregaba un juego de llaves a Soto. (No existía tal cocaína.) La conversación fue grabada en su totalidad.
Después de las dos de la madrugada siguiente, Soto regresó a su habitación en un hotel Courtyard Marriott. Los agentes de la DEA le estaban esperando.
Al otro lado de la frontera, sin abogado ni conexiones políticas, Soto no tardó mucho en tomar la decisión de cooperar. “No era el tipo de individuo que estaba preparado para ir a la cárcel,” dijo un funcionario enterado del caso. Más tarde ese día, después de que Soto renunciara a su derecho a ser procesado en Texas, voló a New York en un vuelo comercial, flanqueado por un par de agentes en la última fila y con una chamarra cubriendo sus esposas.
Fuente confidencial
Desde entonces, Soto se convertiría en una fuente confidencial de la DEA, identificado en el archivo del caso como CS-1. En respuesta a una petición de la DEA, ProPublica aceptó no publicar su nombre ni los nombres de otras fuentes en el caso. Sin embargo, el nombre de Soto fue revelado en un reportaje en español sobre el caso publicado por DW News, la cadena de televisión estatal alemana.
El plan de los agentes era confirmar las pruebas que habían acumulado sobre las donaciones de los traficantes en 2006 y tratar de recrear aquel esquema en la incipiente campaña de López Obrador para las elecciones de 2012- esta vez con las grabadoras en marcha. A la investigación la llamaron “Operación Polanco”.
Para utilizar a Soto en el extranjero como un operador encubierto, o “fuente de identidad protegida,” en el léxico de la agencia, la DEA tuvo que presentar su plan de investigación a un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia y la DEA conocido como una Sensitive Activity Review Committee. (Un comité de revisión de actividad sensible, o SARC por sus siglas en inglés.) Un SARC (pronunciado “sark”) es un proceso de evaluación legal que se asemeja a un equipo de desmantelamiento de explosivos. Los paneles examinan las operaciones secretas en las que hay entregas de drogas o dinero a traficantes o en las cuales los objetivos incluyen funcionarios extranjeros corruptos; los abogados intentan desactivar los planes que podrían explotar en la cara del departamento.
Aunque apuntar a la campaña de López Obrador era una propuesta de alto riesgo, el SARC aprobó de forma provisional el plan a finales de 2010, dijeron oficiales. Los agentes y fiscales tendrían que volver al comité al menos cada seis meses para una nueva evaluación, y el escrutinio se intensificaría a medida que avanzaran.
Los agentes querían entrar a lo grande. Propusieron tentar a la campaña con una oferta de $5 millones en efectivo a cambio del compromiso por parte de un gobierno de López Obrador de dejar a los traficantes en paz. Si Mollinedo u otros de la campaña aceptaban el trato, los agentes podrían darles un depósito, quizás $100,000. Entonces entregarían el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña.
Algunos oficiales estadounidenses pensaban que era un momento propicio para un caso de tal índole. En agosto de 2010, infantes de marina mexicanos habían capturado a “La Barbie”. Dos semanas más tarde, atraparon a El Grande, su lugarteniente, que había asistido a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta. Los dos hombres habían sido acusados con cargos federales en los Estados Unidos y, si eran extraditados, quizás podrían ser persuadidos para cooperar a cambio de una reducción en sus sentencias. En una breve conversación después de su captura, El Grande le dijo a un agente de la DEA que estaba dispuesto a compartir información sobre oficiales mexicanos corruptos, pero solo después de ser trasladado a Estados Unidos, según muestran documentos revisados por ProPublica.
Aún antes de que López Obrador tomara posesión en diciembre de 2018, funcionarios de Estados Unidos empezaron a revisar la información de las indagaciones de la DEA como parte de su intento de evaluar la voluntad del nuevo presidente para trabajar con ellos contra las mafias, dijeron tres personas que recibieron informes sobre este esfuerzo. Pero el nuevo líder mexicano no tardó en contestar él mismo a esa cuestión.
Primero, marginó a los grupos de comando mexicanos que habían sido los socios más fiables de las agencias de justicia e inteligencia de Estados Unidos. Después desmanteló una unidad especial de la policía federal que la DEA había entrenado e investigado para poder trabajar con los estadounidenses en casos importantes sobre la droga.
Aún antes de que López Obrador tomara posesión en diciembre de 2018, funcionarios de Estados Unidos empezaron a revisar la información de las indagaciones de la DEA como parte de su intento de evaluar la voluntad del nuevo presidente para trabajar con ellos contra las mafias, dijeron tres personas que recibieron informes sobre este esfuerzo. Pero el nuevo líder mexicano no tardó en contestar él mismo a esa cuestión.
Primero, marginó a los grupos de comando mexicanos que habían sido los socios más fiables de las agencias de justicia e inteligencia de Estados Unidos. Después desmanteló una unidad especial de la policía federal que la DEA había entrenado e investigado para poder trabajar con los estadounidenses en casos importantes sobre la droga.
Las promesas repetidas durante mucho tiempo por López Obrador de llevar a cabo una cruzada contra la corrupción política casi no han producido resultados significativos. Aunque unas cuantas acusaciones penales por corrupción fueron anunciadas a principios de su mandato -casi todas contra los adversarios del presidentecasi ninguna fue juzgada con éxito.