“Con Maduro no hay prensa libre”, dice Otero ante bloqueo
San José. — El periódico El Nacional, uno de los emblemas del periodismo venezolano, fue bloqueado por el gobierno de Venezuela para realizar cualquier tipo de trámite ante el Registro Público de ese país, una forma de hostigamiento prolongado como medio de comunicación independiente o “no afín” ni sometido al chavismo.
“Son medidas de dictadura: es la hegemonía comunicacional, el modelo cubano de largo plazo. Y lo han ido logrando. En Venezuela no hay prensa libre”, acusó el periodista Miguel Henrique Otero, presidente y director de El
Nacional, al comparar la crisis con el monopolio estatal de la prensa en Cuba. “Nos impiden tener cuentas bancarias, traspasar bienes, hacer operaciones, firmar contratos y registrarlos o registrar nombramientos. Cuando alguien sale de la empresa, tampoco podemos registrar su salida”, dijo Otero a EL UNIVERSAL.
“Son mecanismos para entorpecer el trabajo de la empresa. Esto, el bloqueo de El Nacional en internet y la confiscación de sus instalaciones hacen que el funcionamiento del periódico en Venezuela sea cada vez más imposible”, subrayó. “En Venezuela sólo están algunas redes sociales todavía no cerradas. Los medios independientes de comunicación están totalmente paralizados y entorpecidos”, recalcó en una conversación telefónica desde España.
Ninguna fuente oficial venezolana estuvo disponible para las consultas de EL UNIVERSAL sobre estas denuncias.
Nacido en 1943, El Nacional suspendió en 2018 su edición impresa por falta de papel y por la aguda crisis política, institucional y socioeconómica de Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), leal a Maduro, condenó al matutino en abril de 2021 a indemnizar al teniente Diosdado Cabello, número dos de la revolución, con unos 13.3 millones de dólares por daño moral. El proceso avanzó a la ocupación de las instalaciones.
El abogado venezolano Juan Garantón, defensor de El Nacional, explicó este lunes a El UNIVERSAL que al medio venezolano “lo han llevado al extremo: le prohíben registrar propiedades, vender acciones o inscribir cualquier documento”. Tras recalcar que la condena de 2021 fue dictada “sin un juicio que demostrara que hubo difamación o injuria”, alegó que “en base a eso tienen estas prohibiciones, una cadena innecesaria de sanciones que se ha prolongado por mucho tiempo. Es muy complicado”. •