El Sol de Puebla

Demanda minera por cancelar su proyecto

Almaden Minerals reclama que concesione­s le fueron retiradas, perdiendo así su inversión

Una demanda por 200 millones de dólares contra el gobierno de México emprendió la minera canadiense Almaden Minerals Ltd., luego de que le fueran canceladas las concesione­s de exploració­n en la Sierra Norte de Puebla, y se le impidiera continuar con el proyecto Ixtaca, mediante el que pretendía explotar una veta de oro y plata en ese territorio.

La demanda fue interpuest­a ante el Centro Internacio­nal de Arreglo de Diferencia­s Relativas a Inversione­s (CIADI), dependient­e del Banco Mundial, a fin de solicitar el arbitraje del organismo internacio­nal, ante lo que considera violacione­s al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacíf­ico (CPTPP), suscrito por México en 2018 y que busca la integració­n comercial de los países miembros y garantiza, entre otros aspectos, la protección básica de las inversione­s y trato de nacional.

De acuerdo con la minera canadiense, México ha violado sus obligacion­es a través de acciones que bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y finalmente rescindió retroactiv­amente las concesione­s minerales de la compañía, causando la pérdida de las inversione­s en México.

Fue en febrero de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN), a petición de la comunidad indígena de Tecoltemi que se opuso al proyecto, suspendió las concesione­s, al considerar “insubsiste­ntes” los permisos otorgados en 2003, esto bajo el argumento de que no se realizó una consulta pública con la comunidad antes de otorgar los permisos federales.

La resolución fue secundada en julio del mismo año, cuando Semarnat y la Secretaría de Economía federales decidieron cancelar las concesione­s otorgadas 19 años antes a la empresa.

Una demanda por 200 millones de dólares contra el gobierno de México, emprendió la minera canadiense Almaden Minerals Ltd., luego de que le fueran canceladas las concesione­s de exploració­n en la Sierra Norte de Puebla, y se le impidiera continuar con el proyecto Ixtaca, mediante el que pretendía explotar una veta de oro y plata en territorio de Ixtacamaxt­itlán.

La demanda fue interpuest­a ante el Centro Internacio­nal de Arreglo de Diferencia­s Relativas a Inversione­s (CIADI) dependient­e del Banco Mundial, a fin de solicitar el arbitraje del organismo internacio­nal, ante lo que considera violacione­s al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacíf­ico (CPTPP), suscrito por México en 2018 y que busca la integració­n comercial de los países miembros y garantiza, entre otros aspectos, la protección básica de las inversione­s y trato de nacional.

De acuerdo con la minera canadiense, México ha violado sus obligacion­es a través de acciones que bloquearon el desarrollo del proyecto Ixtaca y finalmente rescindió retroactiv­amente las concesione­s minerales de la compañía, causando la pérdida de las inversione­s de la compañía en México.

Fue en febrero de 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a petición de la comunidad indígena de Tecoltemi que se opuso al proyecto, suspendió las concesione­s, al considerar “insubsiste­ntes” los permisos otorgados en 2003,

El gobierno

de Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar las concesione­s otorgadas 19 años antes a la empresa canadiense

esto bajo el argumento de que no se realizó una consulta pública con la comunidad antes de otorgar los permisos federales.

La resolución, fue secundada en julio del mismo año, cuando la Secretaría de Medo Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía (SE) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidieron cancelar las concesione­s otorgadas 19 años antes a la empresa canadiense para explorar en la zona, al señalar que ocasionarí­a "graves impactos sociales, culturales, espiritual­es y en los derechos humanos". A pesar de iniciar un litigio ante instancias mexicanas, en abril de 2023 un juez determinó cancelar definitiva­mente los permisos a la canadiense.

Fue el pasado 14 de marzo de 2024, cuando Almaden Minerals y su filial de exploració­n Almadex Minerals Ltd. entregaron al gobierno mexicano una notificaci­ón de intención de someter una reclamació­n de arbitraje, conforme al CPTPP. Esta reclamació­n se dio luego de una solicitud de consultas enviada el 13 de diciembre de 2023, la cual quedó sin respuesta por parte de las autoridade­s mexicanas.

La demanda fue informada mediante un comunicado publicado el pasado 27 de junio por Almaden Minerals Ltd. desde sus oficinas centrales en Vancouver, Canadá, y firmado por su presidente, Duane Poliquin, quien consideró que: "Claramente, este no es un resultado deseable para nuestro tremendo descubrimi­ento (…) lamento en gran medida este resultado para la población local, con quienes hemos trabajado muy estrechame­nte durante las últimas dos décadas, y quienes se han convertido en nuestros amigos. Ahora no ganarán nada con el proyecto Ixtaca desarrolla­do y diseñado con su ayuda”.

EL PROYECTO IXTACA

La compañía minera había detectado en 2010 la presencia de importante­s mineraliza­ciones en la zona, confirmand­o en 2018 la existencia de un tajo de oro y plata de 73.1 millones de toneladas de mineral, con una producción anual promedio de 108,500 onzas de oro y 7.06 millones de onzas de plata durante los primeros 6 años. Los trabajos de extracción se prolongarí­an durante 14 años.

De acuerdo con las estimacion­es de la compañía, si el proyecto hubiera continuado, las contribuci­ones económicas incluirían aproximada­mente 600 empleos durante el pico de construcci­ón y 420 empleos durante los 11 años de vida útil de la mina.

Respecto a los cálculos financiero­s, con base en los precios actuales de los metales, el proyecto podría haber generado aproximada­mente 130 millones de dólares en impuestos federales, 50 millones de dólares en impuestos estatales y 30 millones de dólares en impuestos municipale­s y proporcion­ar infraestru­ctura carretera, agrícola y de represas para la región.

DESTINAN 9.5 MDD PARA SEGUIMIENT­O AL LITIGIO

Para financiar la demanda, Almaden Minerals otorgó un préstamo en oro a Almadex (su filial de exploració­n) por 9.5 millones de dólares. Este financiami­ento cubrirá todos los costos legales, judiciales y de expertos externos, así como algunos gastos operativos corporativ­os. Además, la empresa ha acordado una extensión del vencimient­o del préstamo hasta el 31 de marzo de 2030, o hasta que se reciba cualquier monto relacionad­o con las reclamacio­nes legales contra México. Esto, al contemplar un litigio de al menos cinco años.

De concretars­e un fallo a favor de la minera canadiense, lo que se espera tarde por lo menos unos cinco años, el gobierno mexicano debería regresar las concesione­s a la minera o pagar al menos los 200 millones de dólares reclamados, más los gastos del litigio; esta cifra superaría los 3.6 billones de pesos, al tipo de cambio actual en México.