El Congreso de la Ciudad de México, en deuda
La Constitución Política de la Ciudad de México promulgada el 5 de febrero de 2017, y que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, marcó un hito histórico al dar al antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México, un marco legal propio con más competencias, autonomía y derechos para la ciudadanía. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en gran parte electa, reunió a grandes personalidades del mundo político de todas las fuerzas partidistas, incluyendo de un grupo sin partido cuyos integrantes habían sido partes del Grupo Redactor de la primera versión borrador entregada a esa Asamblea Constituyente como punto de partida.
Entre los éxitos relevantes cabe destacar el proceso de participación social impulsado que recogió propuestas innovadoras que terminaron trascendiendo y volviéndose derechos. La presidencia de la Asamblea Constituyente, encabezada por el entonces diputado constituyente Alejandro Encinas, logró con profesionalismo y compromiso un proceso incluyente, abierto, transparente y cumplió con los tiempos legales.
Las 100 personas diputadas constituyentes incluyeron en los transitorios una ruta cronológica para que el Congreso de la Ciudad de México siga con la armonización o la creación de las leyes necesarias para seguir fortaleciendo el andamiaje institucional y la garantía de los derechos reconocidos. Sin embargo, las dos legislaturas no han cumplido cabalmente ni con los tiempos, ni con el contenido, ni con la esencia de las discusiones que también debían haber sido consultadas por las y los 66 diputados de esas dos legislaturas. Incluso, apartados de la Constitución fueron modificados fuera de los tiempos y fuera de las facultades del Congreso local.
Entre esos pendientes se encuentran temas fundamentales para el buen desarrollo y el bienestar de la población de la Ciudad de México como en materia de impartición de justicia con la creación pendiente del Instituto de Justicia Cívica como un organismo autónomo; la publicación e implementación del Plan de Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial; un sistema profesional de carrera público; la creación de una coordinación metropolitana, entre otros temas. También hace falta fortalecer instituciones que ya fueron creadas pero que no están pudiendo funcionar con la eficiencia prevista, como la Sala Constitucional o el Sistema Anticorrupción.
La llegada de la tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México es nuevamente una oportunidad para retomar y trabajar en esos pendientes. La llegada de Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno, quien jugó un papel dinámico, de conducción y de coordinación en la Asamblea Constituyente, así como de personalidades como Alejandro Encinas como Coordinador de la transición son una luz en el camino de la implementación y cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México. Cumplir con ella es una base para reforzar el Estado de Derecho y seguir con la democratización de nuestra Ciudad.
Para ello, sería atinado crear una comisión especial en el Congreso de la Ciudad de México, sumar al Instituto de Investigación Parlamentaria y trabajar de la mano con el Gobierno de la Ciudad de México para elaborar un diagnóstico público y una ruta de implementación.