LA REFORMA JUDICIAL Y AMÉRICA DEL NORTE
puede incentivar a los jueces a pensar en su carrera profesional antes que en impartir justicia.
México no sólo se arriesga a disputas comerciales, sino también llega en una posición de desventaja a la revisión –que no renegociación– del T-MEC en 2026, la cual, contrario a lo que se cree, no tendría por qué implicar un riesgo mayor para la relación comercial si el país se comprometiera al espíritu y letra del tratado. La reforma judicial complica el panorama, independientemente de quién gane la Casa Blanca.
La segunda implicación, igual o más relevante, es que la percepción de pérdida de independencia de los tribunales mexicanos representaría un fuerte desincentivo para la colaboración en materia de seguridad en el combate al crimen organizado. México no tiene las condiciones para resolver la crisis de seguridad que azota al país desde 2007 por sí mismo. Tampoco EU. La amenaza del crimen organizado sólo se puede abordar con éxito de forma conjunta. Un país con un estado de derecho débil es, por definición, un socio poco confiable.
En lugar de transitar hacia un tratado de seguridad de América del Norte –con mecanismos de identificación de objetivos prioritarios, intercambio de inteligencia, certificaciones y controles de confianza, entrenamiento y capacitaciones, entre otros, como lúcidamente ha propuesto Eduardo Guerrero– se estarían fomentando las acciones unilaterales que flaco favor hacen para resolver la problemática. Será responsabilidad de los tres Poderes de la Unión velar porque la implementación de la reforma se lleve a cabo con pleno respeto a la independencia de los juzgadores. Un primer paso será garantizar que los miembros de los comités de evaluación de las candidaturas sean independientes del Estado. La legislación secundaria deberá establecer un proceso de selección de estas personas. El desarrollo de este país está indivisiblemente ligado al proceso de integración regional de América del Norte con tres países independientes que confían y cooperan entre ellos. El poder judicial es el garante de última instancia de esa confianza.
“Será responsabilidad de los tres Poderes velar porque la implementación de la reforma se lleve a cabo con pleno respeto a la independencia”.