LA RESPUESTA DE LA CORTE, MAL Y TARDE
¿Por qué si ya tenían ese conocimiento de lo que debía cambiar en el Poder Judicial, no lo hicieron antes?
Para no dejar duda alguna de mi posición política, comienzo por decir que López Obrador ha sido y seguramente será el peor presidente de México. El Poder Legislativo se ha convertido en un lacayo del Ejecutivo. Este es el peor gobierno en la historia de México, y eso que ha habido muchos nefastos. Sin embargo, eso no nubla mi juicio crítico. La iniciativa de la mal llamada Reforma Judicial la presentó el Presidente el 5 de febrero. La Corte, a través de la ministra presidenta, a quien respeto mucho, decidió mal y tarde, hasta el 8 de septiembre, siete meses después, junto a un grupo de ministros y magistrados del Consejo de la Judicatura, presenta dos documentos con una propuesta de reforma al sistema de seguridad y justicia.
Si bien me parece un extraordinario documento, el timing es todo, y se llegó muy tarde. Inclusive se había aprobado la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de origen. Este documento, que contiene temas que van más allá del Poder Judicial, incluye la prevención del delito, la labor de las fiscalías, la militarización de la Guardia Nacional y el manejo de los reclusorios. Es, de verdad, muy bueno. Sin embargo, presentarlo al final del sexenio, con la iniciativa ya aprobada y en paro nacional, me parece que simplemente refleja la conducta natural de los ministros: lejanos, suaves, demasiado cautos y, hasta cierto punto, pusilánimes.
Lo he dicho antes, en lugar de negarse a impartir justicia y de recibir demandas de amparo y resolver controversias de los ciudadanos decidieron irse al paro. Los impartidores de justicia pudieron haber hecho de su quehacer jurídico un ejemplo de por qué deben quedarse, y lograr convencer a los pocos que creían en ellos de las bondades de esperar un poco al “malo conocido”, y sí que es malo el PJ, al “bueno por conocer”.
Siete meses después, la ministra Piña dice: “Podemos cambiar las cosas, debemos escucharnos entre poderes de la Unión”. La propuesta de la Suprema Corte busca abrir un diálogo amplio que incluya a las víctimas de violencia, a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general. Tiene razón, pero pudo haberlo hecho antes del sepelio. ¿Por qué si ya tenían ese conocimiento de lo que debía cambiar en el Poder Judicial, no lo hicieron antes? Lo hacen ahora porque el agua la tienen en el cuello.
Los documentos, titulados “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” y “La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura”, no son obra de un solo autor. Romero Apis, señala que estas propuestas surgen de “muchas generaciones de juristas” que participaron en las mesas de discusión de la Suprema Corte. A diferencia de los foros realizados por el Congreso, donde prevaleció la línea del Presidente y se ignoraron voces disidentes, esta propuesta refleja un consenso más amplio entre expertos en derecho, que casualmente se pusieron de acuerdo y elaboraron un documento para ser presentado después de la votación. No, la verdad es que la propia Corte y muchos mexicanos le apostaron a que el 2 de junio no se lograría una mayoría calificada en las cámaras. Perdieron. Perdimos todos, inclusive Morena aunque no lo vean. La reacción tardía de la Corte refleja la falta de determinación y firmeza de sus miembros, lo que sólo ha contribuido al debilitamiento de la autonomía judicial y a la consolidación del control del Ejecutivo sobre las instituciones del país.
Y lo más importante de todo, el absurdo absoluto; esta reforma no es ni siquiera judicial; es una reforma electoral.
“La oportunidad para frenar la reforma se perdió, ya que el Poder Legislativo, bajo el control del Presidente, aprobó la iniciativa sin debate”.