ALTA TRAICIÓN EN LA CORTE
El quehacer político de miembros del PJ es un ámbito en el cual no son expertos, ni siquiera en su propia materia
El artículo 89 constitucional otorga al Presidente de la República la facultad de presentar una terna al Senado para la designación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el artículo 96 de la misma normativa se explica el procedimiento. Este texto vigente dio al presidente Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de sugerir a cinco de los 11 que hoy integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta atribución que se pretende desechar en la reforma judicial llevándolos a una elección popular, tiene una vigencia de más de 100 años y, salvo la disolución llevada a cabo en 1994, todos los titulares del Ejecutivo han realizado este procedimiento, ingenuo sería pensar que las personas propuestas no hayan tenido un cercano nexo con quien los promueve, ya sea política o ideológica.
La historia reciente de las propuestas legislativas del Grupo Parlamentario de Morena, donde se destaca la
Ley de la Industria Eléctrica que daba a nuestro país la absoluta rectoría energética sobre el particular, fue votada en contra en el pleno de la Corte, destacándose los votos de quienes fueron las personas promovidas por el Presidente en un acto de alta traición, como fue calificado públicamente en redes sociales y medios de comunicación, haciendo énfasis particular en la figura de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien, sin tener antecedentes o méritos en la carrera judicial, logró escalar como parte de un acuerdo político.
Destaca en la estadística pública de las sesiones de la Sala y del Pleno, siendo la ministra que ha votado en mayor número de ocasiones de manera obsesivamente contraria a todas las propuestas legislativas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se destaca el amparo en contra de la prohibición del uso de vapeadores el 6 de diciembre de 2023, de lo anterior existe un universo de información pública sobre su actuación.
El quehacer político de miembros del Poder Judicial es un ámbito en el cual no son expertos, sobra decir que ni en su propia materia, como es este caso, ha sido masivamente exhibida la conducta donde se acredita plenamente el contubernio entre una periodista y la ministra Ríos Farjat en una comunicación electrónica publicada y ratificada públicamente por las participantes, en la que la primera le solicita su visto bueno a la segunda para publicar su columna relacionada con protestas en contra de la reforma judicial, que ahora se entiende que la validación intelectual y la estructura de la “narrativa política” viene del propio seno de la Corte, distrayéndose de la única función que tienen que es administrar justicia.
Una confirmación más de la alta traición al pueblo de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Institución a la que desafortunadamente hoy pertenece. Sin honor alguno.
Se abre una línea de investigación sobre cuántas campañas mediáticas en contra de adversarios políticos, litigantes y conflictos de interés han sido patrocinados por la ministra Ríos Farjat, la primera conclusión es que para realizarlas se necesitan recursos y poder, y en la Corte los hay, las redes de vínculos con medios de comunicación, tradicionales y alternativos, hoy son motivo de una evidente colusión que desde hace años ha venido sucediendo de manera consuetudinaria para atacar la administración de López Obrador, sus colaboradores y a la Cuarta Transformación.
¿Qué otros actores del Poder Judicial participan en esta trama? ¿Y cuántos otros “aliados” podrían considerarse también como infiltrados y esquiroles de la más recalcitrante oposición conservadora que tiene nuestro país y que obedece a intereses internacionales? Motivos suficientes que más allá de la reforma judicial, dan elementos para el juicio político.
“¿Qué otros actores del Poder Judicial participan en esta trama? ¿Y cuántos otros “aliados” podrían considerarse también como infiltrados?”.