REFORMA JUDICIAL: PRIVILEGIOS VS. JUSTICIA
Los conservadores, fieles a su hipocresía, han intentado todo tipo de maniobras legaloides para frenar la reforma
La Reforma al Poder Judicial en México no es ninguna ocurrencia, es una demanda social esencial para democratizar el país, por eso ha desatado una impresionante resistencia de los poderes fácticos conservadores internos y externos.
Estos grupos, aferrados a mantener sus privilegios, han desplegado una oposición férrea contra cualquier intento de democratizar el sistema de justicia. Los partidos políticos de derecha y los sectores más conservadores han elevado su voz, con argumentos absurdos, ante el inminente cambio que viene para equilibrar y hacer equitativa la justicia.
Las cúpulas empresariales y algunos trabajadores del Poder Judicial, se han sumado a resistencia.
A pesar de que se les garantizó, en un artículo transitorio del predictamen de Reforma, que no habrá retroceso en sus derechos laborales, pararon actividades con el aval de sus superiores. Resulta paradójico que aquellos a quienes se les paga para garantizar la justicia, ahora la obstruyan y se nieguen a aceptar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus jueces, ministros y magistrados.
Los trabajadores, respaldados por la titular de la SCJN recibieron carta abierta para suspender labores y, lo más indignante, es que continúan recibiendo su sueldo íntegro. Son protestas vacías, sin eco alguno en la sociedad, porque el pueblo de México ya emitió su veredicto desde el pasado 2 de junio: el Poder Judicial está corrompido, favorece a los poderosos y multimillonarios, y es urgente democratizarlo.
Lo más incongruente es que los trabajadores no están defendiendo sus derechos, sino los privilegios de la cúpula del Poder Judicial, la cual orquesta las manifestaciones para mantener sus millonarias prestaciones y canonjías.
Pero también hay una resistencia externa sin precedentes contra la reforma judicial. Gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá han intentado interferir en un tema que solo le compete a los mexicanos.
Canadá, con empresas involucradas en el sector minero, y Estados Unidos, con intereses económicos en todo el país, buscan detener la reforma como sea. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con firmeza, pausó cualquier intento de intervencionismo.
En el mismo tono, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió la soberanía nacional y renunció a la discrecionalidad de designar a los ministros de la Corte, al pronunciarse por democratizar, transparentar y garantizar la honestidad de los juzgadores con la reforma judicial.
Los conservadores, fieles a su hipocresía, han intentado todo tipo de maniobras legaloides para frenar la reforma.
La oligarquía que saqueó al país durante 40 años de neoliberalismo se opone a la reforma, no por amor a la justicia, ni por un compromiso con el derecho, sino porque sus intereses están más amenazados que nunca.
Esa es la desesperación de las corporaciones estadounidenses y canadienses, de las cámaras empresariales mexicanas, de los medios de comunicación convencionales, y de sus pseudointelectuales y opinólogos incondicionales. Todos ellos contribuyeron a fabricar el aparato de injusticia que hoy se llama Poder Judicial. La reforma judicial es un imperativo para lograr un sistema que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos y deje de servir a una élite privilegiada. Una sociedad justa y equilibrada, donde cada quien reciba lo que le corresponde, pasa por un sistema de justicia igual para todos. Así que ¡la Reforma Judicial va!
“Resulta paradójico que aquellos a quienes se les paga para garantizar la justicia, la obstruyan y se nieguen a aceptar el derecho ciudadano”.