'DEFENDER LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA ME HA TRAÍDO PERSECUCIÓN POLÍTICA'
generó molestia en el gobernador dando inicio a una evidente persecución política. Primero fue la Auditoría Superior del Estado la que intentó realizar auditorías a la universidad, para lo cual no está facultada.
A partir de nuestra negativa, se abrieron carpetas de investigación que se judicializaron de manera exprés terminando con la vinculación a proceso y la separación del cargo; se recurrió al amparo lográndose la protección de la justicia federal, que dictaminó insubsistentes las demandas de la ASE y, por tanto, excesivas las sentencias del juez local.
Aun así, sigo separado del cargo. Durante estos meses, la Fiscalía General del Estado ha abierto diferentes carpetas de investigación sobre un presunto ejercicio indebido del servicio público, demandas que nunca han sido comprobadas. A pesar de no tener pruebas, se han sumado vinculaciones a proceso y dos separaciones del cargo más. Se han impuesto medidas cautelares adicionales, como la imposibilidad de salir del país y cubrir una fianza de 2 millones de pesos.
Se ha emprendido una campaña de difamación contra un servidor y mi familia, se emiten frecuentemente discursos de odio contra la comunidad universitaria y sus autoridades, se violan derechos humanos de un servidor y diversos compañeros y compañeras, como la presunción de inocencia, una adecuada defensa y el debido proceso.
Al frente de la institución está el doctor Robespierre Lizárraga Otero, como encargado del despacho de rectoría, quien ha insistido en recuperar el diálogo con el gobernador, como lo ha sugerido en diferentes ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con el deseo de que este conflicto tenga una salida pronta y definitiva, me sumo al llamado al diálogo, a que se regrese a la normalidad académica, a la certidumbre institucional y a la reconciliación.
“Lo importante no somos las personas que estamos de paso en los cargos, sino el futuro de la universidad, sus trabajadores y estudiantes”.