El interés legítimo de la ciudadanía
En una democracia, el voto de la ciudadanía delinea las formas y contornos del poder público encargado, entre otras cosas, de tutelar los derechos humanos.
Por ello, la transición pacífica del poder es un tema del máximo interés de la sociedad y su correcta atención depende, en buena de medida, de la claridad de las reglas y de la solidez de las instituciones para aplicarlas.
Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación aprobó por unanimidad el desechamiento de una demanda ciudadana contra la omisión del Senado de la República por la falta de nombramiento de dos integrantes de la misma.
Así debió resolverse, pues la legislación no reconoce el interés jurídico de las y los individuos para revisar omisiones de autoridades que afecten los derechos de una colectividad.
Si bien es cierto que actualmente no existen asideros legales para resolver este tipo de casos en otro sentido, el fondo del asunto es un tema de acceso efectivo a la justicia para personas o colectivos que soliciten una defensa ante omisiones de autoridades que afectan a la sociedad.
Este caso debiera ser un punto de partida para tener una discusión sobre la situación extraordinaria en la que hoy se encuentra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feederación.
Esto, en vista de que el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
exige que dicha Sala deberá sesionar con al menos seis de sus integrantes cuando realice la validación de la elección presidencial.
Es cierto que la situación actual puede atenderse. No obstante, una serie de preguntas requerirán ser respondidas.
Por ejemplo, qué calidad deben de tener las magistraturas que conformen el quorum especial exigido por este artículo, cómo deberán realizarse estos nombramientos o cuántas magistraturas deben nombrarse en circunstancias excepcionales.
Hay distintas soluciones pero todas impactan en el funcionamiento constitucional del máximo órgano de impartición de justicia en materia electoral y, por eso mismo, revisten el más amplio interés público.
En esta medida es deseable abrir la posibilidad para que este tipo de omisiones legislativas puedan ser reclamadas bajo el amparo del interés legítimo que sí tiene la ciudadanía.
A propósito de las reformas constitucionales que se discutirán estas semanas, sería valioso que las y los legisladores consideren expandir el interés legítimo reconocido en las leyes para que, en los casos donde esté en juego la conformación completa de órganos del Estado cuyo fin es garantizar la vigencia de derechos humanos, la ciudadanía pueda acudir a los tribunales del Estado mexicano a exigir su debida integración.