Herida patrimonial abierta
A 7 años del 19S, concluirá el sexenio y las restauraciones continuarán en 2025
A pesar de sus ofrecimientos, la presente Administración finalizará sin rehabilitar la totalidad del patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017, sobre todo en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Puebla, entre otras entidades para las que el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) asignó este año 203.7 millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Cultura (SC).
Se prevé incluso que en 2025 prosiga el PNR, según la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos para el próximo año.
El aplazamiento de las fechas de entrega de la totalidad del patrimonio cultural afectado por los sismos de hace 7 años (3 mil 269 inmuebles) fue la tónica en esta Administración.
En 2018 se fijó en 2020 el plazo para culminar la rehabilitación; en 2019 se replanteó para 2021; en 2021 se recorrió para 2022 y en 2022 se reprogramó a 2024.
“Vamos en un 93.9 por ciento y vamos a concluir antes de terminar esta Administración”, dijo el pasado 27 de julio la titular de la SC, Alejandra Frausto, durante la Evaluación del Programa Nacional de Reconstrucción, en Tlaquiltenango, Morelos, un acto que congregó, entre otros, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la próxima mandataria, Claudia Sheinbaum.
Pero dos meses antes, el 31 de mayo, la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la dependencia firmaba 16 convenios para la asignación de los 200 millones de pesos del PNR entre 50 beneficiarios.
Entre los inmuebles que recibirán la mayor cantidad de recursos –20 millones de pesos cada uno– figuran la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y el Palacio del Marqués del Apartado, en la CDMX, así como el Palacio de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca.
En entrevista, el sacerdote Salvador Barba, enlace para la Reconstrucción de los Templos de la Arquidiócesis Primada de México, dijo que si bien se han resuelto daños estructurales en templos como el de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Colonia Guerrero, o la Santa Vera Cruz, a un costado de la Alameda, permanecen cerrados, en algunos casos porque se requiere el dictamen de un Director Responsable de Obra (DRO) o por diversos faltantes, incluso por vicios ocultos que han complicado las intervenciones.
Templos como el de San Juan de Dios, La Profesa o el Templo de Nuestra Señora de Loreto figuran entre los beneficiarios del PNR 2024, con un monto de 2 millones 500 mil pesos.
Este año, añade Barba, se avanzará lo más posible en la entrega de los inmuebles dañados y se dará continuidad en el siguiente, como lo tiene previsto tanto el INAH como la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la SC.
Una especialista que forma parte del Colectivo de Trabajadores del INAH señala que las labores de rehabilitación del patrimonio dañado por los sismos continuará en el próximo sexenio e indica que los inmuebles más deteriorados y cuya rehabilitación resultaba más compleja se dejaron al final, pero eso no significa que no se atendieran previamente.
“Era un trabajo que se estaba haciendo algunas veces en escritorio y otras veces en campo. Ojalá que los tiempos de la restauración de un monumento no se tuvieran que ajustar a los tiempos políticos y, en ese sentido, algunos trascenderán a la siguiente Administración.
“Si un monumento tiene daños severos, lo que necesitamos, antes que acabar y cerrar con broche de oro, es que la estructura esté en condiciones de funcionamiento, además estamos nosotros procurando que la intervención sea lo más respetuosa posible”, enfatizó.
Otros integrantes del colectivo del INAH entrevistados por REFORMA recuerdan que se entregó a la Dirección General del Instituto una propuesta para instalar mesas que elaboraran protocolos de actuación no sólo por sismos, sino para huracanes y otros fenómenos, pero no hubo respuesta.
“La ausencia de protocolos claros y establecidos en caso de desastre ha sido un problema recurrente. A pesar de la experiencia del Instituto en la atención a sismos, parecía que cada entidad comenzaba desde cero. Esta situación llevó a que el protocolo de actuación variara en cada estado, ya que los mecanismos, formatos y procedimientos no eran claros, y la ausencia de una directriz unificada complicó la realización de las tareas en sus diferentes etapas”, exponen a su vez en el diagnóstico entregado la semana pasado a Sheinbaum y a su próxima titular de la SC, Claudia Curiel de Icaza.
Además de trabajar en estos protocolos, solicitan que el INAH incremente el personal en áreas sustantivas.
“Desde los años 90 seguimos con las mismas 192 plazas de arquitectos, y son insuficientes para la magnitud de los monumentos que debemos atender”, exponen.
LITIGIO CON BANORTE
Las acciones que el INAH promovió contra Seguros Banorte por negarse a cubrir la póliza de daños por 3 mil 500 millones tras los sismos de 2017 están a la espera de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La dependencia ha considerado este litigio como factor de retraso en la recuperación del patrimonio dañado.
“El INAH ganó en una primera instancia; Banorte presentó un recurso de apelación y ahora el tema está en la Suprema Corte de Justicia, donde estamos a la espera de su resolución”, informó ayer a REFORMA.
De acuerdo con el Instituto, la cobertura de 3 mil 500 millones de pesos aplicaba por cada evento, es decir, 7 mil millones de pesos en total para los dos terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, Banorte argumentó que la póliza sólo cubría 3 mil 500 millones de pesos en total para ambos eventos.