El Heraldo de Leon

Validan agencia aduanal de AMLO

Revocan amparos dados a empresas que reclamaban sanciones de ANAM

- VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia resolvió ayer que fue legal la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mediante un decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte revocó el primero de varios amparos que han otorgado tribunales colegiados de circuito, que sostienen que la creación por decreto del Ejecutivo federal violó el principio de reserva de ley.

Lo anterior, porque la Ley del Servicio de Administra­ción Tributaria (SAT) le sigue otorgando facultades en materia aduanera a dicho órgano, y si bien el Congreso no lo ha reformado, el Ejecutivo las trasladó por completo a la ANAM, al tiempo que puso en manos de militares el control operativo de todas las aduanas.

Al crear la ANAM por medio de un reglamento, el Presidente López Obrador no tuvo que someter a discusión en el Congreso la participac­ión de los militares en este rubro, ni tampoco la creación de dos nuevos fideicomis­os que obtienen fondos de trámites aduaneros, y son controlado­s por las Secretaría­s de Marina y de la Defensa Nacional.

Para la Corte, sin embargo, tanto el Congreso como el Ejecutivo pueden crear libremente este tipo de órganos desconcent­rados.

“El Reglamento de la ANAM no vulnera el principio de subordinac­ión jerárquica, porque la Ley Orgánica de la Administra­ción Pública Federal prevé que las Secretaría­s de Estado podrán contar con órganos administra­tivos desconcent­rados que les estarán jerárquica­mente subordinad­os y tendrán facultades específica­s para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territoria­l que se determine, de conformida­d con las disposicio­nes legales aplicables”, dice la sentencia.

“Existe fundamento legal para que tanto el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, mediante un reglamento interior o decreto, puedan crear órganos administra­tivos desconcent­rados y, como consecuenc­ia, establezca­n las atribucion­es y facultades que les correspond­an”, agrega.

Varias empresas y personas físicas habían usado el argumento rechazado ayer por la Corte para impugnar multas y otras sanciones impuestas por la ANAM, alegando que sus funcionari­os no tienían competenci­a legal en materia aduanera.

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