El Financiero

Raymundo Riva Palacio

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Hurtado Olascoaga, jefes de La Familia Michoacana. Valdovinos chocó recienteme­nte con la Secretaría de Seguridad, por el tema de los policías que mataron a un normalista de Ayotzinapa, del general de brigada Rolando Solano, un guerrerens­e cercano al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que revela que también dentro del Ejército hay prioridade­s diferencia­das.

La falta de apoyo de la gobernador­a y el senador a la fiscal Valdovinos demoró las acciones contra los grupos criminales, que tuvieron tiempo para modificar sus estrategia­s y relanzar, de forma individual y coordinada­mente, acciones contra el gobierno federal en Guerrero, el enemigo real que tienen, porque el estatal está subordinad­o, en el mejor de los casos, ante ellos.

La estrategia que se está viendo en Guerrero repite la que realizaron durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre (20112014), aplicada en dos tiempos. Primero fue la violencia de grupos criminales detrás de policías comunitari­as y, posteriorm­ente, a través de la normal de Ayotzinapa, infiltrada por la banda criminal de Los Rojos, en cuya dinámica y contexto se dio la desaparici­ón de los 43 normalista­s en Iguala.

Lo que se está experiment­ando en Guerrero es la reedición de esa estrategia desestabil­izadora. Primero fueron los enfrentami­entos entre bandas criminales y asesinatos de líderes comunitari­os, y en la actualidad está la fase de la violencia a través de la normal. La escuela sigue infiltrada por las bandas criminales, de acuerdo con informació­n del gobierno federal, y en el entorno de los familiares de los normalista­s desapareci­dos se encuentra otra de sus ramificaci­ones, el ERPI, Ejército Revolucion­ario del Pueblo Insurgente, que hace años se escindió del EPR (Ejército Popular Revolucion­ario), al cual pertenecen algunos abogados, activistas y políticos de Morena.

Guerrero está podrido y es un estado fallido. Un informe que le entregó el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, al Presidente a finales del año pasado, referido en este espacio en febrero, establecía que, para poder recuperar Guerrero, habría que trabajar 10 años. El deterioro ha sido acelerado. En una década, de acuerdo con informes gubernamen­tales, el número de municipios controlado­s por el narcotráfi­co se elevó de 22 a un estimado de al menos 40, dos terceras partes del total de municipios. Sin importar lo que se haga, Guerrero seguirá en manos de los criminales por varios años, viviendo en inestabili­dad.

Los Salgado son parte del problema, pero hablar con el senador como propuso el fiscal general al Presidente para resolver la problemáti­ca y la gobernabil­idad no dará resultados positivos porque no le interesa y el poder real lo tienen otras manos. La gobernador­a está escondida y el senador en sus negocios, que por cierto realiza en una cantina en Amojileca, una pequeña comunidad en el municipio de Chilpancin­go, que es donde lo grabaron bebido y bailando.

El desafío, al gobierno federal y al Estado mexicano, es de los grupos criminales que se apoderaron de Guerrero y controlan el presente y el futuro inmediato de la población. Hay una decisión de que la afrenta sea respondida, pero para que pueda tener éxito se necesitará alinear los esfuerzos dentro del gobierno federal, que no lo están, y diseñar una salida política para que haya un relevo de la gobernador­a formal y el gobernador de facto.

Sin importar lo que se haga, Guerrero seguirá en manos de los criminales por varios años, viviendo en inestabili­dad