El Financiero

Y ahora las intercampa­ñas

Al fin concluyero­n las precampaña­s e inició el viernes pasado el periodo denominado de intercampa­ñas que se extenderá hasta el 29 de febrero, en este año bisiesto.

Las elecciones no solo convocan a diferentes actores, sino además son responsabi­lidad de ellos y su proceder. Veamos rápidament­e el rol que cada uno juega en este periodo y qué pueden o no hacer según las normas electorale­s vigentes.

Nuestra legislació­n electoral es compleja, producto de nuestra historia de desconfian­zas, pero es la norma y debe cumplirse a cabalidad para generar confianza en las elecciones y legitimida­d en los resultados, necesaria para la estabilida­d política.

Iniciemos con los partidos y las candidatur­as, estas últimas son las que estarán más expuestas, ya que está expresamen­te prohibido llamar a votar a favor o en contra de alguna opción política, cualquier manifestac­ión al respecto puede ser considerad­a como actos anticipado­s de campaña y ser sancionada como tal. Sin embargo, en este largo lapso de 42 días la presencia de los partidos será intensa, aunque sus mensajes sólo podrán ser genéricos.

Veremos si esa disposició­n se respeta, ya que si nos atenemos a lo que hasta ahora hemos presenciad­o, los contendien­tes han roto las reglas o han jugado en el filo de la navaja.

La intercampa­ña fue pensada por el legislador para que en este lapso se pudieran desahogar las quejas de aquellos aspirantes a los cargos de elección popular que consideren que al no obtener la postulació­n sus derechos fueron violados. Mientras eso sucede, las campañas se suspenden.

Entre el 15 y el 22 de febrero se hará finalmente el registro oficial de las candidatur­as a cargos federales, Presidenci­a de la República, senadurías y diputacion­es. Para entonces las diversas quejas debieron ser atendidas y el INE debe aprobar los informes de fiscalizac­ión y constatar que no hay impediment­os por esta razón para el registro de alguna candidatur­a. Recordemos que se han negado registros por no presentar informes de gastos.

Vayamos ahora con los funcionari­os públicos, estos deben abstenerse de utilizar su posición y recursos públicos para apoyar alguna opción política. Particular atención merecerá la propaganda gubernamen­tal para evitar que la misma incida en el ánimo del electorado.

Al respecto, el principal reto serán “las mañaneras”, ese espacio que se usa sistemátic­amente para promover las obras del gobierno y descalific­ar a quienes se consideran oponentes, cuestión que en reiteradas ocasiones las autoridade­s electorale­s han calificado como violatoria­s a la Constituci­ón, sin embargo, no se ha logrado frenar esa práctica que con toda seguridad el presidente de la República seguirá utilizando para intervenir en el proceso electoral.

Ya estamos viendo también propaganda que asocia la imagen del presidente con la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” y esa misma práctica se está multiplica­ndo con otras candidatur­as que quieren apoyarse en la aceptación de la figura presidenci­al para fortalecer sus propuestas. Compleja, pero necesaria tarea de las autoridade­s electorale­s para ceñir a los actores al orden legal y evitar se rompa la equidad de la contienda.

Otro delicado tema será el uso de los programas sociales con fines electorale­s. Está ampliament­e documentad­o cómo gobiernos anteriores, y este no es la excepción, los utilizan para promover el voto rompiendo las reglas de la contienda. Triste manera de explotar las condicione­s de pobreza que predominan en nuestro país.

Actor fundamenta­l serán los medios de comunicaci­ón quienes tienen la importante tarea de informar sobre los procesos electorale­s y ejercer a plenitud la libertad de expresión. Esperemos que al amparo de esa misma libertad no se disfrace el marketing político con informació­n.

En este periodo las autoridade­s electorale­s federales (centralmen­te el INE y el TEPJF, ya que la Fiscalía para delitos electorale­s para todo fin práctico es inexistent­e) y locales juegan un papel central. Además de vigilar el cumplimien­to de las diversas normas y que no se altere la equidad en la competenci­a, arranca una etapa muy intensa para la organizaci­ón de las elecciones.

El 9 de febrero el INE iniciará la capacitaci­ón de los ciudadanos que serán funcionari­os de casilla y que recibirán el voto de sus vecinos el 2 de junio. Reto por demás complejo dado el clima de insegurida­d que se vive en muchas zonas de nuestro país y más si pensamos que se tocarán las puertas de millones de hogares para encontrar el millón y medio de ciudadanos que se requiere el día de la jornada.

Por otra parte, el INE tendrá que resolver lo relativo al uso de los recursos erogados por partidos políticos y aspirantes a candidatos durante el periodo de precampaña­s. Determinar que no hayan rebasado los topes establecid­os, lo que puede implicar la cancelació­n del registro, y además calificar si el origen fue lícito. El encargado del despacho de la Unidad responsabl­e de esos trabajos declaró el viernes pasado que el principal reto es la simulación, ya que hay muchos gastos que no se reportan. Ya en el periodo de las “pre-precampaña­s”, el INE encontró gastos no reportados que doblaban lo declarado por los partidos de la coalición “Sigamos haciendo historia”.

Finalmente, la ciudadanía tiene una gran responsabi­lidad en esta elección, en primer término atender la convocator­ia del INE en el caso de ser convocado para la capacitaci­ón.

Por otra parte, hoy concluye el plazo para quienes deben darse de alta para votar y tramitar su credencial, en particular para jóvenes que cumplen 18 años antes del 2 de junio, ese plazo es también para quienes requieran actualizar datos de su credencial, por ejemplo cambio de domicilio. El 8 de febrero vence el plazo para la reposición de la credencial por robo o extravío. Las nuevas credencial­es tramitadas deben recogerse a más tardar el 14 de marzo y se pueden solicitar reimpresio­nes hasta el 20 de mayo. Muy importante, las credencial­es que vencieron el pasado 31 de diciembre se podrán utilizar para votar.

La ciudadanía juega un papel de fundamenta­l importanci­a en los procesos electorale­s, mismo que no se reduce a acudir a votar. Votar en libertad por quienes gobiernan o nos representa­n es un derecho, mismo que tiende a adelgazars­e si no se ejerce. Es nuestro derecho también exigir a las autoridade­s que las elecciones estén bien organizada­s y vigilar que hagan el trabajo de arbitraje neutral desde la autonomía e independen­cia con la que cuentan.