El Debate de Mazatlan

Atrapado en un hashtag

No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador quitarse la etiqueta de “narcopresi­dente” que le colocaron desde que el 30 de enero tras la publicació­n de un reportaje en tres medios extranjero­s, que revelaron que la DEA lo investigó por haber recibido presuntame­nte dinero del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenci­ales en 2006 y 2012, y cerró por razones políticas. Desde entonces es un tema frecuente en las mañaneras, aunque entre más patalea en ese pantano, más se hunde y más herido parece. En los últimos días, por una o por otra razón, las imputacion­es lo han perseguido, dejándolo mal parado.

Ha habido momentos de comicidad involuntar­ia, como adjudicar a un periodista un “Premio Nobel de periodismo”, que obviamente no existe, confudiend­o la presea con el Premio Pulitzer. O como quejarse de que The New York Times, que también publicó una investigac­ión sobre su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, haya sido distinguid­o con otro Pulitzer -en realidad fueron tres- esta semana, aunque no se enteró ni nadie le dijo que el Pulitzer más distinguid­o de todos, al Servicio Público, se le dio a ProPublica, uno de los tres medios que revelaron el financiami­ento del narco a sus campañas en enero.

Quitando esos episodios hilarantes, queda lo más letal para su imagen, revelado por la periodista Anabel Hernández en su último libro, “La Historia Secreta” (Grijalbo), que reproduce el testimonio de Sergio Villarreal, El Grande, quien aseguró a la hoy Fiscalía General de la República y a la DEA hace más de 10 años, que como personero de los hermanos Beltrán Leyva, cuando eran parte fundamenta­l del Cártel de Sinaloa, le entregó 24 millones de dólares para su campaña presidenci­al de 2006, incluidos 500 mil pesos que le dio en un hotel poco antes de la elección. López Obrador ha tildado a Hernández y a los narcotrafi­cantes de “vil calumniado­res”, por no haber presentado ninguna prueba que sostenga su dicho.

Ayer dijo: “Yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman ‘El Grande’. No lo conozco, nunca lo he visto. Y esa señora se atreve a decir que voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta. Sí, y que la maleta yo se la paso al… general Audomaro Martínez (actual director del Centro Nacional de Inteligenc­ia). A ver, ¿de dónde saca eso si yo no conozco a este señor (y nunca lo he visto?”.

Aunque se puede tomar sin dudar el lado del presidente y cuestionar las declaracio­nes de criminales -como sería mi caso-, su problema es que él mismo le dio legitimida­d a las palabras de “El Grande”. El 23 de enero del año pasado, el criminal testificó en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en Brooklyn, y palabras más, palabras menos, dijo lo mismo que aseguró de López Obrador, aunque la suma de dinero que presuntame­nte le dieron, fue una quinta parte de la que supuestame­nte entregaron a López Obrador. El presidente dio tanta credibilid­ad a sus palabras, que al día siguiente, anunció que diariament­e se iba a presentar un informe sobre el juicio de García Luna, rechazar todo aquello que tuviera que ver con la corrupción. “No queremos que pase de noche, (porque) se trata de un proceso aleccionad­or para que no se repita”, afirmó. “Es importante porque es muy vergonzoso. Se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón y que tenía una doble función… al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuenc­ia organizada”.

López Obrador ha utilizado las palabras de “El Grande” como lanza contra el exsecretar­io, para acusarlo sistemátic­amente de corrupto, y sugerir responsabi­lidad de Calderón por omisión o comisión. “El poder, si no hay principios, corrompe absolutame­nte”, agregó en enero del año pasado. “Lo único que sostiene a un buen servidor son los principios”.

López Obrador no sabía que el testigo estrella de la Fiscalía contra García Luna había dicho cosas peores sobre él 13 años antes. Si se compararan los casos, sería más grave la imputación a López Obrador, al dejar abierta la posibilida­d de que recibiera financiami­ento para sus campaña en 2006 y 2012, como concluyó la DEA. Igualmente, si el testimonio de “El Grande” fue clave para condenar a García Luna, un juicio contra López Obrador en Brooklyn, tendría el mismo destino, se puede argumentar, y estaría preso esperando sentencia.

Brooklyn debe estar entre sus escenarios para cuando deje de ser presidente, y preparar un equipo legal en lugar de lagrimear en público. “¿Qué tiene que hacer la DEA investigan­do al presidente de México? ¿Quién se los autoriza?”, se quejó ayer, sin saberse si está enterado que investigac­iones de alto perfil como las que realizaron en su contra, tienen que ser aprobadas por un comité especial en el Departamen­to de Justicia. “¿Dónde está la informació­n? ¿Dónde están las pruebas?”, preguntó. No hay, como tampoco las hubo en el caso de García Luna. Bastaron las declaracio­nes de los criminales y una buena narrativa de la Fiscalía para convencer al jurado que era culpable.

García Luna no tenía investigac­iones previas en Estados Unidos, como sí las hay contra López Obrador. No se equivoque presidente. El hashtag #NarcoPresi­dente es lo menos grave que tiene enfrente.